Otegi: «Rechazamos el uso de la violencia para imponer un proyecto político»

Arnaldo Otegi no quiso desaprovechar ayer el eco mediático que le estaba proporcionando su presencia en la Audiencia Nacional para ser juzgado por un presunto delito de enaltecimiento del terrorismo durante el mitin de Anoeta de 2004. Durante los dos días que ha durado la vista, el presidente de la sala, Fernando García Nicolás, evitó en todo momento que las sesiones acabasen convertidas en un foro político. Pero el ex portavoz de Batasuna tenía derecho a una alegato final. Y no lo dejó pasar. Enfatizó su apuesta por las vías democráticas y subrayó: «Rechazamos -la izquierda abertzale- el uso de la violencia para imponer un proyecto político».

Le costó, pero lo consiguió. Ya el jueves, Otegi había buscado colar su mensaje, pero el magistrado le cortó casi todos sus intentos. Aun así, le dio tiempo a recalcar que «nosotros no planteamos que haya que hacer ninguna concesión política a ETA». El dirigente abertzale quería afianzar el discurso que durante los últimos meses está lanzando la izquierda abertzale: el uso exclusivo de la política y el desmarque de ETA si comete un atentado. Todo, mientras se suceden los rumores sobre la actitud que pueda mostrar la banda hacia los requerimientos de Batasuna. El optimismo reinante hace unas semanas sobre un posible comunicado de la organización terrorista en sentido positivo se ha ido diluyendo.

Otegi necesitaba que su discurso no decayese. Y encontró el escenario perfecto. La Audiencia Nacional, el tribunal que juzga los casos de Batasuna, ETA o violencia callejera, y que es demonizado por la izquierda radical. Frente a tres de sus jueces, el dirigente abertzale se puso de pie y se dirigió a la presidencia. Primero, para alabar su decisión de limitar el contenido de las intervenciones y evitar que su juicio acabase convertido en un debate político. Algo que, dijo, no es sencillo por la «necesidad» que tienen «algunos sectores» de introducir la política en el terreno penal.

«Un muro»

Pero, a continuación, lanzó su proclama. Aseguró que «años de enfrentamiento» han «edificado un muro» que distorsiona la comunicación. Por ese motivo, Otegi consideró necesario dejar claras dos cosas: su apuesta por las vías democráticas y su «rechazo al uso de la violencia para imponer proyectos políticos». Antes de proseguir, García Nicolás le cortó. A Otegi sólo le dio tiempo para mostrar el respaldo de la izquierda abertzale hacia el pueblo saharaui. Sus palabras fueron recibidas con alborozo por sus allegados, que prorrumpieron en aplausos y en gritos de «¡aúpa Arnaldo!». El magistrado ordenó que la Policía echase de la sala a este grupo, formado por una decena de personas. Se fueron sin más incidentes. De hecho, cuando todavía se estaban levantando, García Nicolás dio por concluido el juicio.

A partir de ahora, el tribunal tiene que decidir si Arnaldo Otegi, Joseba Álvarez y Joseba Permach enaltecieron a ETA durante el mitin de Anoeta. Las tesis de la Fiscalía y del Foro Ermua son claras. Durante aquel acto se homenajeó a los terroristas, lo que es constitutivo de delito. Para argumentarlo, subrayan que se emitió un vídeo en el que apareció un centenar de miembros de la banda, cuyas imágenes fueron recibidas con vítores y gritos de 'Gora ETA' por parte del público. Según las acusaciones, esto no fue casual, sino un efecto premeditado. En este sentido, la fiscal calificó ayer de «impensable» que «un subcontratista» de una «empresa de montaje de escenarios» hiciese el guión del acto y el vídeo.

Se refería a la declaración que horas antes había ofrecido el testigo de la defensa Sergio Lezkano, miembro de la izquierda abertzale encarcelado por otra causa. Señaló que en 2004 trabajaba como autónomo y fue contratado por una empresa para hacer el montaje del acto de Anoeta. Asimismo, sostuvo que ninguno de los acusados participó en la organización del mitin ni en la elaboración del vídeo. Por contra, la fiscal declaró que los dirigentes de Batasuna tenían «poder de ejecución» y «dominio funcional» de los acontecimientos. Una tesis a la que sumó el Foro Ermua.

Ambas acusaciones echan mano de diversos informes policiales. Entre ellos, los elaborados por varios guardias civiles que comparecieron ante la sala. Durante su declaración, los agentes definieron como «imposible» que en un acto de Anoeta se pueda emitir un vídeo sin el conocimiento de los dirigentes de Batasuna, que, a su vez, estaría controlada por ETA.

Enfrentamiento

Los argumentos de la defensa son los opuestos. Para Iruin y Goirizelaia, es evidente que el mitin de San Sebastián no buscaba homenajear a ETA, sino presentar un propuesta política. Respecto al vídeo, los abogados se esforzaron en subrayar que no sólo había miembros de ETA, sino también cargos electos de Batasuna como Santi Brouard o Josu Muguruza. Además, recalcaron que en el informe presentado por la Guardia Civil sólo se hace referencia a 14 terroristas, todos ellos fallecidos antes de la muerte de Franco, entre ellos, 'Txiki' y Otaegi, los últimos fusilados por la dictadura. Una visión que, según Iruin, provocaría una lógica emoción.

El abogado mantuvo un tenso enfrentamiento con uno de los guardias. Iruin recordó que dos de las personas que salían en el vídeo habían sido ametralladas en su casa; el agente puntualizó que en un «enfrentamiento» con la Guardia Civil. «Sí, pero ametralladas en su casa», apostilló Iruin, «Sí, en un enfrentamiento», volvió a replicar el funcionario. El enganche no acabó ahí. El letrado destacó el desconocimiento que tenía del euskera el guardia civil, a lo que éste contestó: «es una asignatura que tengo pendiente». En un línea similar, Goirizelaia destacó que no hay pruebas, y que «en un proceso penal no se puede condenar a nadie si no las hay». «Todo se basa en creencias», dijo. En su opinión, está demostrado que en ningún momento Otegi, Permach y Álvarez elogiaron a ETA durante el mitin de Anoeta.

El juicio quedó visto para sentencia. La Fiscalía pide para los acusados 18 meses de cárcel y 12 años de inhabilitación; la acusación popular, representada por el Foro Ermua, 5 años de prisión y 20 de inhabilitación; la defensa, la absolución. En cualquier caso, Otegi tiene otras dos causas pendientes: 'Bateragune', por la que está encarcelado, y la financiación de la izquierda abertzale a través de las herriko tabernas.