El juez rechaza reabrir la causa contra Julio Ibarra por el incendio en la sede de Metro

El Juzgado de Instrucción número 7 de Bilbao ha rechazado el recurso que presentaron los actuales gestores del metro para intentar reabrir el proceso penal contra Julio Ibarra, ex director de Comunicación de la entidad, al que responsabilizan de un incendio que se produjo hace dos años en la sede del suburbano. El magistrado, que había archivado la causa en octubre, ha confirmado su decisión y descarta imputar al periodista al considerar que no existen indicios de delito en su actuación. La dirección de la compañía pública de transporte podría ahora desistir o, por el contrario, presentar una apelación ante la Audiencia de Vizcaya.

Los hechos denunciados por Metro Bilbao sucedieron en la madrugada del 4 al 5 de junio de 2008. La quinta planta de las oficinas centrales de la empresa fueron pasto de las llamas poco después de la medianoche. Los daños causados por el fuego fueron valorados en más de medio millón de euros y la aseguradora sólo se hizo cargo del pago de una parte de la factura.

El auto de archivo de la denuncia fue recurrido a finales de octubre por el gabinete jurídico del suburbano, que insistió en la responsabilidad penal de Ibarra, al que acusan de haber cometido «una imprudencia grave» por haber fumado en su despacho y no haber apagado correctamente una colilla.

Los abogados de Metro Bilbao apelaron en contra del criterio del fiscal, que se posicionó a favor del ex director de Comunicación y pidió al titular del Juzgado de Instrucción número 7 de Bilbao que confirmara su decisión. Así lo hizo el magistrado en un auto firmado el pasado 7 de diciembre. «Los argumentos aportados por el recurrente no justifican que se modifique la decisión adoptada», apunta el juez, que reprocha al suburbano haber planteado unas alegaciones, «cuya refutación se encuentra en realidad en los propios razonamientos expuestos en el auto recurrido».

Julio Ibarra entró en Metro Bilbao en 2005. Fue despedido a mediados del año pasado. Un tribunal calificó de improcedente la rescisión de su contrato y obligó en septiembre a la compañía pública de transporte a abonar una indemnización de 80.000 euros.