Legalización y legitimación

Si la decisión sobre la legalización de Sortu fuera de orden moral y político, muchos de los que hemos considerado suficiente el paso dado, entenderíamos que sus estatutos resultan aún insuficientes por su silencio respecto al daño causado por la violencia de ETA. Que se apoye el derecho de esta izquierda abertzale a organizarse como una formación legal al amparo de la Ley de Partidos en absoluto significa que se esté reconociendo la bondad moral y política del proyecto, y mucho menos que se comparta el relato de hechos y las razones que esgrimen para haber dado ahora este paso y no hace treinta años.

Sin embargo, la Constitución no permite enjuiciar según criterios morales y políticos. La evolución desde el pensamiento militarista al democrático no ha sido nunca lineal, y tampoco lo va a ser en este caso. De ahí que la plena legitimación moral y política de Sortu habrá que entenderla como el resultado final de un proceso de transformación democrática y de homologación con el resto de formaciones. Un trayecto que tendrá que recorrer la izquierda abertzale y que deberá tener su reflejo en la evolución democrática de su discurso. Desde el punto de vista de la libertad, de la democracia y de la convivencia lo que resulta imprescindible es que Sortu rompa amarras con ETA, que proclame que el ciclo de la 'lucha armada' ya ha finalizado, aunque no realice pronunciamientos autocríticos, ni repudie a ETA por el daño causado.

En nuestra historia reciente hay ejemplos que nos ayudan a comprender esta afirmación. Así sucedió en los ochenta con la evolución de Euskadiko Ezkerra y la disolución de ETA p-m. Sin desdecirse ni arrepentirse de sus historias respectivas, contribuyeron como nadie a los pocos episodios de pacificación habidos, convirtiéndose EE en un agente activo de deslegitimación política e ideológica de la violencia. Su labor en esta materia ha resultado para la sociedad vasca mucho más importante que las insuficiencias que pudo contener aquella decisión de apostar únicamente por las vías democráticas.

Aunque con otra dimensión y significado, algo similar debemos indicar del papel jugado por Aralar, si bien en su momento constituyente también se le podían efectuar reproches análogos de no condena del pasado compartido. A la vista de estas experiencias, creo que lo relevante es que se tome la decisión firme de declarar finalizado el ciclo de la violencia y que la misma resulte irreversible.

No sé si Sortu lo ha hecho por imperativo legal y/o por convicción. De lo que estoy seguro es de que la necesidad de la legalización les ha obligado a exponer la razón jurídica en términos inequívocos, y que ello les va a llevar a tener que renovar su discurso sobre ETA y la violencia conforme a lo dispuesto en los estatutos, quedando en caso contrario expuestos al riesgo de ilegalización.

La legalización se convierte así en algo más importante, por ejemplo, que la autodeterminación. En la estrategia militarista se apostaba por la negociación política con el Estado, siendo la cuestión de la legalidad algo instrumental. Ahora, sin embargo, la legalidad se erige en condición 'sine qua non' para articular una mayoría ciudadana para la autodeterminación. En esto reside precisamente el fracaso total de la estrategia militar en Euskadi. Tras más de treinta años tienen que declarar el rechazo a su violencia para conseguir la legalidad.