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MAIKA SALGUERO
Viernes, 28 de enero 2011, 03:38
El futuro de la maderera Inama de Muxika es un poco más incierto tras la revocación de la licencia de actividad, el pasado martes, por parte del Ayuntamiento. Con este trámite se agota la vía administrativa del proceso, aunque la empresa podrá interponer recurso contencioso administrativo contra la misma. La Administración muxikarra se ha «visto obligada legalmente» ha adoptar esta decisión por la retirada de la Autorización Ambiental Integrada (AAI) por parte del Departamento de Medio Ambiente del Gobierno vasco. Inama carece de este permiso, exigido a las empresas más contaminantes, por no corregir las deficiencias detectadas en materia de emisiones a la atmósfera.
El Consistorio ya ha comunicado la resolución a todos los agentes interesados y personados en el proceso, así como al departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca del Gobierno vasco que dirige Pilar Unzalu como organismo competente para adoptar las medidas de control e inspección necesarias. El equipo de gobierno muxikarra, sin embargo, ha mostrado su «preocupación» por el posible cierre de la empresa que dejaría sin empleo a numerosos trabajadores directos e indirectos. Por ello, aboga por el entendimiento entre la compañía y el Gobierno vasco para salvaguardar los puestos de trabajo.
Normativa ambiental
«Inama tiene que tomar las medidas necesarias para respetar la normativa ambiental y, al mismo tiempo, el Ejecutivo autónomo debe ofrecer alternativas reales para garantizar el futuro de los empleados», afirmaron fuentes municipales. Para afrontar este nuevo capítulo sobre el devenir de Inama, el Ayuntamiento ha solicitado asesoramiento jurídico a la Diputación con el objetivo de conocer los plazos obligatorios para la paralización de la actividad o clausura de las instalaciones. Asi como para saber «si hay que tener en cuenta el número de puestos de trabajo y la envergadura de la fábrica para proceder a una u otra decisión», indicaron.
También ha pedido a la institución foral que aclare quién posee la competencia para garantizar el cumplimiento de la Ley. «Si la firma no subsana las deficiencias finalmente será una orden judicial la que eche la persiana», anunciaron desde el Gobierno vasco. Mientras tanto, el comité de empresa considera que la única alternativa es trasladar la planta al polígono de Ajangiz-Mendata. Representantes de los trabajadores se reunirán el próximo martes con el Gobierno vasco para intentar llegar a un acuerdo que desbloquee la situación.
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