Dudosa colaboración

Viene de lejos. Las sospechas respecto a la protección que ha ejercido el Gobierno de Venezuela sobre activistas de ETA no son nuevas porque en los últimos años se han dado casos de solicitud de entrega de algunos acusados, por parte de la Justicia española, ante los que la Administración de Hugo Chávez ha hecho caso omiso. Por mucho que la vicepresidenta Fernández de la Vega, con sus declaraciones condescendientes, haya intentado quitar hierro a la reacción del Ejecutivo bolivariano, el caso es que la acusación velada de su embajador acerca del maltrato que en nuestro país se da, en general, a los detenidos merece, cuando menos, un 'plante' diplomático.

Las declaraciones de los acusados Atristain y Besance han vuelto a poner sobre el escaparate el nombre del 'intocable' Cubillas, reclamado por la Justicia española, perseguido por 188 países socios de Interpol y protegido por el Gobierno de Venezuela. Y ha vuelto a saltar el chispazo que el Ejecutivo español intenta apagar sin que se vea la llama. La de los intereses de Repsol y de otros empresarios compatriotas que han sufrido expropiaciones arbitrarias durante el régimen chavista y, lógicamente, están condicionando a la diplomacia española. Pero la permisividad de las autoridades venezolanas con ETA se debe denunciar si se quiere erradicar el terrorismo con todas sus consecuencias.

Chávez ha superado a sus antecesores al nombrar al presunto etarra Cubillas alto cargo en su Administración y, además, le protegió, hace meses, negándose a entregarlo a la Justicia española y arremetiendo contra el juez Eloy Velasco por haber dado orden de captura acusándolo de ser el enlace entre ETA y las FARC. Cuando en la pasada primavera otro refugiado en Venezuela, José Lorenzo Ayestarán, apareció en Francia 'repescado' por la banda para actuar y fue detenido por la Policía, se volvió a cuestionar a Venezuela en su papel de santuario de los terroristas, ya que la Administración de Chávez también la había proporcionado la nacionalidad antes de que volviera a suelo galo para echar una mano a la maltrecha ETA.

Para no tener intención de «imputar ni sobornos ni tortura» al Gobierno español, el embajador venezolano se quedó descansado al mostrar sus «serias dudas» acerca de que las confesiones de los presuntos etarras hayan sido «totalmente voluntarias». No hablaba de Cuba. Ni de Venezuela. Se refería a España con tan escaso rigor que se permitió decir que estaba haciendo «conjeturas, desde un punto de vista teórico». El problema, que bien podría haberse enfocado en la dudosa credibilidad que tiene la palabra de un detenido de ETA porque en numerosas ocasiones han cambiado sus versiones ante la Policía y el juez por pura estrategia de manual, es que el Gobierno de Hugo Chávez levante sospechas sobre el trato dispensado en las comisarías españolas con la misma ligereza con que el mandatario de la república bolivariana le plantó cara al juez Velasco diciéndole que él , que se erigía en depositario de la justicia y la verdad sin pruebas, sabía que su protegido Cubillas era inocente.

Ahora es otro juez, Ismael Moreno, quien se ha hecho eco de las acusaciones contra Cubillas como adiestrador de etarras. Si el compromiso de Chávez es «cooperar en todo momento» con el Ejecutivo español en la persecución del terrorismo lo lógico es que hubiera entregado hace meses a Cubillas . Más colaboración, como pidió ayer el ministro Rubalcaba. Y más pedagogía también. El delegado del Gobierno vasco en la zona tiene que explicar todavía, a estas alturas, que «los terroristas de ETA no son unos románticos del siglo XIX».