El grupo inversor de Zambrana financió a excargos del PNV para la compra de fincas

Cuatro son los puntos geográficos donde gravitan los presuntos casos de corrupción investigados por la Justicia en Álava y en los que se han visto implicados destacados exdirigentes del PNV. Vitoria, Miñano, Frúniz y Zambrana. Cuatro piezas de un puzzle que ya parece tener encaje, en el que unos pocos aparecen en todas las partes y donde los interrogantes, a la espera de demostrarse alguna ilegalidad, cada vez son menos.

¿Cómo enlazar Zambrana, al sur de Álava, y Frúniz, en el corazón de Vizcaya? Según la investigación desarrollada por EL CORREO, un nexo prima sobre los demás: el grupo catalán Riera Urbanizer. Llegó a Álava en 2005 de la mano del conocido militante jeltzale vizcaíno Iosu Arruti, propietario de la empresa Sidepur, para promover un gran polígono industrial gracias a una turbia y al final fallida recalificación. Un grupo que, sólo unos meses después y a través de otra firma, Enginergy S.L., otorgó un préstamo superior a 200.000 euros a una decena de cargos del PNV para pagar unos terrenos rústicos recalificables en la zona de expansión de Frúniz, una operación ahora en tela de juicio.

Entre ellos destacan los seis propietarios de Kataia Consulting, empresa creada en 2005 en Vitoria y que se ha convertido en la matriz de la investigación judicial del 'caso Miñano', que la identifica como un especie de 'tapadera' fiscal para el blanqueamiento de capitales. Las pesquisas iniciadas por el Juzgado de Instrucción Número 4 de Vitoria y la Fiscalía en torno al escándalo de supuestas corrupciones urbanísticas ya provocó el pasado 17 de marzo la detención y posterior puesta en libertad con cargos de ocho personas, entre ellas, los seis propietarios de Kataia: el exdiputado Alfredo de Miguel, el exburukide Aitor Tellería y el exdirector del parque industrial de Miñano, Koldo Otxandiano, junto a sus respectivas mujeres.

Herencia familiar

De Vitoria, Miñano y Frúniz, la instrucción judicial ahondó en Zambrana, localidad donde se diseñó una operación urbanística de considerables magnitudes. Corría 2004. Por aquel entonces, De Miguel era secretario general del Araba buru batzar y carecía de responsabilidades políticas en la Diputación -fue nombrado diputado de Administración Local en verano de 2007-. Por contra, regentaba las sociedades públicas de Sprilur encargadas de la promoción industrial en la comarca de Ayala, al norte de la provincia. Conocedor del sector, fue el propio De Miguel, como ha declarado la entonces alcaldesa, Justi Angulo (PNV), quien llevó hasta Zambrana a Sidepur, una firma contratada a dedo por el Ayuntamiento de forma gratuita para impulsar el desarrollo urbanístico de la localidad. Su dueño es Iosu Arruti, verdadero 'cerebro' de la recalificación y que atrajo al grupo catalán con el fin de que invirtiera en la zona.

La relación era estrecha. Como desveló este diario, existe constancia fiscal de tres pagos de Sidepur a Kataia Consulting por un montante global de 180.000 euros -130.000 en 2005, 20.000 en 2006 y 30.000 en 2007-. Fuentes conocedoras de la situación explicaron que gran parte de los importes se deben a trabajos que la empresa de De Miguel y Tellería realizó en Zambrana, en el marco de una macrooperación que pretendía recalificar más de 100 hectáreas y de la que al final sólo 22 han pasado el corte.

La conexión no termina aquí. Otra de las empresas del grupo catalán, que ya ha invertido en balde cinco millones de euros en Zambrana en opciones de compra -Sidepur ha ganado un millón de este grupo por sus labores de mediación- concedió un préstamo privado a los compradores de Frúniz superior a los 200.000 euros. Se trata de Enginergy S.L., una firma creada en marzo de 2007 y cuyo objeto social es el desarrollo, intermediación y promoción de proyectos de energías renovables, amén de la construcción, promoción, venta o permuta de terrenos. En los órganos directivos de Riera y Enginergy figura Francesc Fernández, quien este martes comparece en la comisión de investigación de las Juntas Generales alavesas -también lo hará Iosu Arruti-.

¿Por qué Frúniz?Allí se encuentran los terrenos rústicos que pertenecían a la familia Goirizelaia y que ahora son resultado del reparto de una herencia. Según los medios consultados, una rama de la familia decidió comprar todo al resto y para ello se rodeó de un grupo de amigos, todos vinculados al PNV. Entre ellos y además de los seis de Kataia, se encuentra la exsecretaria de De Miguel, Judith Goirizelaia, sus hermanos, Leire Orueta, teniente de alcalde de Llodio, el exedil jeltzale en Leioa Iñaki San Juan -también imputado en la causa por ser sus empresas, Errexal y Ortzi Muga, beneficiadas por el Gobierno vasco- o Jesús Mari Arruti, padre del propietario de Sidepur y parte activa en la relación con los catalanes.

El dinero procedente de Enginergy no se destinó a financiar toda la compra, sino a sufragar el último de los tres pagos que los compradores adeudaban al resto de los Goirizelaia. Pese a que alguna compañía estaba interesada en las tierras, éstas continúan sin venderse.

Operación truncada

Pero la relación entre unos y otros no termina aquí. Enginergy también alquiló unos terrenos a otra empresa de De Miguel (Eskalmelo) para instalar placas solares. El mediador volvió a ser Arruti, que informó al exdiputado de que una empresa catalana estaba buscando terrenos en la zona de Rioja Alavesa. El contrato se formalizó y, al parecer, hay algún pago que todavía no se ha formalizado.

Por otra parte, quien también trabajó en Zambrana para Riera Urbanizer fue el exburukide e imputado Aitor Tellería. Lo hizo a título personal y después de que Kataia Consulting dejara de trabajar para Sidepur. Otro de los excargos jeltzales que estuvo en nómina de los catalanes fue el exalcalde de Ondarroa Aitor Maruri.

Sea como fuere, nada o casi nada ha sucedido como algunos pensaban. Por ejemplo, Sidepur sólo ha recibido la mitad del dinero comprometido por parte de Riera. El motivo radica en las complicaciones burocráticas que han surgido desde 2008, año en el que entró el expediente en la Diputación -ya con el PNV en el poder-, y que han derivado en varios recortes en la recalificación ideada hace seis años. Del centenar de hectáreas, se pasó en marzo de 2009 a 66 y, apenas seis meses más tarde, con el Gobierno vasco ya liderado por el PSE, se rebajó a 22.

La decisión fue tomada por el departamento del entonces diputado De Miguel basándose en los informes forales de Medio Ambiente y ante la sorpresa mayúscula de Riera, que ha visto reducida de manera notable la expansión pretendida. Su último cartucho ha sido recurrir a la Justicia la orden foral, emitida el 8 de abril de 2010, con el argumento de que se firmó fuera de plazo.