Los internautas sabotean las webs de los partidos en protesta por la 'ley Sinde'

La protesta de los internautas contra los partidos políticos por la 'ley Sinde' cuajó ayer en la Red, al menos durante media hora. Convocados por el grupo Anonymousvalenciano, los activistas comenzaron sobre las seis de tarde a entrar masivamente en las páginas del PSOE, CiU, PNV y PP para desbordar la capacidad de sus servidores y así bloquearlos. Sólo se salvó la web de los socialistas, pero su uso estaba limitado a los contenidos anteriores a la acción. Para las siete de la tarde ya se podía navegar por todas, aunque de un modo más lento que el habitual.

El sabotaje a las páginas de los partidos, tipificada como un delito informático, se convocó para protestar por la tramitación final hoy en el Congreso de los Diputados de la Ley de Economía Sostenible. La norma prevé, en una disposición adicional, el cierre de los 'sitios' que permitan la descarga de archivos protegidos por derechos de autor, ya sea música, películas, libros o videojuegos.

El descontento ante esta medida fue creciendo y organizándose durante todo el pasado fin de semana. El domingo cerraron las páginas de descargas más populares en España, como Seriesyonkies, Seriesdanko y Cinetube. Al entrar en ellas aparecía un fondo negro y un texto en el que manifestaban su rechazo a la 'ley Sinde'. Fuentes de los operadores de acceso a Internet estimaron en un 50% la caída del tráfico de descargas como consecuencia de esta acción conjunta, inédita hasta ahora y muy reveladora del grado de cohesión de estas páginas.

A ella se sumó ayer el sabotaje de las webs de los partidos, organizada por la sección española de Anonymous, el grupo que logró cerrar las páginas de Mastercard y Visa el pasado 8 de diciembre por su posición contraria a recaudar fondos para Wikileaks. Como parte de la misma acción, los internautas enviaron miles de correos electrónicos a las direcciones de los diputados en el Congreso. El alud de mensajes colapsó el acceso a las cuentas sobre las seis de la tarde, lo que obligó a los informáticos de la Cámara Baja a implantar filtros más potentes contra el correo basura.

El grupo socialista sacará adelante la norma con el apoyo de CiU y la oposición del PNV, que si bien pactó la Ley de Economía Sostenible con Zapatero, critica la inclusión de la disposición adicional y pedirá que se saque a una votación distinta. Según el diputado Aitor Esteban, las medidas contra la piratería deberían discutirse en una comisión que aborde la reforma de la Ley de la Propiedad Intelectual, algo que llegó a hacerse si bien la elaboración en paralelo de la disposición la condujo a una callejón sin salida.

«Como vender vino robado»

El aspecto más polémico de esta medida auspiciada desde el Gobierno de Zapatero estriba en el mecanismo ideado para inspeccionar páginas sospechosas de delito. Ante la denuncia de un particular o de una entidad de gestión de derechos -por ejemplo, la SGAE o CEDRO-, la denominada Comisión de Propiedad Intelectual, cuya fórmula de composición aún está en el aire, investigaría el caso y escucharía las alegaciones de las páginas denunciadas para que luego, en un plazo máximo de cuatro días, dictamine la Audiencia Nacional si las bloquea o no.

Es precisamente esa instancia de la Administración como parte activa del proceso la que más reticencias levanta en la mayoría de los grupos parlamentarios, incluido el del PNV. A su juicio, las denuncias sólo las deben resolver los tribunales. De hecho, en la negociación entre socialistas y nacionalistas catalanes que se desarrollaba ayer la cuestión básica se centraba en la creación de un mecanismo de arbitraje para restar poder a la nueva comisión.

La ministra de Cultura, Ángeles González Sinde, que ayer estaba en Oviedo, criticó a las webs que a su juicio tratan de aprovecharse del trabajo ajeno. «Es como si alguien abre un bar y vende vino robado de un almacén. De ello no se beneficiarían ni quien recoge la uva, ni el bodeguero ni quien transporta el vino. La cadena de valor y el beneficio a la comunidad se rompen», explicó.

Por su parte, la Asociación de Internautas anunció que recurrirán la ley al Tribunal Constitucional si la nueva normativa sale adelante porque, a su juicio, vulnera el derecho a la libertad de expresión, mientras en algunas listas de correo electrónicos distintos profesionales de la Red criticaban el sabotaje por su ilegalidad.