Los vigilantes privados de los atuneros españoles recibirán formación militar

Los vigilantes de seguridad privada enrolados a bordo de los atuneros españoles que faenan en el océano Índico recibirán formación militar a partir del próximo 1 de diciembre. Así lo anunció la ministra de Defensa, Carme Chacón, tras la reunión mantenida ayer en Madrid con representantes de las armadoras vascas para analizar las medidas de seguridad ante el repunte de la piratería en aquellas aguas -ocho ataques en poco más de dos semanas-. Asimismo, garantizó al sector que «se van a redoblar los esfuerzos diplomáticos» para que el Gobierno de Seychelles permita a los escoltas emplear armamento de mayor calibre con el objeto de mejorar la defensa de los barcos ante el acoso de los bandidos somalíes.

Tras el encuentro, los armadores agradecieron la «buena voluntad y disposición» del Gobierno central, aunque también mostraron su preocupación «porque sabemos que se trata de un tema complicado, que no se va a solucionar de hoy para mañana». Chacón recalcó que la incorporación de los agentes privados se ha revelado como una opción «satisfactoria» y que la instrucción «específicamente militar» servirá para reforzar aún más las medidas contra los intentos de abordaje. El plan de formación se desarrollará en el Instituto Tecnológico de la Marañoso, en San Martín de la Vega (Madrid).

El número de escoltas privados que participará en las sesiones de entrenamiento rondará el centenar ya que la iniciativa afectará solo a los guardias contratados para defender a los 17 barcos de pabellón español que faenan en el Índico. El resto, un total de ocho buques, aunque también pertenecen a las mismas empresas de capital nacional, navegan bajo bandera de las islas Seychelles y cuentan con ex militares británicos de élite para su defensa.

El director gerente de la Asociación Nacional de Armadores de Buques Atuneros Congeladores (ANABAC), Juan Pablo Rodríguez, resaltó lo «positivo» que resulta este paso, aunque reclamó una mayor presencia de unidades militares en el Cuerno de África, «aprovechando, además, que España tomará el mando de la operación 'Atalanta' contra la piratería el 14 de diciembre», matizó.

La suma de la seguridad privada contratada por las armadoras para defender a sus embarcaciones junto con el operativo militar de la UE y la misión que la OTAN tiene desplegada frente a la costa este africana ha arrojado resultados «positivos», según Chacón. El número de intentos de asaltos a buques ha disminuido un 33% -de 170 en 2009 a 120 hasta el momento en 2010-, mientras que el de secuestros se ha reducido un 25% -de 44 a 31-, señaló. Además, en lo que va de año, las fuerzas internacionales han desarticulado un total de 134 bandas y detenido a 1.200 piratas somalíes. Pese a estos resultados, el Gobierno español ha mostrado su disposición a «seguir mejorando la seguridad» de los barcos que navegan en el Índico.

Un tribunal internacional

Una de las vías será «redoblar esfuerzos diplomáticos» para que el Gobierno de Seychelles permita que los agentes de seguridad porten armas de mayor calibre. En la actualidad, solo pueden utilizar fusiles de asalto y ametralladoras ligeras, que tienen un alcance de 600 metros, aproximadamente. Las ametralladoras pesadas, para cuyo empleo Seychelles tiene la última palabra, cuentan con un recorrido de kilómetro y medio.

Otro de los frentes abiertos por el Ejecutivo de Zapatero, «aunque las cosas son complicadas», es el tema judicial con Kenia, Seychelles y Montenegro. Kenia firmó en 2009 un acuerdo para hacerse cargo de los piratas detenidos, pero el pasado 1 de octubre anunció que su vigencia había concluido y no tenía intención de renovarlo. No obstante, según fuentes del Ministerio de Defensa, las conversaciones para que este acuerdo se reactive van en «muy buena dirección». Asimismo, la titular de Defensa mantendrá el próximo 14 de diciembre un encuentro con el secretario general de la ONU, Ban Ki Moon, para abordar la necesidad de que se cree un Tribunal Internacional encargado de juzgar los crímenes de piratería.

Precisamente ayer, Francia aprobó la modificación legislativa que establece que los piratas podrán ser juzgados por tribunales galos, aunque no hayan sido arrestados en aguas jurisdiccionales de este país ni hayan atacado a barcos de su bandera. El único requisito es que hayan sido detenidos por fuerzas francesas.