El juez estrecha el cerco sobre las cuentas de De Miguel por el 'caso Miñano'

El juez instructor del 'caso Miñano' ha estrechado el cerco sobre las actividades económicas efectuadas por el exdiputado alavés Alfredo de Miguel, uno de los principales imputados en una presunta trama de corrupción en la que se han visto implicados destacados dirigentes del PNV en Álava. Una de las últimas empresas en sumarse al abanico de pesquisas judiciales ha sido Gestión de Recursos Baio S.L., propiedad de Prudencio Hierro, constructor y dueño de otras firmas como Ezkibel S.L.. Según la investigación realizada por EL CORREO, Hierro, a través de Baio, es copropietaria de las fincas rústicas recalificables que una quincena de militantes del PNV adquirió en la zona de expansión del municipio vizcaíno de Frúniz, una operación investigada por el juez ya que entre los compradores aparece Kataia Consulting S.L., la empresa matriz del caso y que el magistrado considera una tapadera para el blanqueo de capitales provenientes, por ejemplo, del supuesto intento de soborno denunciado en el parque tecnológico de Miñano por la abogada bilbaína Ainhoa Alberdi.

En Frúniz no sólo confluye Kataia (es propiedad de De Miguel, del exburukide Aitor Tellería y Koldo Otxandiano, junto a sus mujeres), sino también el último imputado por el juez, el exedil de Leioa Iñaki San Juan, o el padre del 'cerebro' de la fallida recalificación urbanística de Zambrana, Iosu Arruti. Pero además de los titulares de los que existe constancia en el registro, también lo es Baio S.L., que entró en la operación a través de una figura llamada cuota participativa.

Toda la información referida a Frúniz se encuentra recopilada en el ordenador de la hermana del exdiputado, Aintzane, que era la encargada de llevar las cuentas de Kataia y quien de forma voluntaria lo entregó al juez días después de que el 17 de marzo se produjeran las detenciones de ocho de los imputados -ella declaró el día 18-. En la contabilidad de Frúniz, por ejemplo, también consta que el grupo catalán que invirtió en Zambrana financió el último pago de la compra a través de un contrato privado (Enginergy S.L. pagó más de 200.000 euros, como desveló este periódico).

Denunciante del caso

Lo que el juez y la Ertzaintza llevan meses indagando es en el origen del dinero utilizado, si procede de fuentes ilícitas o, como aseguran los imputados, está todo en regla -las fincas proceden de una herencia de la familia Goirizelaia, también propietarios-.

La figura de Prudencio Hierro, según explicaron fuentes de toda solvencia, aparece en esta operación ya que forma parte del círculo de amistades de Alfredo de Miguel. Tanto, que medió en el pago de unas obras acometidas en la vivienda que su mujer tiene desde 1992 en Gorliz, de donde es natural. Al parecer, tuvieron problemas con el constructor contratado y encargaron a Hierro que tomara las riendas de la reforma, cuyo importe superó los 30.000 euros. Cómo y quién pagó esos trabajo es otra de las vías que indaga el juez.

Se da también la circunstancia de que otra de las empresas de Prudencio Hierro, Ezkibel S.L., trabajó con Urbanorma Consulting S.L., propiedad de la denunciante del 'caso Miñano', la abogada Ainhoa Alberdi. Lo hicieron en la implantación de un polígono industrial en Legutiano (Álava), como consta en la página web de Urbanorma; firma que también perteneció a otro de los detenidos y luego imputados, Jon Iñaki Echaburu.

Otra de las empresas sobre las que se ha puesto el foco en las últimas semanas es Construcciones Hierro López de Arbina, empresa a la que el Araba buru batzar (ABB) encargó las obras de su nueva sede del centro de Vitoria. Lo hizo el propio De Miguel, entonces secretario general del ABB, a través de Landaburu Etxea S.L., firma creada por el partido para abaratar la operación. Sin embargo, Prudencio Hierro, dueño de Baio y Ezkibel no es propietario de esta constructora, sino que lo son sus hermanos.

Lo que parece claro es que la lupa se ha colocado sobre el 'exnúmero dos' del PNV alavés, ya que al parecer es el único de la quincena de imputados al que se le están chequeando sus actividades de forma exhaustiva. Tanto, que como denunció el presidente del ABB, Iñaki Gerenabarrena, se han llegado a mirar las cuentas de sus dos hijos pequeños.