Kataia recibió 180.000 euros del 'cerebro' de la recalificación de Zambrana

Los presuntos casos de corrupción destapados en Álava gravitan en torno a un especie de círculo vicioso en el que unos cuantos aparecen en todas partes. Demasiadas piezas de ajedrez colocadas sobre un tablero en el que prima un desorden basado en ramificaciones de muy distinto signo. Una de ellas es el llamado 'caso Zambrana', una turbia y al final fallida recalificación urbanística impulsada en esta pequeña localidad al sur de Álava y que, según la investigación de EL CORREO, es el origen de esta alambicada coincidencia de nombres e intereses. Y es que Kataia Consulting S.L., la empresa matriz de esta supuesta trama y cuyos propietarios fueron detenidos el 17 de marzo, entre ellos el exdiputado Alfredo de Miguel y el exburukide Aitor Tellería, mantenía estrechos lazos con Sidepur, la firma del militante jeltzale vizcaíno Iosu Arruti encargada de impulsar la recalificación.

Según la información fiscal que obra en poder del Juzgado de Instrucción número 4 de Vitoria, Sidepur ejecutó tres pagos entre 2005 y 2007 por un montante global de 180.000 euros -30 millones de las extintas pesetas-. El más cuantioso está registrado por Hacienda en 2005 -130.000 euros-, mientras que el de 2006 fue de 20.000 y en 2007, de 30.000. Fuentes conocedoras de la situación explicaron que algunos de los importes se deben a trabajos realizados por Kataia a Sidepur, algunos de ellos relacionados con la operación urbanística de Zambrana.

Sin embargo, gran parte de estos 180.000 euros se pagó a modo de «préstamo» para adquirir en 2006 suelo rústico potencialmente recalificable, que Kataia compró en Frúniz junto a una decena de conocidos militantes del PNV, que pertenecen al mismo círculo de amistades y que entre otros, está el padre del propietario de Sidepur. Estas tierras procedían de una herencia recibida por la familia de tres de los compradores -los Goirizelaia-. La operación está detallada en el Registro Mercantil y De Miguel la incorporó en su declaración de bienes al acceder a la Diputación.

Los datos ahora revelados cierran en parte el círculo de relaciones trazado por el juez y el fiscal y que provocó la detención y posterior puesta en libertad de ochos personas por un presunto caso de corrupción, entre ellas los seis propietarios de Kataia, los matrimonios De Miguel, Tellería y Otxandiano. La investigación, sin embargo, no arrancó en Zambrana, sino en el parque tecnológico de Miñano a raíz del intento de soborno denunciado en diciembre de 2009 por la abogada encargada de gestionar la ampliación del complejo industrial. Así, Kataia fue presuntamente identificada como una especie de 'tapadera' fiscal que se utilizó, por ejemplo, para blanquear dinero en la compra de los terrenos. De ahí que las detenciones se practicaran a primera hora de la manaña del 17 de marzo, para evitar que se destruyesen datos.

Tirar del hilo

Según avanzaba la instrucción y a medida que los datos llegaban al Palacio de Justicia de Vitoria -también se produjo una denuncia anónima-, comenzó a sonar con fuerza el nombre de Zambrana, localidad donde se diseñó una operación urbanística de considerables magnitudes. Corría 2004. Por aquel entonces, De Miguel era secretario general del Araba buru batzar y carecía de responsabilidades políticas en la Diputación -fue nombrado diputado de Administración Local en verano de 2007-. Por contra, regentaba las sociedades públicas de Sprilur encargadas de la promoción industrial en la comarca de Ayala, al norte de la provincia. Conocedor del sector, fue el propio De Miguel, como ha declarado la entonces alcaldesa, Justi Angulo (PNV), quien llevó hasta Zambrana a Sidepur, una firma dedicada a la gestión y mediación en operaciones urbanísticas y que es propiedad de Iosu Arruti.

Aquel año, en mayo, Sidepur fue contratada por la Corporación vía decreto de Alcaldía para que analizase el potencial urbanístico de Zambrana. Lo paradójico es que lo hizo sin recibir contraprestación, ya que en el Consistorio no consta pago alguno. Arruti se encargó de buscar inversores para construir un polígono industrial en un terreno potencialmente recalificable a futuro, o eso es lo que les prometió. Se intentó con el Grupo Julián y con Capyriesgo -llegó a abonar a Sidepur en dos pagos 278.869 euros, que luego fueron devueltos por el padre de Iosu Arruti a través del Ayuntamiento-.

Finalmente, aterrizó en Álava el grupo catalán Riera Urbanizer, que en pocas semanas se gastó cinco millones de euros en opciones de compra sobre más de 100 hectáreas de terrenos guiada por Sidepur, que ha cobrado más de un millón de euros por realizar este trabajo, según los datos fiscales a los que ha tenido acceso EL CORREO y que están en el Juzgado número 4 de Vitoria. No hay que olvidar, además, que para Riera trabajaron militantes del PNV, como el exburukide alavés Aitor Tellería o el exalcalde de Ondarroa Aitor Maruri.

Eso sí, no ha recibido todo el dinero comprometido, «sólo la mitad». El motivo radica en las complicaciones burocráticas que han surgido desde 2008, año en el que entró el expediente en la Diputación, y que han derivado en varios recortes en la recalificación ideada hace seis años. Del centenar de hectáreas, se pasó en marzo de 2009 a 66 y, apenas seis meses más tarde, con el Gobierno vasco ya liderado por el PSE, se rebajó a 22.

La decisión fue tomada por el Departamento del entonces diputado De Miguel basándose en los informes forales de Medio Ambiente y ante la sorpresa mayúscula de Riera, que ha visto reducida de manera notable la expansión pretendida. Su último cartucho ha sido recurrir a la Justicia la orden foral, emitida el 8 de abril de 2010, con el argumento de que se firmó fuera de plazo. El próximo 1 de febrero los gestores de Riera y Sidepur podrán dar sus explicaciones en la comisión de investigación en las Juntas Generales.