Investigan las anomalías en la gestión de empresas vascas de capital público

La Fiscalía Superior del País Vasco ha ordenado a los representantes del Ministerio Público en los tres territorios que investiguen diversas anomalías descubiertas por el Tribunal de Cuentas en la gestión de media docena de empresas vascas participadas (de capital mayoritariamente público). El objetivo último, discernir si las vulneraciones de la legalidad halladas por el órgano fiscalizador vasco constituyen, además, delito.

El Tribunal Vasco de Cuentas Públicas, que preside José Ignacio Martínez Churiaque, hizo público el pasado mes de marzo un informe en el que se analiza la situación y gestión en el año 2006 de una quincena de sociedades con capital público -del Gobierno vasco, diputaciones y/o ayuntamientos-, creadas a lo largo del primer sexenio de la década. El trabajo le había sido encargado por el Parlamento autónomo.

Las conclusiones del órgano fiscalizador fueron contundentes. Seis de las sociedades participadas examinadas vulneraron la normativa vigente. Cuatro lo hicieron en la formalización de contratos para la adquisición de bienes y servicios. Una, en la realización de operaciones patrimoniales. Y también cuatro, en la contratación de personal fijo o temporal. Los vocales nacionalistas José María Gorordo, Begoña Marijuán y Eusebio Melero formularon un voto particular en contra del documento.

El órgano fiscalizador vasco remitió su trabajo al Tribunal de Cuentas del Reino, como prescribe la ley, único con capacidad para enjuiciar responsabilidades contables. El tribunal radicado en Madrid en lugar de limitarse a recepcionar el documento, decidió hace algunas semanas poner en conocimiento de la Fiscalía Superior del País Vasco las anomalías detectadas. Inmediatamente ésta ha ordenado a los acusadores jefe de cada provincia la apertura de diligencias de investigación de las sociedades señaladas para determinar si pudieran ser constitutivas de delito.

El Código Penal contempla un tipo de infracción para el amaño de concursos. El artículo 463 fija de 1 a 3 años de prisión, e inhabilitación para empleo o cargo público de 6 a 10 años para aquellas autoridades o funcionarios públicos que se concertaran con personas o empresas para defraudar a cualquier ente público.

Según las informaciones que ha podido recabar EL CORREO en medios judiciales y del Gobierno vasco -accionista mayoritario de todas las sociedades implicadas-, por el momento solo los fiscales jefe de Álava y Vizcaya han movido ficha. No existe constancia de actuaciones en Guipúzcoa, pese a que una de las empresas señaladas en el informe tiene su sede en este territorio.

Directivos del PNV

El responsable del Ministerio Público en Álava se ha dirigido a Izenpe, sociedad radicada en Vitoria, cuyo capital se reparten el Ejecutivo autónomo y las tres diputaciones, y que se dedica a prestar servicios de firma electrónica. Iosu Izaguirre le ha pedido los expedientes de adjudicación de seis contratos a otras tantas empresas por un importe total superior a los 385.000 euros (unos 64 millones de las antiguas pesetas). Según el Tribunal Vasco de Cuentas en todos los casos se incumplió el deber de publicidad y no se garantizó la objetividad de la adjudicación en tres expedientes por un importe de 271.000 euros. Entre las empresas beneficiadas figuran firmas tan conocidas como Ibermática o Entel.

El órgano fiscalizador también denunciaba en su informe que Izenpe -en aquella época dirigida por personas en la órbita del PNV-, contrató a tres trabajadores fijos sin publicidad y sin cumplir los principios de igualdad, mérito y capacidad. Pese a ello, la Fiscalía no ha recabado datos al respecto ni sobre la eventual relación de parte del personal con contratistas.

La otra actuación judicial de la que este periódico tiene constancia se ha producido en Vizcaya. Fuentes gubernamentales confirmaron que la Fiscalía de este territorio se ha puesto en contacto con los responsables del Industrialdea de Urduliz para que presten declaración en una actuación preprocesal. Según el Tribunal Vasco de Cuentas, esta sociedad no cumplió la normativa legal que regula las operaciones patrimoniales en 2006. Además, contrató a un trabajador temporal sin publicidad y sin cumplir los principios de igualdad, mérito y capacidad. El actual Ejecutivo vasco cree que el caso podría tener relación con la venta de los terrenos que ocupaba la desaparecida Mecánica de la Peña a otra firma.

El informe del órgano fiscalizador también denunció diversas anomalías en otras cuatro sociedades. En concreto se trata de Biosasieta (sociedad que explota la planta de biogas que genera el vertedero comarcal guipuzcoano), Burtzeña (un parque empresarial en Barakaldo), Sestao Berri 2010 (sociedad para la regeneración de varios barrios sestaotarras) y Vitoria Integrated Air Services (firma creada para promocionar la carga en el aeropuerto alavés de Foronda). Por ahora no existe constancia de que los fiscales hayan recabado datos a ninguna de ellas.