Ciudadanos, abogados y transparencia

El ciudadano de hoy ya no puede limitarse a votar; tiene que prestar atención al modo en que sus gobernantes administran y gestionan los dineros públicos. Por eso, es un reto para los sistemas democráticos la mejora y el aumento de los niveles de participación ciudadana en los asuntos de interés público. Para ello es necesario el conocimiento de los mismos. El derecho a la información, que está garantizado constitucionalmente, viene a satisfacer esa necesidad cívica.

Pero no basta con que los derechos existan. El ciudadano común no está preparado para enfrentarse a la maquinaria burocrática con una mirada controladora. Puede sucumbir en el intento. Tratándose, pues, de nuevas herramientas democráticas, los ciudadanos deben recibir la instrucción necesaria para hacer uso de ellas o ser debidamente asistidos. En ese afán pueden ser auxiliados por abogados que deseen acompañar este sano ejercicio cívico en beneficio de toda la comunidad a través de una colaboración 'pro bono', sin cobrar honorarios.

Si miramos el panorama español, cabe celebrar como una gran noticia el todavía flamante convenio suscrito entre el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) y Transparencia Internacional España (TIE) en julio, que tiende a marcar una tendencia muy novedosa en la vida cívica. La idea que subyace tras él tiene, naturalmente, la pretensión de extenderse a otras jurisdicciones de España. En este sentido, el decano del Ilustre Colegio de Abogados del Señorío de Vizcaya, Nazario Oleaga, me acaba de transmitir su apoyo a la idea y su interés de firmar cuanto antes un acuerdo similar; espera, además, respuesta de otras colegios pertenecientes al Consejo Vasco de la Abogacía. A través de este tipo de acuerdos se pretende fomentar un activismo concreto de los ciudadanos en torno a cuestiones vinculadas con la tarea de administración y gobierno mediante el ejercicio de su derecho a la información con asistencia letrada.

Es importante subrayar que el ciudadano o la organización que requiera valerse de este convenio no necesariamente debe carecer de recursos económicos. Es más, es casi seguro que ello nunca ocurra. Esto no tiene nada que ver con el turno de oficio. Se trata de que un ciudadano responsable se comprometa con una labor cívica en interés de todos -más allá de su interés personal directo- y que para ello cuente, insisto, con un auxilio letrado 'pro bono'.

De este modo, TIE actúa fomentando la transparencia que se genera con este tipo de acciones y el ICAM, cumpliendo el tantas veces proclamado rol social de la abogacía, registrando a los letrados que deseen sumarse a este tipo de acciones.

Esta experiencia que está dando sus primeros pasos en Madrid supone que los casos que se están analizando tengan que ver con las administraciones públicas con sede en su ámbito territorial. En otras palabras, los ciudadanos pueden estar interesados en cuestiones gestionadas por el Ayuntamiento, por la Comunidad de Madrid y por la Administración central del Estado.

No hay limitación conceptual para proponer las cuestiones que se desean conocer y que integran el derecho de los ciudadanos. Será labor del abogado interviniente evitar que se pidan informaciones que puedan resultar fácilmente obtenibles a través de los boletines oficiales. Se trata, más bien, de informaciones cuya complejidad en la obtención resulte manifiesta.

La lista de temas posibles podrá construirse a partir de los cometidos de las diferentes administraciones (cultura, sanidad, trabajo, fomento, industria, hacienda, educación, etcétera). Tanto una cuestión vinculada con la gestión urbanística o la conservación del patrimonio cultural como el texto de un contrato relacionado con los servicios públicos pueden caer en el ámbito de esta labor que se pretende fomentar. El ciudadano podría querer conocer, por ejemplo, los detalles de un procedimiento licitatorio o de una contratación directa accediendo al expediente respectivo.

Los casos podrán ser planteados, a través de una simple petición de información, en la sede de las propias administraciones, y luego continuar, si fuere menester, en el ámbito judicial cuando hubiera silencio o actos denegatorios.

Es oportuno señalar que TIE viene trabajando en España con una herramienta denominada Índice de Transparencia de los Ayuntamientos (ITA) para medir el nivel de trasparencia, ante los ciudadanos y la sociedad, de más de un centenar de consistorios a través de una encuesta que contiene 80 indicadores vinculados con: (a) la información sobre la corporación municipal, (b) las relaciones de los ciudadanos con la sociedad, (c) la transparencia económico financiera, (d) la transparencia en las contrataciones de servicios, y (e) la transparencia en materia de urbanismo y obras públicas.

El Ayuntamiento de Bilbao ha obtenido este año, junto con los ayuntamientos de Gijón, Ponferrada, Puerto de Santa María, Sant Cugat del Vallés y Sabadell, el Premio de Transparencia Municipal 2010. Repite, así, los excelentes resultados que obtuvo en 2008 (primer puesto) y en 2009 (segundo).

El propósito evidente de esta acción de TIE es fomentar la cultura informativa de las corporaciones locales. Si los ciudadanos no observan aquello que los ayuntamientos ponen a su vista, la transparencia no sirve de nada.