Acusan de prevaricación al teniente de alcalde de Muxika

La plataforma vecinal SOS Muxika sigue firme en su pulso contra la empresa Inama, que en la actualidad carece de la correspondiente licencia ambiental y de actividad, así como contra el equipo de Gobierno municipal. Su último movimiento ha sido solicitar al juzgado de Instrucción número 1 de Gernika que abra una nueva investigación penal contra el teniente de alcalde, José Félix Alegría, por un presunto delito de prevaricación ambiental y denegación de auxilio al no ordenar la paralización de las actividades de la maderera «tal y como le obliga la Ley de Protección del Medio Ambiente del País vasco y la Ley del Suelo», explican los demandantes.

El pasado mes de marzo, el Ejecutivo autónomo retiró a la compañía la Autorización Ambiental Integrada (AAI) por no adoptar, dentro del plazo exigido, medidas correctoras para reducir las emisiones de partículas contaminantes a la atmósfera. Asimismo, el Consistorio inició en septiembre la revocación de la licencia de la explotación que, según SOS Muxika, fue concedida por Alegría «a sabiendas de que la AAI iba a ser anulada, lo que supone prevaricación».

Asimismo, los denunciantes recalcan que el Ejecutivo muxikarra «todavía no ha ordenado que se realicen las comprobaciones e inspecciones correspondiente por los vertidos y ruidos que genera la factoría». Y este hecho representa, en su opinión, «un delito de denegación de auxilio». El teniente alcalde cuenta con competencias para otorgar permiso de actividad a Inama dado que el primer edil, Jon Mikel Gainza, está recusado para tomar decisiones relacionadas con la firma por su condición de trabajador en la misma.

Causa abierta

La solicitud de imputación de José Félix Alegría por parte de SOS Muxika se suma a la causa abierta ya contra el actual gerente de Inama, Marcos Antonio Díaz, por un delito de lesiones contra la salud pública debido a la actividad de la compañía. Los dos anteriores responsables de la fábrica también fueron denunciados pode elito ambienetal, aunque posteriomente ersultaron absueltos. Entre tanto, los trabajadores de la empresa, una de las más importantes de la comarca -cuenta con una plantilla de 160 operarios-, exigen tanto a las administraciones como a los responsables de la compañía que busquen una solución que garantice la continuidad de sus puestos.

De momento, el comité de empresa ha mantenido sendas reuniones con la Diputación y el Gobierno vasco para encontrar una alternativa de futuro a la fábrica.