La creación de vivienda de alquiler cae el 70% en dos años en Euskadi

La producción de alquiler público registrada en Euskadi durante 2009 y 2010 (1.128 pisos iniciados) cayó un 68% respecto a la del bienio anterior (3.524). El dato, recogido por el Observatorio Vasco de Vivienda, fue destacado ayer por Ezker Batua (EB), que acusó al consejero Iñaki Arriola de haber incumplido su promesa de iniciar 4.000 pisos de arrendamiento al año, pues en 2009 sólo se contabilizaron 176 y en 2010, 952.

El parlamentario de EB Mikel Arana subrayó que los pisos de alquiler social iniciados en 2009 apenas representaron el 5% sobre toda la vivienda protegida puesta en marcha aquel año. Y los que se contabilizaron en 2010 sumaron el 20%, «lejos de los resultados de 2008, cuando el alquiler suponía casi un 39% del total».

Para EB, el ritmo actual de edificación de alquiler social «hace imposible garantizar» el derecho a un alojamiento recogido en el anteproyecto de ley de Vivienda que defiende Iñaki Arriola. Mikel Arana emplazó a éste a acometer «una reorientación total» de las prioridades de su departamento y a aumentar el presupuesto destinado al arrendamiento, que «ha experimentado un recorte del 60%».

También le exigió que relance el programa Bizigune para movilizar inmuebles vacíos hacia el mercado de alquiler y criticó la «inactividad» en la intermediación entre caseros e inquilinos en el mercado libre. «El número de viviendas libres vacías -indicó Arana- ha aumentado en 13.000 durante los dos últimos años, llegando a acumularse un 'stock' de 31.000 alojamientos».

«Un debate en la calle»

Entre tanto, Iñaki Arriola invitó ayer a los partidos a «mojarse» y entrar en el debate sobre su anteproyecto, que presentó ante los 77 agentes y colectivos que han suscrito el Pacto Social por la Vivienda. El consejero pidió a las formaciones políticas que no antepongan «sus intereses» a la necesidad que tiene Euskadi de una Ley de Vivienda; e insistió en que la polémica sobre la posibilidad de expropiar a dueños de pisos protegidos -cuando dupliquen durante tres años seguidos los ingresos máximos permitidos para acceder a esos inmuebles- «es un debate que está en la calle».

Arriola aseguró que su propuesta sobre el derecho al alquiler -inicialmente para hogares de tres miembros que ingresen hasta 15.000 euros anuales y con cuatro años de permanencia en Etxebide- constituye una mejora respecto al sistema actual, basado en la prestación de alquiler para ciudadanos sin recursos. «La ley no puede ser un brindis al sol. Tiene que basarse en criterios de sostenibilidad», argumentó el consejero.

En su opinión, el canon planteado para los pisos que estén desocupados durante más de dos años (diez euros anuales por metro cuadrado antes de imponer el alquiler forzoso) es «garantista» y busca «un equilibrio con la función social de la propiedad».