La 'ley Sinde' resucita

PSOE y PP alcanzaron un acuerdo en el Senado que da una segunda oportunidad a la controvertida 'ley Sinde', llamada a regular las descargas en Internet y a acabar con la piratería en la Red. Gobierno y oposición lograron 'reforzar' las garantías judiciales de la norma, de modo que, como reclamaba el PP, será el juez quien intervenga desde el primer momento en el proceso de cierre de las páginas que faciliten descargas de materiales sujetos a derechos de autor. También como pedía el PP, pactaron revisar el canon digital para adecuarlo a las exigencias del Tribunal de Justicia de la UE. Un pacto in extremis entre Gobierno y oposición que resucita la moribunda 'ley Sinde', al que se ha sumado CiU, pero que volvió a incendiar la Red y los ánimos de unos internautas que creen «inútil» y «dictatorial» la regulación de la descargas y el cierre de páginas de enlaces que permitan bajarse material protegido por derechos mediante pronunciamiento judicial.

El pacto se plasmó en la presentación conjunta de una enmienda global a la disposición adicional de la Ley de Economía Sostenible (LES), que es donde se recoge esta polémica norma 'antipiratería' que el Congreso tumbó el 21 de diciembre y adonde deberá volver tras su trámite en el Senado. El acuerdo llegó a cuatro horas del cierre del plazo y tras varias semanas de tensas negociaciones. Los internautas, por su parte, anuncian que seguirán con las espadas en alto, por más que la ministra asegurara que la futura ley «garantiza absolutamente los derechos de todos». «Los usuarios deben tener absoluta tranquilidad», dijo Sinde, destacando que no les perseguirá una ley que «aumenta las garantías y la protección de los titulares de derechos de propiedad intelectual».

Una norma que, en palabras de la ministra, «innova en un modelo diferente al de países de nuestro entorno en los que se persigue al usuario». González-Sinde, que eludió polemizar con Álex de la Iglesia, presidente de la Academia de Cine y más que crítico con la última formulación del texto, aseguró también que la revisión del canon digital «no es una derrota» y sí «una victoria para los ciudadanos».

Por su parte, el jefe de la oposición, Mariano Rajoy, justificó el pacto con el Gobierno apelando a «la defensa de la propiedad intelectual y de los derechos de los ciudadanos» en un doble sentido: «Para garantizar la privacidad de las comunicaciones y la libertad de expresión».

Juez y comisión

El texto reformulado introduce la salvaguarda judicial desde el principio del proceso de cierre de una página web que sirva contenidos no autorizados. El magistrado intervendrá cuando la denominada Comisión de Propiedad Intelectual reciba una denuncia y requiera datos como quién es el responsable del dominio, cuántos usuarios tiene y otras informaciones confidenciales sobre las partes que deberán personarse en un procedimiento que, según los cálculos iniciales, podría extenderse al menos 17 días.

«Los órganos competentes (...) con el objeto de identificar al responsable del servicio de la sociedad de la información que está realizando la conducta presuntamente vulneradora, podrán requerir a los prestadores de servicios de la sociedad de la información la cesión de los datos que permitan tal identificación a fin de que pueda comparecer en el procedimiento. Tal requerimiento exigirá la previa autorización judicial», se lee en el nuevo texto. Agrega que «una vez obtenida la autorización, los prestadores estarán obligados a facilitar los datos necesarios para llevar a cabo la identificación».

La comisión se concibe como un «órgano colegiado de ámbito nacional» y tendrá dos secciones. La primera «ejercerá las funciones de mediación y arbitraje que le atribuye la presente ley» y la segunda «velará, en el ámbito de las competencias del Ministerio de Cultura, por la salvaguarda de los derechos de propiedad intelectual frente a su vulneración por los responsables de servicios de la sociedad de información en los términos previstos en los artículos 8 y concordantes de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico».

La primera sección «estará formada por tres miembros nombrados por el Ministerio de Cultura, a propuesta de los subsecretarios de los ministerios de Economía y Hacienda, Cultura y Justicia, por un período de tres años renovable por una sola vez, entre expertos de reconocida competencia en materia de propiedad intelectual». La segunda sección queda «bajo la presidencia del subsecretario de Cultura o persona en la que éste delegue», y se compondrá de un vocal de Cultura, otro de Industria, uno de Economía y un representante de Presidencia. Su funcionamiento se fijará en un reglamento.

Canon digital

En su redacción inicial, rechazada el 21 de diciembre en el Congreso, la ley designaba a la Comisión de la Propiedad Intelectual como la única instancia encargada de decidir qué páginas, previa autorización judicial, deberían ser clausuradas. La retirada de contenidos, siempre a petición de la comisión, se realizará «en un plazo no superior a las 48 horas», de modo que el prestador de servicios de la sociedad de la información deberá «proceder a la retirada voluntaria de los contenidos declarados infractores o, en su caso, realizar las alegaciones y proponer las pruebas que estime oportunas». «Transcurrido el plazo anterior, en su caso, se practicará prueba en dos días y se dará traslado a los interesados para conclusiones en plazo máximo de cinco días. La comisión, en el plazo máximo de tres días, dictará resolución», concluye la propuesta.

Los negociadores populares y socialistas también introdujeron en una nueva enmienda una alusión al llamado canon digital -la tasa que grava la compra de cualquier aparato o soporte susceptible de reproducir o copiar un archivo o documento-, advirtiendo que en breve se adecuará a la reciente sentencia del Tribunal de Luxemburgo que eximía de un pago que creía indiscriminado a la Administración y a las personas jurídicas. «El Gobierno, en el plazo de tres meses desde la entrada en vigor de la presente Ley (...), procederá a modificar la regulación de la compensación equitativa por copia privada», se puede leer en el nuevo texto sobre la modificación del canon.

La ministra Sinde tomó a última hora las riendas de la negociación en un encuentro con la portavoz popular en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, para negociar contrarreloj un pacto reflejado en la enmienda global que debía salvar o enterrar la ley definitivamente. Esta reunión era la segunda que Gobierno y oposición mantenían en apenas 48 horas. Tuvo lugar en la misma jornada en la que terminaba el plazo para la presentación de enmiendas en el Senado, donde el PP tiene mayoría. Ambas partes habían expresado antes su optimismo y la voluntad de acercamiento para dar con una solución como culminación de un clima «positivo y cordial».