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MARÍA ZABALETA
Viernes, 21 de enero 2011, 03:46
Los agentes de la Policía Municipal no pueden reducir su desempeño profesional a la función de formular denuncias, sino que deben actuar como verdaderos agentes de la autoridad y de resolución de conflictos. Dicho así, parece una obviedad. Sin embargo, el Síndico se ha visto obligado a recordar al Ayuntamiento que los efectivos de Aguirrelanda «deben estar debidamente formados en sus obligaciones deontológicas».
Así lo recoge Javier Otaola en un informe en el que da respuesta a la queja de un vecino que acudió a su oficina después de haber sido «amenazado impunemente» por otro ciudadano «en presencia de un agente de la autoridad sin que éste mostrara el menor interés ni la menor muestra de protección» hacia él.
Tal y como explica el Síndico en su resolución, los hechos se desencadenaron a raíz de una discusión entre dos conductores que se zanjó con una «denuncia que no se corresponde con los hechos». El encontronazo comenzó después de que el afectado aparcara su coche en una zona de carga y descarga. Tras ser recriminado por el conductor de una camioneta de reparto, se dispuso a retirar su vehículo. Sin embargo, para su sorpresa y siempre según su versión, el repartidor había situado la furgoneta a la altura de su coche cerrándole el paso e indicándole que iba a avisar a la Policía para que le denunciara.
A los pocos minutos, se personó en el lugar un motorista de la Guardia Urbana que, pese a comprobar que la camioneta impedía cualquier movimiento del vehículo mal aparcado y que su conductor ni siquiera podía salir del coche si no lo hacía por la puerta del copiloto, se apresuró a rellenar el boletín de denuncia. «El agente municipal -recoge Javier Otaola en su informe- se negó a escuchar ninguna explicación declarando que él estaba allí para multarle».
«Desafortunadamente» y aun siendo «muy verosímiles» los hechos puestos en su conocimiento «no se pueden acreditar de una manera fehaciente». Aun así, y pese a no poder proponer una infracción disciplinaria contra el agente, el Síndico sí se hace eco de su «comportamiento arbitrario y desconsiderado que afecta e interesa a la Policía Municipal como servicio municipal que no puede desentenderse de la imagen corporativa que sus agentes transmiten a la ciudadanía».
Y es que, concluye Otaola, «cuando los agentes se comportan de ese modo no sólo perjudican al ciudadano que sufre su abuso sino que comprometen el prestigio y eficacia del servicio».
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