El Gobierno vasco retirará este mes la ayuda social a 6.262 hogares por irregularidades

Un total de 6.262 hogares vascos dejarán de percibir este mes de diciembre las ayudas sociales que vienen complementando sus escasos ingresos al haberse detectado irregularidades en la situación de sus titulares o perceptores. En concreto, dejarán de recibir la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) -que de media se eleva a los 700 euros al mes- aquellas unidades convivenciales donde se incumple uno de los requisitos establecidos en la Ley vasca que regula la concesión de estas ayudas, exactamente el que obliga a los perceptores a estar apuntados en los servicios de empleo -básicamente en el antiguo Inem- durante todo el tiempo por el que perciban dinero público. El Departamento de Empleo y Asuntos Sociales ya ha dado orden a las diputaciones forales de comunicar a los titulares de estos 6.262 expedientes que perderán el subsidio, aunque podrán recuperarlo en enero si subsanan esta carencia.

La consejera del área, Gemma Zabaleta, anunció a finales de noviembre que la Administración vasca iba a comenzar, «por primera vez», un profundo proceso de revisión de la situación de todos los perceptores de ayudas sociales, para asegurar la eficacia de las ayudas, poner coto a posibles fraudes y, en último caso, para garantizar que se cumplen los requisitos marcados en la Ley, «que además faculta expresamente al Gobierno vasco para llevar a cabo estas tareas de comprobación», sostiene el Departamento. En su conjunto, el plan contempla revisar «uno a uno» los 88.000 expedientes de ayudas sociales que existen en Euskadi: 55.000 de Renta de Garantía de Ingresos, 14.000 de Prestación Complementaria de Vivienda y 19.000 de AES, en números redondos.

La primera fase de esta revisión se ha dado por concluida y ha desvelado una importante bolsa «no tanto de fraude, sino de irregularidades», matizaron ayer desde el Departamento de Zabaleta. El primer análisis llevado a cabo por el Ejecutivo se ha centrado en comprobar si los perceptores de la RGI cumplen el requisito legal de mantener «viva» una actitud de búsqueda de empleo, lo que se materializa en que estén apuntados -y con la inscripción en vigor- en el antiguo Inem o en su caso el Servicio Vasco de Empleo (Lanbide). En tres de cada diez casos, este requisito -que supone estar disponible para ser llamado para un puesto de trabajo o un curso de formación- se incumple.

De acuerdo a los datos facilitados ayer por Empleo y Asuntos Sociales, se han cruzado los datos de 20.000 hogares perceptores de RGI: aquellos cuyos titulares son personas entre 23 y 60 años «empleables», es decir, sin contar pensionistas, discapacitados o vascos en situación de alta exclusión, colectivos que suman otros 20.000 subsidiados, aproximadamente. Tampoco se ha incluido a los inmigrantes (unos 15.000), cuya situación será objeto de un análisis posterior. Del total de expedientes investigados -con los datos del mes de noviembre-, 6.262 incumplían el requisito.

Pueden volver a cobrar

La consecuencia va a ser inmediata. El Ejecutivo ya ha dado orden a las diputaciones forales para que comuniquen a esos hogares -que en total suman 9.337 personas- que no van a recibir este mes el pago, que habitualmente se efectúa entre los días 25 y 30 con el dinero que la Administración vasca deriva a las instituciones forales, que son las que a su vez ingresan el subsidio en las cuentas bancarias de los beneficiarios. Para estos domicilios, por tanto, no habrá salario social en Navidad porque el Gobierno no va a girar los fondos necesarios para afrontarlos. En conjunto, las ayudas que van a ser retiradas tienen un peso económico estimado de 4,3 millones de euros. En el año 2011, la Administración vasca prevé gastar 280 millones en pagos de RGI.

La Administración vasca no se atreve a señalar una causa de esta elevada bolsa de irregularidades, que alcanza el 31% de los expedientes analizados. Puede deberse a 'olvidos' de los titulares a la hora de renovar su carné del paro, a la existencia de economía sumergida u otras causas, pero el Ejecutivo no apunta concretamente a ninguna de ellas. Los perceptores que vean eliminadas sus ayudas este mes, con todo, pueden volver a recibirlas a partir de enero si subsanan su situación, es decir, si se inscriben en los servicios de empleo y vuelven a ser considerados «demandantes activos» de un puesto de trabajo, como marca la ley. No se ha de descartar, por tanto, que en enero se produzca un repunte de las cifras oficiales de desempleo en Euskadi como consecuencia de una 'regularización' masiva de parados para volver a cobrar la ayuda social.

Por territorios, el análisis señala que el grueso de los subsidios irregulares se concentra en Vizcaya, con 4.767 expedientes con anomalías; en Guipúzcoa se han detectado 685 y en Álava, 810. La distribución está casi en consonancia con el peso de la RGI en cada territorio.