La VPO subirá un 12% en Euskadi

Los pisos libres son cada vez más baratos, pero las viviendas de protección oficial (VPO) se encarecen en Euskadi. A partir de ahora, las que se adjudiquen en régimen de plena propiedad costarán un 12% más, según se desprende de la nueva orden de precios aprobada ayer por el Gobierno vasco. En virtud de esa normativa, un inmueble de 75 metros cuadrados, con garaje y trastero, y que esté situado en una de las tres capitales o en un municipio de importancia (por ejemplo, Durango, Llodio o Irún), pasaría de 126.700 euros a alrededor de 141.900 euros; es decir, 15.200 euros más que antes (el IVA del 8% no está incluido). Con esa subida, aplicable a los inmuebles que hayan recibido la calificación pública desde julio pasado, la VPO acumulará un incremento del 21% en la comunidad autónoma desde 2008, ya que el anterior Ejecutivo tripartito aprobó entonces un aumento del 9%.

De forma paralela, el actual Departamento de Vivienda rebajará las rentas mensuales de los casi 20.000 pisos de alquiler público que existen en Euskadi. Para conseguir ese objetivo se ha modificado el sistema mediante el cual la Administración vasca determina la cantidad que los inquilinos deben pagar. Ese sistema consiste en tomar un porcentaje del valor que tendría el piso si se vendiera y subirlo o bajarlo dependiendo del salario del usuario. En adelante, el cálculo seguirá siendo sustancialmente el mismo, pero se han introducido algunas variaciones para que la suma resultante sea más pequeña.

El consejero Iñaki Arriola lo resumió con un ejemplo: un vecino que ahora paga 393 euros al mes por un 'piso tipo' sólo tendrá que abonar en el futuro 282. Asimismo, los alquileres de los alojamientos dotacionales -pisos construidos en solares reconvertidos para funciones residenciales- oscilarán entre 150 y 420 euros, con 60 euros adicionales si tienen garaje.

Declaración cada cinco años

Con esa medida, el Gobierno vasco quiere que el coste económico del alquiler público retroceda hasta el 20% de los ingresos anuales del inquilino. Su propósito es que esa opción gane atractivo frente a la VPO en propiedad, que se lleva teóricamente un tercio del salario del adjudicatario. Ahora bien, a cambio de bajar los alquileres, la Administración autonómica va a obligar a los arrendatarios a indicar cada cinco años cuáles son sus ingresos en ese momento. Así Etxebide podrá determinar si pueden continuar beneficiándose de un alquiler social y, si es así, revisarles la renta.

En la actualidad, para recibir un piso de arrendamiento público no se pueden ganar más 22.000 euros anuales. En teoría, los salarios de los beneficiarios deben ser revisados anualmente para que les suban o bajen el alquiler, según corresponda. Sin embargo, esa tarea desborda la capacidad de las administraciones públicas, así que la solución ha sido establecer las revisiones en periodos de un lustro.

Ahora bien, la nueva orden del Gobierno vasco tiene otro aspecto significativo: los cambios que introduce para calcular arrendamientos más asequibles son compatibles con unos ingresos máximos de 35.000 euros anuales. No obstante, esa cuestión se tiene que regular mediante una normativa independiente de la aprobada ayer. Por el momento, además del tope de 22.000 euros para poder solicitar el alquiler social, existe otro techo de 39.000 euros para acceder a los pisos protegidos en propiedad o en derecho de superficie; y otro más 45.000 para los tasados (que son más caros que la VPO).

El consejero Arriola ha adelantado que esas cifras serán revisadas al alza. Las futuras cuantías todavía no han sido precisadas, aunque el objetivo del Gobierno vasco es, por un lado, vender los pisos protegidos más caros -sin que la calificación pública deje de ser permanente-; pero pidiendo por el mismo tipo de vivienda precios más altos o bajos en función de la renta de los adjudicatarios. Entre tanto, el promotor recibirá un precio estipulado, merced a la creación de un fondo de garantía.

En este sentido, el Departamento de Vivienda no sólo ha decidido encarecer la VPO en plena propiedad, una exigencia de los promotores vascos. También incrementa en un 2% el precio de los pisos adjudicados en derecho de superficie. Los nuevos inmuebles que se puedan construir con esa categoría pasarán de costar un máximo de 126.700 euros a 129.200 (75 metros cuadrados, garaje y trastero). En este caso, el Gobierno vasco ha acordado una subida más pequeña para dejar claro que recibir una vivienda durante 75 años no es lo mismo que recibirla para siempre.

Las casas tasadas, un tipo de promoción impulsada por algunos ayuntamientos, no sufren cambios en principio. No obstante, la Administración vasca deja abierta la puerta a incrementar su precio hasta un 10%. Así, de un máximo de 211.000 euros pasaría a costar 232.100.