Ortuzar acusa al Gobierno de liderar un plan para desprestigiar su gestión en EiTB

La mejor defensa es un buen ataque. Andoni Ortuzar aplicó ayer esta máxima en su comparecencia en el Parlamento vasco. Debía dar explicaciones sobre los 160 contratos mercantiles que firmó durante su mandato como director general de EiTB, declarados ahora «irregulares» por la Inspección de Trabajo, pero respondió con duros reproches a los actuales gestores de la radio televisión pública y del Gobierno vasco.

El dirigente del PNV dijo que su actuación se ajustó a la legalidad, que «no podía» ampliar la plantilla fija y que no le quedó «otra opción» que llevar a cabo esos contratos, que la Seguridad Social considera ahora fuera de la ley, lo que supondrá a la empresa tener que abonar este año 7 millones de euros para regularizar la situación y tres millones más cada ejercicio desde 2011. Y dispuesto a contraatacar, acusó a los equipos dirigidos por Alberto Surio y Patxi López de haber puesto en marcha una campaña, por «motivaciones políticas», para «desprestigiar» la labor de la anterior dirección de Euskal Irrati Telebista, «ocultar» la pérdida de audiencia en el último año y echar «baldes de agua sucia» contra sus predecesores. «Han dilapidado nuestra herencia», aseguró.

Las dos horas y media de declaración dejaron claras varias ideas. La primera, que Ortuzar asume en primera persona el daño político. Fue el único que ayer compareció en la Cámara vasca. Antes de que comenzara la sesión, la presidenta del grupo de trabajo parlamentario, Mertxe Agúndez, recibió una carta en la que los otros tres ex responsables citados -Bingen Zupiria (ETB), Iñigo Camino (Radio Euskadi) y Odile Kruzeta (Euskadi Irratia)- rechazaban su asistencia porque las contrataciones dependían «directamente» del ex director general.

Ceñida la reunión a un único declarante, PSE, PP y UPyD arremetieron contra Ortuzar por haber dirigido EiTB de forma «fraudulenta» y «escandalosa», por haber «abusado» de los contratos mercantiles -firmados de manera directa entre empleado y empresa para realizar, en principio, trabajos por un periodo concreto, con un sueldo menor- y por haber provocado un «agujero» de 7 millones de euros debido a su «mala praxis». Una actuación que, en opinión de estas formaciones, pretendía «colar por la puerta de atrás» a periodistas afines y convertir la compañía en una radiotelevisión «de partido». «Su mala gestión nos va a costar ahora 3,20 euros a cada vasco», reprochó Carlos Urquijo, del PP. «Este fiasco ha acabado con esa idea que tanto defienden de que el PNV es un buen gestor», añadió Carlos Gorostiza, del PSE.

«Por el bien de la empresa»

El burukide jeltzale, que dejó de dirigir EiTB en enero de 2009 para ocupar la presidencia del PNV en Vizcaya, negó todas las acusaciones. Aseguró que sus decisiones contaron con el aval de sindicatos y partidos, además de con la aquiescencia del Parlamento, el anterior Gobierno vasco y el consejo de administración de EiTB. Añadió que fueron tomadas «por el bien de la empresa» y se han revelado «eficaces» por los grandes resultados en audiencias y premios, como la 'Q' de oro o el galardón europeo a la excelencia en la gestión. Incluso aludió al ex parlamentario de Batasuna Jon Salaberria -detenido por formar parte de la cúpula de ETA-, que, recordó, no vio ningún «problema laboral» en ese tipo de contratos.

En esta línea, el dirigente peneuvista se extrañó de que la investigación de estas irregularidades comenzara en julio de 2009, apenas un mes después del nombramiento de Alberto Surio como director general del ente. En tono irónico llamó la atención sobre las «casualidades» de que la Inspección de Trabajo actuara «sospechosamente» por iniciativa propia y que, tras finalizar su labor en mayo, la autora de la investigación, Iciar González Carrasco, fue nombrada responsable de la Delegación de Trabajo en Vizcaya. «Un ascenso», a su juicio, con el que el Ejecutivo «premió» su trabajo.

Unas acusaciones que fuentes del Gabinete socialista y de la actual dirección de la radio televisión pública negaron de forma tajante. Recordaron que los principales perjudicados tras destaparse las irregularidades contractuales son ellos, que deberán abonar 7 millones para regularizar la plantilla. Y subrayaron que la investigación se puso en marcha como continuación de la denuncia de una trabajadora de Radio Euskadi en 2008. La empleada ganó un pleito contra sus jefes, que pretendían mantenerla con un contrato mercantil. Al conocer que había más empleados en las mismas condiciones, la Inspección llevó a cabo en 2009 unas pesquisas más profundas.