Cesa una directora del Gobierno al saberse que su pareja cobraba ayudas sociales

La directora de Servicios del Departamento de Economía y Hacienda del Gobierno vasco, Carolina Muro, fue destituida ayer al saberse que su pareja cobraba ayudas sociales de forma irregular. La Diputación de Vizcaya ha retirado de forma cautelar la renta de garantía de ingresos al novio tras constatar mediante un informe de la Policía Municipal de Bilbao que convive con ella, un dato que ocultó a los servicios sociales para hacer ver que tenía derecho a las prestaciones. Las instituciones reclaman al hombre alrededor de 26.000 euros en concepto de cobros indebidos, al entender que el fraude se remonta al menos a enero de 2007.

Funcionaria de carrera, Carolina Muro Arroyo fue nombrada directora de Servicios del Departamento de Economía y Hacienda del Ejecutivo autónomo en octubre de 2009. Ayer mismo puso su cargo a disposición del consejero para evitar que la difusión del caso perjudique la imagen del Ejecutivo. Carlos Aguirre optó por destituirla a última hora de la tarde. La directora aseguró ayer mismo a sus colaboradores que es «totalmente ajena» al fraude porque hasta ahora desconocía que su pareja cobrara ayudas sociales. Ambos mantienen una relación «intermitente» en la que ha habido periodos de convivencia, añaden fuentes del departamento.

La intervención de la Policía Municipal de Bilbao se enmarca dentro de las actividades del Negociado de Control e Inspección del área de Acción Social, cuya misión es detectar los cobros irregulares y retirar las ayudas a los infractores. A veces actúa de oficio y otras en respuesta a denuncias ciudadanas. Esta vez fueron las sospechas de los servicios sociales las que alertaron a los agentes, que elaboraron un informe el pasado mes de septiembre. Así pudieron comprobar que el beneficiario de la renta de garantía de ingresos (antigua renta básica) residía en una vivienda propiedad de Carolina Muro que ambos compartían, a pesar de haber declarado que vivía solo y carecía de recursos suficientes.

Negociado de control

Según los datos del expediente recabados por este periódico, en este piso únicamente estaba empadronado él, al parecer desde hace unos diez años, y la propietaria continuaba inscrita en el domicilio de sus padres, lo que ha favorecido el engaño a los servicios sociales. A partir de las diligencias policiales, el Ayuntamiento de Bilbao trasladó a la Diputación la petición de suspensión de las ayudas, ya que es esta institución la que gestiona el reparto de los fondos aportados por el Gobierno vasco. En este momento ya se ha producido la suspensión cautelar y el plazo para recurrir la decisión concluye en noviembre. Al mismo tiempo, se le reclama la devolución del dinero cobrado de forma indebida desde enero de 2007, lo que suma alrededor de 26.000 euros.

Carolina Muro aseguró ayer sentirse «engañada, sorprendida y moralmente deshecha» tras conocer las medidas adoptadas por las instituciones contra este hombre. Según su testimonio, pensaba que él tenía trabajos esporádicos y desconocía incluso que fuera beneficiario de ayudas sociales. En ningún momento se han inscrito como pareja de hecho y tampoco mantienen un vínculo estable, sino una «larga relación intermitente». La directora mantuvo ayer una conversación con Carlos Aguirre, que finalmente la relevó de su cargo, informaron fuentes del departamento.

Por su parte, tanto los responsables de la Diputación de Vizcaya como del Ayuntamiento de Bilbao eludieron comentar este caso, ya que están «obligados a mantener el anonimato» sobre los beneficiarios de las ayudas sociales. Las irregularidades detectadas entran dentro de uno de los supuestos más habituales de la picaresca: aquellos que ocultan datos a la Administración -como el hecho de convivir con una persona que tiene un trabajo remunerado- para aparentar que necesitan un subsidio para llegar a fin de mes. Solo en Bilbao, el Negociado de Control e Inspección, que se puso en marcha en 2008, ha destapado en los seis primeros meses de este año 249 casos de cobro irregular de la renta de garantía de ingresos, tantos como los que se contabilizaron en todo 2009.