La recalificación de Zambrana se hizo sin informes técnicos

No hubo informes firmados por técnicos que avalaran sus tesis, sólo notas sin autor en las que se defendía la polémica recalificación urbanística de 66 hectáreas que se quería impulsar en la localidad alavesa de Zambrana y que ahora está siendo investigada por el Juzgado de Instrucción número 4 de Vitoria. Así lo declaró ayer ante la comisión creada en las Juntas Generales de Álava para analizar un posible caso de corrupción urbanística el jefe del servicio foral de Equilibrio Territorial, Javier Gatón, quien en una prolija intervención, y según las fuentes consultadas, negó que sufriera presiones de índole político para defender una recalificación que al final se ha quedado en 22 hectáreas.

Uno de los momentos decisivos de este turbio procedimiento urbanístico, en el que un grupo catalán, atraído por mediadores próximos al PNV, se ha gastado ya más de cinco millones de euros en opciones de compra sobre un millón de metros cuadrados -cinco veces más de lo finalmente recalificado-, se vivió el 13 de marzo de 2009 en la reunión celebrada por la Comisión de Ordenación del Territorio del País Vasco. Allí, en representación del entonces diputado De Miguel, estaba Iñaki Nafarrate, ahora su sucesor y que votó en contra de los contundentes informes técnicos presentados por el Gobierno vasco, en concreto por el Departamento de Medio Ambiente del entonces Ejecutivo de Ibarretxe, dirigido por EA. Entre otras conclusiones, se advertía del peligro de inundabilidad.

Para justificar su negativa en aquella reunión, Nafarrate, como ayer recordó, cedió la palabra a Gatón, quien según consta en la documentación a la que ha tenido acceso EL CORREO, defendió la recalificación propuesta en base a los criterios técnicos, pero, sin embargo, las «notas» que incorporaron en aquella jornada no estaban firmadas por nadie.

Meses más tarde, con el PSE ya al frente del Gobierno vasco, la Diputación decidió dar marcha atrás y ampararse en los informes técnicos del Departamento foral de Medio Ambiente -estos sí están firmados- para apoyar sólo una recalificación de 22 hectáreas. Lo hizo ante la sorpresa del grupo inversor catalán Riera Urbanizer, que ha recurrido la decisión ante los tribunales al considerar que la orden se emitió fuera de plazo y, por ende, carecería de efecto.