¿A qué huelen los impuestos?

Cuentan las crónicas que el emperador Vespasiano fue recriminado por gravar con un impuesto las letrinas públicas. Un día, harto ya de tantas críticas, acercando a su rostro el dinero recaudado, dijo: «no huele». Algún suspicaz pensará que el emperador podía permitirse ser pragmático porque sus decisiones no pasaban por las urnas. En una democracia como la nuestra, los partidos políticos, si quieren llegar al poder, necesitan contar con el beneplácito de los ciudadanos. Y la mayoría de estos, a juzgar por las encuestas, piensa que paga a los poderes públicos mucho más de lo que recibe de ellos. No cabe extrañarse así de que el PP, en un alarde de coherencia, reclame bajadas de impuestos. El Gobierno, tras su etapa diletante, carece de margen de maniobra para tales alegrías. Ahora está en libertad vigilada desde Bruselas, a la espera de que en 2013 haya reducido el déficit público en 80.000 millones de euros.

La pregunta que cabe formularse es si el Gobierno podrá asumir ese desafío histórico sin recurrir a nuevas subidas de impuestos. Lo cierto es que las perspectivas no son optimistas, ya que las medidas adoptadas hasta ahora representan, en el mejor de los casos, alrededor del 50% del ajuste. Continuar recortando por la vía del gasto no parece viable a corto plazo, ya que requiere introducir cambios legislativos difíciles de conseguir sin el necesario consenso. Tampoco cabe esperar demasiado del impulso proveniente de la recuperación, que puede aportar un 30% al citado ajuste. Las previsiones de crecimiento hasta 2013 no son muy halagüeñas y, tras el final de la burbuja inmobiliaria, la capacidad recaudatoria del sistema fiscal ha menguado mucho. Este repaso, al estilo de 'las Cuentas del Gran Capitán', sugiere que todavía falta por lo menos otro 20%, lo cual no es un buen augurio para el bolsillo de los españoles.

Llegados a este punto, quizá alguien se pregunte qué figuras deberían sustentar ese aumento de ingresos fiscales. Es una pregunta nada retórica, ya que una decisión como esa entraña un conflicto entre equidad y eficiencia. En estos momentos de crisis son muchos los que creen necesario dar prioridad a la eficiencia, a fin de alentar la creación de empleo. El Gobierno ha seguido, sin embargo, una vía salomónica, aumentando el IVA a todos los consumidores e inaugurando dos nuevos tramos en el IRPF para los 'ricos'. El problema radica en que esos retoques sólo cubren una parte del agujero del erario. Así pues, si se quiere cumplir las exigencias de Bruselas, probablemente no haya más remedio que elevar, entre otras cosas, 1 ó 2 puntos todos los tramos del IRPF. En este caso esperaremos impacientes la justificación ideada por el presidente Zapatero, tras haber sostenido que bajar impuestos era de izquierdas.

Pero no todo se arregla subiendo impuestos a los que ya pagan, porque son muchos los que no lo hacen. Aunque no hay datos oficiales, dada la natural timidez de la Administración en terreno tan resbaladizo, la economía sumergida en España puede rondar el 23% del PIB. Esto significa que el erario público deja de ingresar cada año una cifra próxima a los 80.000 millones de euros, que, para más inri, coincide con el ajuste que nos ha impuesto Bruselas. Este escándalo no se corrige con amnistías fiscales, que se han demostrado contraproducentes, sino con voluntad política. Sabemos dónde están las bolsas de fraude, sabemos quienes les asesoran y cómo logran eludir los controles. Lo que necesitamos, por tanto, son más medios en la lucha contra ese cáncer, más controles sobre la banca y penas más duras a los fulleros. También se precisa un cambio cultural, dada nuestra secular inclinación a justificar el delito fiscal.

La crisis ha puesto de manifiesto que el sistema tributario no es capaz de sostener nuestro actual nivel de gasto público. Lo malo es que ese desequilibrio, lejos de remitir, se agravará con el tiempo, debido al envejecimiento de la población. Los gastos relacionados con la tercera edad pueden registrar, a finales de esta década, un aumento del 3%-4% del PIB. Financiar tal aumento elevando la presión fiscal, considerando sus nocivos efectos sobre el empleo y la inversión, sería un desatino. Conviene, por tanto, buscar un nuevo equilibrio entre gastos e ingresos, que sea sostenible a largo plazo. Pero no hay que llevarse a engaño: esa búsqueda no va ser inocua. Los ciudadanos van a tener que pagar más por recibir un paquete de prestaciones más exiguo. Y esto es algo para lo cual no están preparados, ya que en el curso de la fiesta las autoridades competentes les hicieron creer que había barra libre.