El extraño juicio al 'sheriff' Ibarra

Trece jornadas dedicadas a escuchar testimonios de testigos, un mes de duración del juicio y casi ocho años de instrucción han arrojado, hasta ahora, un pobre resultado. A falta de las pruebas periciales que se conocerán la próxima semana, el juicio que se sigue contra el exjefe de la Inspección de Tributos de la Hacienda vizcaína Juan Ramón Ibarra se ha convertido en un proceso «raro y extraño», en palabras de un experto penalista. Las pruebas contundentes brillan por su ausencia; casi todo se mueve en la esfera de las insinuaciones, del malestar que causaban en algunos inspectores las decisiones aparentemente arbitrarias de la superioridad e incluso en las guerras intestinas de cualquier colectivo laboral. Nada de lo escuchado en la sala desde que se iniciara la vista oral a principios de febrero parece justificar una pena de cárcel de once años, como la que solicitó la fiscal Carmen Adán en su escrito de acusación inicial.

«Lo que se ha encontrado, las pruebas que existen, no encajan en este proceso. Todo es demasiado liviano como para justificar un juicio de estas proporciones, a sabiendas de la repercusión que iba a tener. El escenario es muy grande y la obra muy pequeña», aseguran expertos en la materia que conocen los principales detalles de la causa.

Cuando el juicio está a punto de entrar en su recta final -faltan las pruebas periciales y las conclusiones de las partes-, tan solo hay una cosa clara: todo el mundo se pregunta qué hacen sentados en el banquillo los tres funcionarios acusados de ser colaboradores necesarios de Ibarra y por qué han estado sometidos durante ocho años a una auténtica tortura. Nadie ha presentado una prueba contra ellos -se enfrentan a ocho años de cárcel- ni tampoco un testimonio que les incrimine.

Confluencia de tensiones

El juicio sí ha revelado que entre finales de 2002 y mediados de 2003 una conjunción de astros provocó un estallido en el seno de la Hacienda vizcaína. De un lado, existía un creciente malestar en un buen número de inspectores por la acumulación de decisiones arbitrarias de los superiores. En síntesis, la sospecha de que la dirección política de Hacienda -en la que sin duda alguna ubicaban también al funcionario Juan Ramón Ibarra, el 'sheriff' encargado de la persecución del fraude- utilizaba a su antojo una maquinaria especialmente delicada en la Administración pública. Se referían, como se ha puesto de manifiesto en sus declaraciones ante el tribunal, a la retirada injustificada de inspecciones contra algunos contribuyentes, a la condonación de sanciones con criterios discutibles e incluso a supuestas órdenes no menos injustificables. «El diputado Iñaki Goiri dio la orden de no inspeccionar a los notarios», ha llegado a testificar una actuaria aún en activo. Un extremo que el propio Goiri desmintió días más tarde ante la sala.

Ese era un foco de nitroglicerina, pero no el único. Los quince años de Ibarra al frente de la Inspección y el saberse protegido desde la dirección del PNV le habían convertido en una especie de virrey en las entrañas de Hacienda. Semejante poder le permitió modificar a su antojo el ordenador -sin estar autorizado para ello- con el objeto de instalar una 'traba' informática sobre unos 200 contribuyentes. Hacía que figurasen como objeto de una inspección tributaria, cuando esto no estaba sucediendo. Él ha asegurado que era un sistema de control inocuo, que no tenía consecuencia real alguna. La Fiscalía, sin embargo, piensa lo contrario y cree que era una fórmula para dar cobertura y protección a estos contribuyentes. «A ti no tengo por qué darte explicaciones», llegó a decirle Ibarra a su superior, el director Javier Muguruza, cuando este descubrió la existencia de ese extraño listado.

El PNV en el objetivo

La irrupción de la Fiscalía Anticorrupción en la sede de Hacienda en marzo de 2003 provocó el estallido y todo comenzó a mezclarse en una coctelera: las actuaciones de Ibarra, las «órdenes de arriba», su enfrentamiento con la dirección y el enfado de los inspectores. La Fiscalía creyó haber encontrado una fuente de financiación ilegal del PNV. Algo gordo, sin duda, pero ninguna prueba ha apuntado jamás en esa dirección. Quizá por ello, todo estaba orientado desde el principio hacia un procedimiento muy grande, que en realidad se ha quedado muy pequeño.

La fase testifical ha permitido conocer que Ibarra hacía cosas extrañas, no conocidas por sus superiores, que chocaban contra el procedimiento establecido, de las que daba pocas explicaciones y que generaban muchas sospechas y comentarios en los pasillos. Las consecuencias no están claras. ¿Son constitutivas de delito? La Fiscalía trata de demostrar que lo son, pero el abogado del exjefe de la Inspección, Javier Beramendi, ha trabajado a cincel y con esmero una defensa en clave jurídica y también humana. Más o menos, ha conseguido trasladar la creencia de que su defendido podía ser un poco chapucero en algunos procedimientos, pero no estaba en su ánimo delinquir.

La defensa también consiguió introducir desde el primer día la tesis -con notable éxito, además- de que las cosas aparentemente irregulares que habían sucedido en aquellos años -desde mediados de los 90 hasta 2003- tenían, en todo caso, un origen que estaba varios escalones por encima de Ibarra. Y, al menos en parte, está en lo cierto. Algunos de los casos supuestamente irregulares que la Fiscalía ha relatado como obra de acusado han sido asumidos sin problemas por sus superiores, después de justificar las causas que habían motivado la reducción de sanciones o el cambio de rumbo en las actuaciones inspectoras.

Los amigos de los amigos

Pero también es cierto que no ha sido así en todos los casos y que otras irregularidades carecían de cobertura 'por arriba' y recaen de manera exclusiva sobre la responsabilidad de Ibarra. ¿Decidió el jefe de la Inspección aplicar una gestión laxa a algunos amigos de sus amigos, como sus superiores hacían con otros a los que ni siquiera conocía? Es la tesis que tiene más adeptos a estas alturas del juicio.

Y es que en la lista de supuestos contribuyentes protegidos había de todo. El análisis del ordenador de Hacienda ha permitido acreditar que Ibarra ordenó borrar de la lista a un buen número de los que había 'trabado' inicialmente para ocultar sus nombres cuando fue descubierto su modo de operar. Pero las copias de seguridad han permitido reconstruir la totalidad del listado. El exdirector de Hacienda Javier Muguruza identificó con claridad el nexo entre los «desaparecidos»: eran clientes de un determinado despacho de asesoramiento fiscal. ¿Protegidos? La Fiscalía cree que sí. Ibarra ha dicho que eran declaraciones confidenciales, pero ahí ha pinchado su argumentación. Una de las pocas cosas que ha quedado clara en el juicio es que él no tenía competencia alguna en esa materia.