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O. B. DE OTÁLORA
Viernes, 14 de enero 2011, 12:24
El proceso abierto por un juez de Vitoria sobre la trama de espionaje en Álava confirma que desde la unidad antiterrorista de la Ertzaintza se realizaron investigaciones extrajudiciales sobre el PP en la provincia. En este caso se encuentran imputados dos agentes de esta división, así como el antiguo burukide del PNV Aitor Telleria. El titular del Juzgado de Instrucción número 4 de la capital alavesa, Roberto Ramos, levantó ayer el secreto de sumario que pesaba desde mayo sobre la causa y que consta de 3.000 folios. Mantiene las acusaciones sobre los tres sospechosos. La actuación judicial, en la que han sido desvelados los primeros 70 folios, ha permitido saber también que el magistrado ordenó examinar todos los ordenadores de la brigada antiterrorista, al parecer, para conocer si fueron usados -y de qué manera- dentro de los manejos de esta trama.
El polémico 'caso del espionaje' se inició como consecuencia de una investigación sobre otro tema de hondo calado en la política vasca, la supuesta red de corrupción que afecta a varias personas ligadas al PNV y a la Diputación alavesa en el denominado 'caso De Miguel'. Al analizar el ordenador de Aitor Telleria -exnúmero dos del líder del Araba buru batzar, Iñaki Gerenabarrena-, que está inmerso también en esa causa, la Policía encontró documentos sobre empresarios y políticos vitorianos, en los que se relataban cuestiones referidas a su vida privada e incluso se insinuaba la supuesta comisión de delitos por algunos de ellos. A varias personas se las relacionaba además con el Centro Nacional de Inteligencia.
A raíz de este hallazgo, el titular del juzgado imputó un delito de revelación de secreto a dos ertzainas de la unidad, que, supuestamente, fueron los responsables de enviar esos informes a Aitor Telleria, y abrió un proceso que dura, de momento, ocho meses y que ha destacado por su delicada condición. Aparte del carácter insólito del caso de espionaje, toda la tramitación judicial ha debido mantener un extremo cuidado en que no se desvelasen datos pertenecientes a la propia labor de la unidad, la lucha contra el terrorismo, ni otros que pudieran poner en peligro las medidas de seguridad sobre los espiados, en muchos casos cargos amenazados por ETA.
El magistrado ha llamado a declarar en ese tiempo a los afectados y reclamado abundante documentación del Departamento de Interior, al tiempo que se han examinado listados de correos electrónicos y llamadas entre móviles. Los investigadores también han practicado decenas de pruebas para conocer la información que pudieron manejar los ertzainas, tanto en las bases de datos de la propia Policía vasca como en los distintos ordenadores que utilizaron en la unidad. Todas las diligencias están centradas en 2008, cuando el Departamento de Interior lo dirigía el jeltzale Javier Balza.
Una de las piezas que, aparentemente, cobra gran importancia apareció precisamente durante esa labor de rastreo. Los expertos designados para analizar la documentación del caso descubrieron referencias a una investigación abierta por la unidad antiterrorista sobre el PP de Vitoria, tal y como se infiere de las diligencias hechas públicas ayer. La existencia de esa investigación en torno a los políticos populares consta en un listado que Interior ha ido enviando al juez sobre informes que obraban en poder de la brigada y, en principio, supone un hallazgo valioso puesto que no se hallaba entre los archivos incautados en el ordenador de Telleria.
Interior hace alusión a este dossier sin que figure que se trata de una causa judicializada o abierta a partir de la existencia de indicios de delito. Este hecho indicaría, según fuentes consultadas por este periódico, que los policías encargados de redactarlo reunieron información de forma general, sin que existiera ninguna investigación en curso. Al parecer, en el primer listado enviado al juez no había datos que pudieran identificar a los autores del informe, ni si participaron los dos agentes que ya están acusados o se trata de otros funcionarios.
También del PSE
Hasta ahora se ignoraba la existencia de informes globales elaboradores desde esta unidad. Sí que se conocían otros documentos, pero todos ellos encontrados en poder del exnúmero dos del PNV alavés. No solo sobre el PP. Algunos se centraban en el alcalde de Vitoria y su teniente de alcalde, los socialistas Patxi Lazcoz y Juan Carlos Alonso, así como en Txarli Prieto, secretario general del PSE en el territorio.
En el caso de los populares, el acusado también disponía de un dossier sobre el juntero Santiago Abascal y su hermano. «Antes nos espiaba ETA y ahora lo hace el PNV», llegó a denunciar el político conservador poco después de destaparse el escándalo. La dirección peneuvista ha reclamado a Telleria que entregué su carné de afiliado.
Otra clave de la investigación, que continúa en marcha, pasa por comprobar la supuesta relación entre la documentación a la que tenían acceso los ertzainas en función de su cargo y la encontrada en poder del antiguo burukide. Según han señalado a este periódico fuentes de la investigación, hay un archivo en formato 'Word' localizado en poder de este último del que se desprende que los dos agentes pudieron consultarle con qué personas debían hablar para obtener informaciones. En otro se alude a posibles datos que ha podido reunir otro ertzaina que, aunque aparece citado en el sumario, no ha sido imputado en la trama.
El juzgado ha solicitado todos los ordenadores de la unidad antiterrorista de Álava para examinar su contenido. Los expertos han realizado incluso pruebas para intentar determinar si estos terminales fueron utilizados para enviarle correos electrónicos al propio Telleria.
El excargo peneuvista contaba también con dossieres sobre empresarios, directivos del Sindicato Empresarial Alavés y un asesor del alcalde, o sobre supuestas irregularidades cometidas por funcionarios municipales: rumores que no formaban parte de ninguna investigación de la Policía autónoma.
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