Pedraz permite la marcha por los presos de hoy al no hallar vínculos con Batasuna

Aunque pueda ser «aprovechada» por algunas organizaciones para «otros fines ilícitos» como el apoyo a ETA, la manifestación convocada para hoy en Bilbao para reclamar el acercamiento al País Vasco de los presos de la banda no es ilegal y podrá celebrarse. Así lo decidió ayer el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz en un auto en el que desoyó los requerimientos de diversas asociaciones de víctimas y de Dignidad y Justicia al subrayar que es «evidente» que los organizadores de la misma «no tienen vinculación con ninguna organización ilegalizada». En todo caso, el magistrado ordena a la Ertzaintza y a las fuerzas de seguridad que vigilen el acto para que no se produzca ningún delito de enaltecimiento del terrorismo. De haberlo, ordena su disolución.

La marcha fue presentada el pasado 13 de noviembre en Durango por diferentes representantes del ámbito político, social y sindical vasco. Además de diversos familiares de presos, el acto contó con la presencia de, entre otros, Unai Ziarreta, exsecretario general de Eusko Alkartasuna; y el catedrático de la UPV Iñaki Antigüedad. El manifiesto, redactado por el bertsolari Jon Maia, denunciaba la actual política penitenciaria y consideraba que de no modificarse, «negaría el oxígeno» necesario al «nuevo ciclo» que, a su juicio, se estaba abriendo en Euskadi.

De hecho, por aquellas fechas empezó a especularse con la posibilidad de que ETA emitiese un comunicado en el que respaldase la Declaración de Gernika -suscrita en septiembre por la izquierda abertzale, Aralar y EA- y anunciase una tregua «permanente, verificable y unilateral». Una vez hecho público el alto el fuego, y para apuntalar el proceso de paz, el Gobierno tendría que responder con un movimiento en las cárceles. La manifestación de hoy, respaldada previsiblemente por miles de personas, sería una herramienta de presión.

Pero, a escasas horas de su arranque, ETA no ha cumplido su parte. El comunicado no ha salido a la luz, dejando tanto a la izquierda abertzale como a los que han apostado por las vías políticas en una situación comprometida. Y los plazos se agotan. Rufi Etxeberria aventuró a mediados de diciembre que el Olentzero traería buenas noticias. Han pasado los Reyes y no se sabe nada.

Aun así, la marcha ha sido respaldada por la izquierda abertzale, Eusko Alkartasuna, Aralar, Abertzaleen Batasuna, Alternatiba, ELA, LAB, ESK, Etxerat e, íncluso, ocho jugadores de la Real Sociedad. El apoyo dado por el colectivo de familiares de presos de ETA había sido uno de los motivos que habían esgrimido la Asociación de Víctimas del Terrorismo, Verde Esperanza -grupo presidido por Francisco José Alcaraz- y Dignidad y Justicia para pedir a la Audiencia Nacional la prohibición de la marcha.

Sin embargo, en su auto de apenas cuatro folios Pedraz es rotundo: «no hay base para apreciar que tras la convocatoria se encuentre ETA u otra organización terrorista a ella asimilada, ni que se pretenda una exaltación de las mismas ni tampoco descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas de los terroristas o de sus familiares».

El magistrado admite que a Etxerat sí se le han vetado convocatorias similares, pero subraya que no son casos comparables ya que, en este caso, la asociación de familiares de presos no es la organizadora, sino que se ha sumado con posterioridad. Además, recalca que la reivindicación que encabeza la marcha -'Con todos sus derechos, los presos políticos vascos al País Vasco. Demos un paso adelante'- «no es ilegítimo» ya que solo plantea una «modificación de la política penitenciaria».

Para Pedraz, no cabe prohibir «el elogio o la defensa de ideas o doctrinas, por más que estas se alejen o incluso pongan en cuestión el marco constitucional», ni tampoco la expresión de «opiniones subjetivas sobre acontecimientos históricos o de actualidad», como calificar «a los presos como políticos».

Informes contradictorios

Asimismo, el juez hace constar una total contradicción entre los diferentes informes policiales que le han enviado los diversos cuerpos. Mientras el de la Guardia Civil manifestaba que «un número importante» de los organizadores «han participado como candidatos o interventores» de Batasuna, EHAK o ANV, el de la Policía Nacional iba en sentido contrario: «atendiendo a la identidad de los convocantes resulta evidente que no tienen vinculación con ninguna organización ilegalizada». La Ertzaintza se quedó en un punto intermedio señalando que «algunos de los convocantes» sí tienen relación con Batasuna.

Según Pedraz, hay una «coincidencia de ideas entre organizaciones ilegalizadas y otras democráticas». Y para evitar que las primera acaben fagocitando a las segundas, el juez de la Audiencia Nacional insta a la Ertzaintza a que vigile el recorrido y evite un enaltecimiento del terrorismo. En caso de que se produzca, el magistrado autoriza a las fuerzas de seguridad la «disolución» de la manifestación dentro «del ámbito de la proporcionalidad».