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JAVIER MUÑOZ
Domingo, 23 de enero 2011, 04:12
La futura Ley de Vivienda, en los términos recogidos en el anteproyecto que presentó el consejero Iñaki Arriola el pasado viernes, podría encallar nada más iniciar su andadura. El presidente del PP, Antonio Basagoiti, socio preferente del Ejecutivo de Patxi López y su sostén en el Parlamento vasco, informó ayer mismo al lehendakari de que ya puede olvidarse del apoyo de su partido para sacar adelante un texto legal que pivota mediáticamente sobre tres novedades. La primera de ellas, el reconocimiento del derecho a un arrendamiento social, exigible ante el juez, para una serie de colectivos modestos que, en su inmensa mayoría, ya tienen el derecho subjetivo a la prestación complementaria de vivienda. Y las otras dos, unas herramientas jurídica e institucionalmente peliagudas, pero socialmente muy llamativas: el canon sobre las viviendas vacías y la expropiación de la VPO a los propietarios que prosperen hasta el punto de que su sueldo duplique durante tres años seguidos el ingreso máximo permitido en Etxebide.
«Que no cuente con nosotros para eso. No es una solución para nadie que quiera una vivienda», zanjó el líder del PP vasco, presente en la convención de su partido en Sevilla. Basagoiti, para quien ahora el problema principal «es el empleo», dejó clara su oposición a las propuestas socialistas de «expropiar pisos», de «ir a los tribunales» para exigir una vivienda o de que «una institución dé un inmueble». De todos modos, conocido el rechazo de partida de los populares, el anteproyecto de Arriola aún tiene muchos trámites que superar dentro del Gobierno de Patxi López, que no lo enviará al Parlamento de Vitoria hasta diciembre de 2011. Eso significa que la futura ley no sería votada hasta bien entrado 2012.
Reunión del EBB
Precisamente, ésta es una de las cuestiones que criticaron ayer Aralar y el PP desde posiciones diametralmente opuestas. Dani Maeztu, parlamentario vasco de la formación abertzale y partidario de gravar los pisos desocupados, pidió a Arriola que acorte plazos para que los debates de la Cámara se inicien «lo antes posible», pues «no puede esperar hasta el 2012 para garantizar a la ciudadanía el derecho subjetivo a la vivienda». Por su parte, la parlamentaria del PP Esther Martínez dudó de la «credibilidad» del calendario legislativo del Ejecutivo autónomo, ya que ha retrasado la tramitación de la Ley de Vivienda, «tras afirmar que era una prioridad».
El PP no es la única formación cuyo concurso necesitarían los socialistas para aprobar el texto en el Parlamento vasco. El otro grupo que también cuenta con escaños suficientes es el PNV. Sin embargo, el partido de Íñigo Urkullu se reservó ayer su opinión hasta que el Euskadi buru batzar analice la cuestión en su reunión de mañana. Ahora bien, cuando el anterior consejero de Vivienda, Javier Madrazo, presentó el canon para los pisos desocupados, en su frustrado anteproyecto de Ley de Vivienda, la dirección peneuvista lo rechazó de plano. Al final, el gravamen desapareció de la versión final.
Tres años después, Iñaki Arriola sí ha recogido en su anteproyecto una petición de los populares: el alquiler con opción de compra. Se trata de una alternativa para el acceso a la vivienda que ha sido aceptada a regañadientes por el Departamento de Vivienda y que fue muy criticada desde un sector de los socialistas guipuzcoanos durante los debates del Pacto Social por la Vivienda. Igualmente, el texto legal reconoce a las diputaciones la capacidad para promover pisos, cuestión que en la pasada legislatura provocó constantes enfrentamientos entre el anterior consejero Madrazo y el Gobierno foral de Vizcaya.
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