Euskadi precisa una inversión de 1.000 millones para blindarse contra las riadas

Poner a punto las redes de abastecimiento y saneamiento, y acometer las obras necesarias para prevenir las cíclicas inundaciones que afectan a Euskadi va a requerir un enorme desembolso, que el Gobierno vasco ha calculado en cerca de 2.500 millones de euros, casi tanto como el presupuesto de Osakidetza para un año y la mitad, por ejemplo, de lo que costará construir el tren de alta velocidad (TAV). Tal inversión, cuyo importe se repartirán las instituciones en función de su ámbito de responsabilidad, se efectuará a lo largo de la presente década. Los planes hidrológicos de las cuencas vascas -la cantábrica, la del Ebro y las cuencas internas-, ahora en elaboración y donde se recogen las actuaciones más perentorias, tienen como horizonte el año 2015, pero el Ejecutivo admite que muchas de las soluciones deberán demorarse más allá de esta fecha por la falta de disponibilidad económica y la complejidad de algunas obras.

Euskadi no es una comunidad mal dotada, en términos generales, en materia de abastecimiento y saneamiento. El grueso de la población tiene garantizado el suministro de agua de buena calidad en sus hogares. Solo en aquellas localidades que han evitado invertir en las última décadas en sus canalizaciones tienen ahora problemas en este sentido. Las inundaciones son otro cantar, admite el Gobierno vasco, que reconoce como «el principal problema». Son frecuentes las avenidas cuando se producen lluvias intensas, mareas vivas o rápidos deshielos en los montes tras las nevadas.

Los tres apartados preocupan casi por igual y se estima que la inversión necesaria para poner a punto el sistema debería repartirse de la siguiente forma: 1.000 millones de euros para obras anti-inundaciones, otros 1.000 millones para actuaciones en las redes de saneamiento y depuración, y 500 millones para asegurar un abastecimiento «universal en cantidad y calidad», señala el Departamento de Medio Ambiente. Huelga decir que en una situación de crisis económica no será fácil obtener tantos recursos. Apenas podrá hacerse frente a la mitad antes de 2015, de manera que el resto quedará para el sexenio posterior, hasta 2021.

En lo que se refiere al suministro de agua potable, el área de la consejera Pilar Unzalu sostiene que «el País Vasco dispone de una sólida infraestructura de abastecimiento gracias a las inversiones efectuadas en las últimas décadas y a la labor que realizan los principales consorcios y mancomunidades». Pese a ello, se detectan en el plan algunas «carencias puntuales, que se traducen en una inversión pendiente de 500 millones de euros», apunta el Ejecutivo. Estas actuaciones se deberán llevar a cabo de forma perentoria en las cuencas internas de la zona de Urdaibai (Gernika y su comarca), en la Llanada Oriental alavesa, en Zuia y en otros puntos de la red vasca, donde se procurará duplicar las principales conducciones de suministro para minimizar su vulnerabilidad. Esto es, para que en caso de accidente o rotura exista una conducción alternativa que permita mantener el abastecimiento mientras se repara la tubería principal. Este es un trabajo preventivo que ya ha acometido Vitoria, por ejemplo, que en 2006 desdobló la canalización desde la principal estación depuradora que abastece a la ciudad, lo que costó casi 6 millones de euros.

Recuperación de los cauces

En materia de saneamiento y depuración de aguas residuales, el Gobierno recuerda que «hace apenas 25 años, los ríos y estuarios vascos recibían todos los vertidos. Desde entonces se han ejecutado importantes obras que han permitido una recuperación, a veces sobresaliente, de la calidad de nuestras aguas». No obstante, aún quedan actuaciones en el tintero: sobre todo en las cuencas internas de Urdaibai y Ermua, en el valle de Ayala y, en la cuenca del Ebro, en las localidades de Salvatierra, Zuia y Oion. La inversión en este apartado ascenderá a los 1.000 millones de euros, según los cálculos gubernamentales.

En tercer lugar, cobran especial dimensión las medidas previstas en el plan anti-inundaciones, que incorpora actuaciones por valor de mil millones de euros. «Además de medidas preventivas, cuyo objetivo es no crear nuevos 'puntos negros', debemos acometer la solución de un pasivo histórico de gran magnitud», admite Medio Ambiente. «Son numerosas las ciudades, pueblos y áreas de actividad económica sujetos a riesgos de inundación», agrega.

Los puntos más conflictivos en caso de fuertes lluvias o nevadas son conocidos, sobre todo por los vecinos que sufren las consecuencias. No es extraño ver en al menos una ocasión cada año cómo está a punto de desbordarse el Cadagua en Alonsotegi, el Gobela en Getxo, el Zadorra en Vitoria, el Nervión en Bilbao y la comarca de Ayala o el Oria en Guipúzcoa, todas ellas zonas calificadas de «riesgo alto». El Ejecutivo también cree conveniente actuar en San Sebastián, Mungia, Basauri, Galdakao y Abadiño.

Parte de la actuación contra las inundaciones, admite Medio Ambiente, debe centrarse en la recuperación morfológica de las masas de agua. «Existen muchos tramos en los que el cauce original y su vegetación de ribera han sido sustituidos por cauces artificiales, muros de piedra u hormigón». Esto no solo es negativo para el discurrir natural del río sin embotellamientos que produzcan avenidas, sino que también lo es para el «ecosistema acuático y para su recuperación integral». A esta tarea se pretenden dedicar 100 millones de euros en los próximos años.