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ALBERTO AYALA
Domingo, 23 de enero 2011, 04:12
El presidente del Araba Buru Batzar (ABB) del PNV, Iñaki Gerenabarrena, se encuentra en el punto de mira político de la comisión de investigación creada en las Juntas Generales de este territorio para esclarecer el denominado 'caso Zambrana'. La ambiciosa macrorrecalificación urbanística que dirigentes jeltzales intentaron sacar adelante durante años en esta pequeña localidad alavesa de 350 habitantes, estratégicamente situada a apenas 33 kilómetros al sur de Vitoria. Al final, el principal imputado en los presuntos escándalos de corrupción que indaga la Justicia, el exnúmero dos del PNV alavés y exdiputado foral Alfredo de Miguel, optó por frenar el proyecto tras la llegada del PSE a Ajuria Enea.
Según ha podido saber este periódico, varios grupos políticos quieren clarificar definitivamente si es o no cierto que el líder peneuvista alavés envió un correo electrónico al Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Ibarretxe, entonces dirigido por la responsable de Eusko Alkartasuna Esther Larrañaga, intercediendo indirectamente en favor del plan. En concreto, serían unas consideraciones técnicas que respaldaban la pretensión municipal de recalificar 660.000 metros cuadrados de terreno mediante una simple modificación de normas subdidiarias, sin necesidad de modificar el PTP (plan territorial parcial).
Pese a la oposición de los técnicos gubernamentales y de la consejería del ramo, entonces dirigida por EA, el PNV impuso finalmente esta opinión y logró que la Comisión de Ordenación del Territorio del País Vasco diera su aval inicial al proyecto. No serviría de nada. La Diputación alavesa se apresuró a echar tierra encima sobre el asunto tan pronto los socialistas llegaron al poder y De Miguel comprobó que rechazaban la idea. Eso sí, el 'no' llegó fuera de plazo. Ello ha permitido a la empresa captada por los peneuvistas para sacar adelante la iniciativa recurrir el veto ante los tribunales.
Desgaste
Lo que llama la atención en este caso es por qué cualificados cuadros y 'fontaneros' peneuvistas -como De Miguel, Tellería, Iosu Arruti o el exalcalde de Ondarroa Aitor Maruri- trabajaron durante años en favor de un plan promovido por un ayuntamiento que ya no gobierna el PNV, sino una candidatura ecologista independiente rival, y en el que quien arriesga su dinero es un grupo inversor catalán privado, Riera Urbanizer. La sorpresa sería mayor si hasta el presidente del ABB en personahubiera intercedido personalmente a favor desde la sede del partido.
Clarificar este extremo es la razón por la que la comisión ha citado a declarar a Ana Oregi. La exdirigente de EA, actualmente más próxima a Hamaikabat, ocupaba la viceconsejería de Ordenación del Territorio en el departamento de Esther Larrañaga del tripartito de Ibarretxe cuando se analizó el proyecto.
El PNV empieza a acusar políticamente el desgaste derivado de los presuntos escándalos de corrupción y espionaje con los que se relaciona a decena y media de militantes jeltzales. El reciente levantamiento del secreto del sumario del 'caso del espionaje' y las investigaciones que se llevan a cabo en el Parlamento vasco y las Juntas Generales de Álava para depurar eventuales responsabilidades políticas inquietan en Sabin Etxea a cuatro meses de las municipales y forales de mayo.
En este sentido, la decisión adoptada ayer por Alfredo De Miguel, Aitor Tellería y Koldo Otxandiano de entregar el carné del partido hasta que concluya el proceso judicial puede aliviar la presión a la que se encuentra sometido el PNV. Y desde luego supone todo un alivio para el presidente del EBB, Iñigo Urkullu, que hace meses venía reclamando a los encausados que renunciaran temporalmente a su militancia jeltzale para que el proceso no dañe al partido, hasta ahora sin ningún éxito.
En cualquier caso, De Miguel, Tellería y Otxandiano, que se alinean con el sector más soberanista de la organización que encabezan Egibar y Gerenabarrena, no han accedido a las demandas de Urkullu sin más. Su decisión llega tras la discreta reunión que el presidente del GBB mantuvo el viernes en la sede peneuvista de Vitoria con De Miguel y más tarde con el propio Gerenabarrena. Además, los encausados, en la nota hecha pública ayer para dar cuenta de su decisión criticaron al EBB por no defenderles «con mayor convencimiento y determinación». Agregaron que la cúpula jeltzale «se equivoca» si cree que su gesto de depositar el carné va a frenar la campaña «política y mediática de acoso y derribo al partido».
Medios peneuvistas venían insistiendo en los últimos días en que Egibar, que desde el comienzo se había mostrado -como Gerenabarrena- mucho menos exigente con los imputados que el presidente del Euskadi buru batzar, había ido modulando su posición hasta compartir la conveniencia de que los acusados dejaran el carné. Su capacidad de convicción con los imputados, algunos pensarán que en abierto contraste con la de Urkullu, se puso de relieve en la tarde de ayer.
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