Decepción en la familia de Jokin al exculpar al instituto donde se cometió el acoso

La familia de Jokin Ceberio, el menor que se suicidó en 2004 en Hondarribia tras ser víctima de acoso escolar, se mostró ayer «decepcionada» tras conocer la sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, que exculpa de toda responsabilidad al instituto donde estudiaba el joven y rechaza condenar por extensión al Departamento de Educación. «Consideramos que si el acoso y las agresiones se produjeron dentro del recinto escolar y ahora no se deriva ninguna consecuencia negativa para Educación, parece que no se ha incurrido en ningún tipo de culpa en ningún estamento escolar», lamentó ayer el tío del menor, Miguel Ángel Ceberio.

El Alto Tribunal vasco, que condena a los padres de siete inculpados a indemnizar a la familia de Jokin con 10.000 euros cada uno, considera que la actuación de los profesores del Instituto Talaia fue «totalmente diligente» ya que, según el relato de los hechos recogidos durante el proceso penal, «cuando Jokin fue agredido en el interior del centro, las agresiones tuvieron lugar fundamentalmente en los intervalos de clase, es decir, con ausencia de profesores en el aula, no siendo testigo de ello ningún profesor, ni de forma directa, ni indirecta». Añade el fallo que «apenas transcurrieron cuatro días» desde el primer episodio de acoso al menor, al inicio del curso escolar 2004-05, hasta que se produjo «la reacción lógica» de la jefa de Estudios de tomar cartas en el asunto, motivos por los que considera que «no existe nexo causal entre la actuación del instituto y el trágico final de Jokin».

Su infierno había comenzado un año antes, cuando sufrió una descomposición en mitad de clase. Las burlas y vejaciones que siguieron a este hecho no se repitieron hasta el siguiente curso. Durante el verano, sin embargo, un imprevisto lo iba a cambiar todo. Jokin y varios de sus amigos de clase fueron sorprendidos mientras fumaban porros en un campamento. A la vuelta, los monitores enviaron a los padres de los menores sendas cartas donde relataban lo sucedido, pero éstas sólo llegaron a manos de los padres de Jokin, porque el resto interceptó el correo. Sin embargo, los progenitores decidieron contárselo al resto de familias, lo que cambió radicalmente la posición de Jokin en su cuadrilla. «Pasó de ser uno más a convertirse en el chivato», resume la sentencia.

Aquella madrugada

El primer día de curso, en septiembre de 2004, fue increpado por varios de sus compañeros, que pegaron e insultaron al chaval. Las agresiones físicas y verbales, balonazos, puñetazos y golpes continuaron los siguientes días hasta que Jokin decidió ausentarse de las clases. Alertados sus padres por el profesorado del instituto, el menor acabó confesando la tortura que había padecido en los últimos meses. La madrugada del 21 de septiembre, cuatro días antes de su cumpleaños, Jokin salió de casa de forma sigilosa, fue a la muralla que circunda el casco antiguo de Hondarribia y desde lo alto se lanzó al vacío.

«Yo creo que los padres de los alumnos en cualquier centro escolar deberán echarse a temblar», afirmó ayer Miguel Ángel Ceberio, porque con la sentencia «parece que en ningún caso se deriva responsabilidad para el centro respecto a todo lo que pueda ocurrir dentro de sus límites», en alusión a un párrafo concreto de la sentencia.

Era de esperar que la decisión del alto tribunal vasco no fuera del agrado de los padres del escolar, cuyo suicidio destapó la tragedia de la violencia en las aulas, conocida como 'bullying'. Desde que se conoció la muerte de Jokin, que estudiaba cuarto curso de ESO en el Instituto Talaia de Hondarribia, los padres del fallecido han sostenido que los insultos, vejaciones y agresiones físicas a las que fue sometido el chico por parte de varios de sus compañeros eran conocidos por los profesores del centro.

Tras el juicio contra los ocho menores inculpados, los padres de Jokin interpusieron una demanda contra el director, la jefa de estudios y dos profesoras más del instituto, al considerar que actuaron de manera negligente en la vigilancia de los menores y que con su actuación permitieron que el acoso se llevara a efecto. El juzgado del Instrucción de Irún que investigó el caso sobreseyó la causa, decisión que fue ratificada posteriormente por la Audiencia de Guipúzcoa.