La expropiación de la VPO por rentas altas queda en vía muerta al oponerse PNV y PP

O con el PP o con el PNV. Esta fue la contestación que, en vísperas de la campaña para las elecciones municipales y forales, dio ayer la formación de Íñigo Urkullu a la oferta del consejero Iñaki Arriola para alcanzar «un consenso amplio» sobre la futura Ley de Vivienda. No obstante, los peneuvistas dejaron claro que, al igual que los populares, también negarán su apoyo a tres de las principales propuestas recogidas en el anteproyecto presentado el pasado viernes: la expropiación de la vivienda protegida a los adjudicatarios que, durante tres años seguidos, dupliquen los ingresos máximos permitidos; la introducción de un canon para gravar las viviendas desocupadas durante dos años, y la aplicación gradual del derecho al alquiler a los hogares de uno a tres miembros que ganen entre 9.000 y 15.000 euros anuales.

La negativa del PNV a apoyar esas iniciativas fue anunciada por los parlamentarios vascos Juan Antonio Arieta-araunabeña y Ricardo Gatzagaetxebarria. Este último aclaró, no obstante, que el rechazo de su partido al capítulo sobre el derecho al alquiler no se debe a que esté en contra de él, como ocurre con las otras dos propuestas; sino a que tal derecho ignora a los mileuristas y sólo alcanza a las personas que ya tienen garantizada la renta de garantía y la prestación complementaria de vivienda (los máximos de ambos subsidios, que se cobran juntos, suman 15.000 euros anuales para las unidades de tres miembros).

Gatzagaetxebarria advirtió al lehendakari Patxi López de que, una vez que el PP -su socio preferente en esta legislatura- se ha desmarcado del anteproyecto de Arriola, sólo el PNV tiene escaños suficientes para ayudar al PSE a sacarlo adelante en el Parlamento de Vitoria, después de que sea remitido a la Cámara como proyecto de ley en diciembre de 2011.

«Somos clave», resumió Gatzagaetxebarria, quien aprovechó la ocasión para acusar al Departamento de Vivienda de estar retrasando la tramitación de la norma autonómica de tal modo que, si finalmente llega a ser aprobada, es posible que no entre en vigor hasta 2013, ya agotada la legislatura; y en tal caso, sólo empezará a tener efectos prácticos en el primer presupuesto «del próximo Ejecutivo».

El parlamentario peneuvista recordó que el Euskobarómetro -el sondeo que realiza periódicamente la Universidad del País Vasco- ha otorgado un suspenso al Gabinete de López, precisamente, en el área de vivienda; y ello a pesar de que ahora mismo constituye «la tercera preocupación de los vascos, por detrás del paro y de la crisis económica, cuestión esta última en la que, según subrayó Gatzagaetxebarria, «también ha recibido un suspenso».

El PNV instó al lehendakari a poner fin al «goteo» de propuestas lanzadas de forma individual por sus consejeros y a plantear un «acuerdo integral» que abarque globalmente las políticas sociales en Euskadi, desde la vivienda a la atención a las personas dependientes, pasando por la renta de garantía de ingresos y la prestación complementaria.

Con este argumento, el parlamentario Juan Antonio Arieta-araunabeña se negó a enfrascarse con el Ejecutivo autónomo en un «debate virtual» sobre vivienda y apostó por la promoción de pisos a precios «asequibles». «No vamos a seguir más con esta historia -se quejó, gráficamente-. No vamos a estar hablando un año entero acerca de la Ley de Vivienda cuando el proyecto sólo empezará a debatirse en el Parlamento en 2012».

Canon a los pisos vacíos

No obstante, Arieta-araunabeña, que se ocupa habitualmente de las cuestiones de vivienda en el grupo del PNV, recalcó que los aspectos más llamativos del documento de Iñaki Arriola no le gustan en absoluto a su partido. Y no sólo porque deja fuera a los mileuristas del derecho al alquiler, exigible ante un juez. El parlamentario se preguntó, igualmente, «cómo se puede aplicar» un canon a las casas desocupadas. «¿Cuántos días hay que ocupar un piso al año para que no se considere vacío?», interrogó.

El PNV tampoco está de acuerdo con que unas personas paguen más que otras por un mismo tipo de vivienda protegida, mientras se garantiza un precio fijo al promotor a través de un fondo de compensación. «Nos dicen -indicó Arieta-araunabeña- que algunos habrán de pagar el piso por encima de su coste real y así poder adjudicar viviendas en propiedad a otros que no tienen ingresos para pagarla, en vez de derivarles al alquiler». El parlamentario planteó qué ocurriría si una persona que compró una VPO a un precio más bajo «casi duplica los ingresos máximos durante tres años, pero sin pasarse». «Es una broma», concluyó.