23 años sin pagar el crédito de la vivienda social

Veintitrés años sin pagar el crédito de una vivienda adquirida en propiedad. Es el 'récord' que aparece en el listado de 31 morosos a los que el Gobierno vasco ha enviado requerimientos de pago por no haber devuelto un céntimo de los préstamos a largo plazo que les concedió entre 1987 y 2003 para comprar pisos sociales por menos de 40.000 euros. En conjunto, las personas incluidas en esa relación adeudan más de medio millón de euros a la Administración vasca, que les ha dado un mes para devolverlo porque, después de haberles ofrecido varias opciones para reintegrarlo, se ha encontrado con que los afectados simplemente se han negado.

Avisos por carta

De esos morosos contumaces, una decena acumula diez años o más de cuotas mensuales sin haber hecho siquiera ademán de empezar a pagar las viviendas sociales que les entregaron en el Ejecutivo, más baratas que las de protección oficial (VPO). No obstante, más difícil de entender es que, en todo ese tiempo, el Gobierno de Vitoria tampoco haya hecho nada por recuperar el préstamo, aparte de enviar cartas a los interesados cada cierto tiempo.

Según fuentes del Departamento de Vivienda, junto a los 31 deudores que han sido advertidos de que deben pagar treinta días, se han detectado otras 164 personas con más de un lustro pendiente, así como 16 inquilinos que tienen deudas igual de largas, pero en cuotas de alquiler. No obstante, los miembros de esos dos últimos grupos, bien han devuelto el dinero, bien han negociado la manera de reembolsarlo, dos fórmulas con las que la consejería de Iñaki Arriola espera recuperar medio millón de euros. «Hemos actuado contra 211 personas, porque no existe ninguna razón 'social' para que continúen incumpliendo su obligación», argumentaron en el Departamento de Vivienda.

El fraude, que afecta a 120 inmuebles en Vizcaya, 73 en Guipúzcoa y 18 en Álava, ha salido a la luz debido a las penurias presupuestarias de la Administración vasca, que han obligado al actual Gobierno de Patxi López a buscar recursos debajo de las piedras. Al levantarlas se han encontrado con que, de las 5.600 viviendas sociales que se adjudicaron en propiedad hasta mediados de los 90 -desde entonces se entregan en alquiler salvo casos de realojo- en algo más de un millar de casos aparecían cuentas pendientes por un importe global de 5,4 millones de euros.

La consejería de Iñaki Arriola explicó ayer a EL CORREO que, dejando a aparte los 211 deudores contra los que ya ha intervenido, el resto son demoras en los pagos por causas diferentes. «Por regla general -señalaron en Vivienda-, cuando hay un motivo de fuerza mayor, es el propio afectado el que llama apurado al Gobierno vasco para avisar de que, en un momento dado, no pueden pagar. En esos casos tratamos de buscar una solución al problema».