Zapatero ofrece ahora mantener abierta Garoña en el marco del pacto social

El Gobierno está dispuesto ahora a ampliar la vida útil de las centrales nucleares y a aplazar el cierre de Garoña, previsto para 2013. Con este giro de su política energética, el Gabinete socialista persigue facilitar un acuerdo global con los agentes sociales en el que esté incluido el retraso de la jubilación hasta los 67 años. Los sindicatos habrían planteado esa propuesta para mantener los más de 1.500 empleos directos e indirectos que genera la planta burgalesa.

El Gobierno de Zapatero decidió no ampliar la vida de Garoña en julio de 2009, una resolución que contó con el apoyo del Ejecutivo vasco. «Cuando llegamos a una central nuclear con cuatro décadas de vida, la norma ha sido que deje de funcionar; la excepción, la prórroga», alegó entonces Zapatero, antinuclear declarado, quien resumió así su posición sobre las plantas atómicas: «Debe haber las imprescindibles, por el tiempo razonable y con la máxima garantía de seguridad».

El punto de vista parece haber variado un tanto en el último año y medio, y en aras de conseguir un pacto con los sindicatos y la patronal, el Gobierno se ha retractado de otro de sus pilares electorales. «El objetivo es que haya un acuerdo global no solamente en un área, y si los sindicatos piden que se alargue la vida útil de las centrales es algo que se tendrá que analizar», apuntó ayer el ministro de Industria, Miguel Sebastián, en la cadena Ser, antes de conocer que Garoña también iba a entrar en el paquete. Si no, ¿cómo explicar que a primera hora de la mañana hubiera considerado «firme» la decisión de cerrar la planta burgalesa?

Si como dice Sebastián la iniciativa fue de los sindicatos, éstos no se mostraron ayer precisamente satisfechos de que se hiciera pública. Comisiones y UGT, que tradicionalmente han hecho una defensa moderada de la energía nuclear, aseguraron que cuando se ha hablado de ampliar las negociaciones a cuestiones como la industria o la energía no se ha entrado en detalles, «y mucho menos» sobre el futuro de las centrales.

La oferta de ampliar la vida de Garoña tendría como destinatarios últimos a la CEOE y al PP, que congeló las negociaciones del pacto energético en este punto, sin llegar a consensuar otros temas tan complejos como la solución al déficit de tarifa acumulado, que ya ronda los 20.000 millones de euros, o la futura composición del parque de generación. En la actualidad, y pese a la apuesta programática de Zapatero por las energías renovables, algo más del 20% de la energía que se produce en España sigue siendo nuclear. El Gobierno quiere ganarse la voluntad de los populares ante la votación de las recomendaciones del Pacto de Toledo para la reforma de las pensiones, prevista para el 25 de enero.

El PP, que en su día se opuso al cierre de Garoña, no desaprovechó la ocasión de poner en evidencia las contradicciones de Zapatero. «Yo hace mucho que renuncié a entender las decisiones del PSOE», señaló la portavoz popular en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, mientras desde ICV se anunció que pedirán la comparecencia del presidente para que dé explicaciones en foro parlamentario. Por su parte, la organización ecologista Greenpeace calificó de «incomprensible» el cambio de criterio y se preguntó «cómo piensa Zapatero crear ese millón de empleos verdes que anunció en la Cumbre del G-20 en Seúl» si mantiene su apoyo al carbón y, ahora, a la energía nuclear.

Posturas «distantes»

Mientras tanto, las posturas del Gobierno, los sindicatos y los empresarios sobre los cambios en el mercado laboral siguen «distantes», según reconoció ayer la secretaria de Estado de Empleo, María Luz Rodríguez. El presidente de CEOE, Joan Rosell, explicó que hay momentos de optimismo pero, «de repente», los negociadores se «atragantan» con algún número y deben dar marcha atrás.

La ampliación de la vida laboral sigue siendo el principal escollo, y las condiciones y excepciones que deberían acompañar al retraso de la jubilación a los 67 años capitalizan las conversaciones. Miles de delegados de CC OO y UGT se encerraron ayer en las sedes provinciales y comarcales del Instituto Nacional de la Seguridad Social para expresar su rotundo rechazo a esta medida. Aun así nadie ha dejado la mesa de negociaciones. Asimismo, los secretarios de Acción Sindical de Comisiones, Ramón Górriz, y UGT, Toni Ferrer, se reunieron ayer con el secretario general de CEOE, José María Lacasa, para negociar la reforma de la negociación colectiva.

Todo indica que en menos de tres meses habrá que llegar al pacto global. En su primera comparecencia ante los medios de comunicación, el nuevo presidente de los empresarios mostró ayer su incondicional disposición a alcanzar un acuerdo entre Gobierno, grupos políticos y agentes sociales. Para Joan Rosell, la situación es «suficientemente crítica y delicada» como para llevar a cabo un pacto global, «aunque en ese intento nos podamos quemar». De ahí que la intención de la CEOE no pasa por defender en las negociaciones un «programa de máximos». «Los empresarios somos posibilistas, pactistas, sabemos hasta dónde podemos llegar», manifestó.