El discurso de Rufi Etxeberria, primera prueba para la anulación

La presentación esta próxima semana de la nueva marca de la izquierda abertzale abrirá una carrera judicial que acabará en la Sala del 61 del Tribunal Supremo.

Los plazos

La convocatoria para las elecciones municipales y forales del 22 de mayo saldrá publicada en el BOE el miércoles 30 de marzo, 54 días antes de la cita con las urnas. Para esa fecha la nueva marca de la izquierda abertzale debería estar autorizada. De lo contrario, no podría participar. Una vez que la formación se presente el próximo miércoles en el Registro de Partidos, el Ministerio del Interior tiene veinte días para analizar sus estatutos e iniciar la impugnación. Si abre esa vía, remitirá sus informes a la Fiscalía General, que tendrá otros veinte días para elevar la causa al Tribunal Supremo.

La Sala del 61

Es la Sala del Supremo especializada en la Ley de Partidos. La conforma el presidente del Tribunal y los presidentes de las cinco Salas en que se divide, además de los magistrados con mayor y menor antigüedad en cada Sala. Abordará el asunto por vía de urgencia. Si el partido fuera admitido, la Fiscalía podría intentar anular las candidaturas. El proceso completo durará entre mes y medio y dos meses.

Informes policiales

Policía Nacional y Guardia Civil tienen preparada al menos una docena de informes, el último de la pasada semana, en los que se constata cómo Batasuna ni siquiera se molesta en ocultar la paternidad de su nueva pantalla política. Además, subrayan que la marca está promovida por una veintena de los más destacados dirigentes de las formaciones ilegalizadas desde 2003. Los análisis han sido enriquecidos por el CNI.

Los mismos policías y guardias civiles que tomarán buena nota de los asistentes al Euskalduna investigan desde hace casi un año el germen del nuevo partido y los movimientos del entorno político de ETA. La Guardia Civil aportará documentos incautados en las dos últimas operaciones contra Ekin, en los que la banda, al menos hasta tres meses antes del alto el fuego de septiembre, insistía en arrogarse el papel de «dinamizadora política» de la izquierda radical y en la necesidad de concurrir a las municipales para no perder poder.

La Fiscalía General

El Ministerio de Justicia y la Fiscalía General del Estado están convencidos de que la sola participación de Rufi Etxeberria en la presentación del nuevo partido ya es un indicio «de peso» para que no se permita su registro en el Ministerio del Interior. La Fiscalía trabaja desde hace semanas con la Abogacía del Estado y con el departamento de Alfredo Pérez Rubalcaba para coordinar una respuesta.

El Ministerio Público tampoco ve un problema en los posibles estatutos 'limpios'. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, en la sentencia con la que en 2009 bendijo la ilegalización de Batasuna, concluyó que «el programa de un partido político no pueden ser tomado en cuenta como el único criterio con el fin de determinar sus objetivos e intenciones; hay que comparar su contenido con los actos y tomas de posición de los miembros y dirigentes», entre los que cita la condena explícita del terrorismo. Este contraste entre palabras y hechos centra la investigación policial.

EA y Alternatiba

Las fuentes judiciales consultadas son claras: la izquierda radical sólo dispone de dos posibilidades para estar presente en las municipales. La primera, realizar una «condena expresa» de ETA. No todos, sin embargo, coinciden en el alcance de esa reprobación. Mientras algunos jueces creen que bastaría con la repulsa de las posibles acciones futuras, otros, entienden que deberá aludir también al pasado. La segunda vía para que estuviera en las urnas pasaría por que EA o Alternatiba -o las dos en coalición- incluyeran en sus listas candidatos de la izquierda radical «limpios», sin ninguna vinculación con listas anuladas. «Sería imposible impugnarlas».

Cambios en la Ley Electoral

La reforma de la Ley Electoral, publicada en el BOE el pasado 29 de febrero, incluye fórmulas para retirar de sus escaños a aquellos electos que hayan tomado posesión de sus puestos si no condenan la violencia. Jueces del Supremo tienen dudas de que el Constitucional pueda avalar esta reforma. Ven «muy complicado» quitar de su puesto a un electo. Volvería a ocurrir como con los concejales de ANV en esta legislatura que, tras la ilegalización de sus siglas, siguen en su puesto como ediles no adscritos.