La menor huelga general de la democracia

La sexta huelga general de la democracia, la primera contra la «regresiva» política socio-laboral de Zapatero, ha sido la que ha contado con un menor seguimiento. Pero no cabe concluir de ello un fracaso rotundo de CC OO y UGT, ya que, aunque la vida cotidiana de la inmensa mayoría de los ciudadanos no se vio afectada, la industria, la construcción y algunas áreas del sector servicios pararon en su totalidad. La jornada se saldó sin vencedores ni vencidos. El Gobierno salvó la cara tras una jornada de movilizaciones que no bloqueó el país y que tuvo una incidencia limitada. Por su parte, los sindicatos, hasta ahora los principales avalistas de la gestión del presidente, dejaron notar en la calle el malestar social con una reforma laboral que abarata el despido y evidenciaron el creciente desapego hacia el Ejecutivo de una parte apreciable de la izquierda en la que se apoya por sus drásticos recortes sociales y la aplicación a rajatabla -presionado por la UE y los mercados- de recetas tradicionales de la derecha.

Ambas partes se esforzaron por no romper los puentes, entre repetidas apelaciones al diálogo, y eludieron una confrontación directa tras el pulso de ayer. El ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, alabó la «responsabilidad» de las centrales y calificó de «desigual» el impacto de la huelga en varias comparecencias en la Moncloa, en lo que algunos sectores interpretaron como un último favor a Zapatero antes de cesar para presentarse a las elecciones catalanas de noviembre.

A diferencia de lo ocurrido en anteriores huelgas, el Ejecutivo omitió ofrecer un porcentaje de seguimiento. El ministro se limitó a reiterar que una cifra concreta carece de sentido ante un abanico amplísimo. Por ejemplo, cerca del 100% de los trabajadores del automóvil secundó el paro, tasa que en la hostelería se redujo al 3%.

Comisiones Obreras y UGT aseguraron que de los 18,4 millones de ocupados existentes en España, el 70% apoyó la protesta, tras recurrir como primer dato objetivo a la caída del consumo eléctrico, que se colocó por debajo del habitual de un domingo. En el anterior paro general -20 de junio de 2002- ambas centrales cifraron el apoyo en el 84%, frente al 17% dado por el Gobierno de José María Aznar. Ya entonces, los sindicatos reconocieron que el seguimiento había sido inferior al del 27 de enero de 1994 y, desde luego muy lejano al resultado del histórico 14 de diciembre de 1988, cuya huelga general paralizó el país.

La mayor incidencia de la protesta del 29-S se dio en la industria, sector que reúne al mayor número de contratados fijos. Precisamente las colocaciones indefinidas son las más afectadas por la reforma. El coste del despido de este tipo de empleos queda muy reducido con los cambios introducidos. Una de las medidas que más preocupa a las centrales es que una empresa pueda expulsar a su plantilla simplemente por previsión de pérdidas .

Otra área que fija el interés de toda huelga es la de los mercados centrales de abastecimiento. De madrugada, y a sus puertas, se concentran habitualmente piquetes para impedir el paso de camiones. Los enfrentamientos en algunos puntos fueron duros, incluso con heridos. Los convocantes del 29-S contaron con una colaboración excepcional, la de los trabajadores de recogida de basuras. Pararon en toda España y facilitaron una primera imagen de que la huelga se había dejado sentir. Las principales ciudades aparecieron llenas de papeles y desperdicios.

Ejecutivo y sindicatos mayoritarios se necesitan. Ninguno quiere entregar al contrario a los brazos de la oposición. Desde el Gabinete de Zapatero se insiste en la necesidad de recuperar el diálogo. Apenas queda año y medio de legislatura y la posibilidad de que el PSOE vuelva a la Moncloa pasa por restablecer la paz social. El propio jefe del Ejecutivo apunta la reforma de las pensiones -la próxima asignatura pendiente- como un hipotético y todavía muy lejano punto de encuentro con los sindicatos. Mientras se desarrollaba la huelga, comentó en los pasillos del Congreso que estaba «dispuesto a trabajar». No obstante, matizó su promesa de que pactará el nuevo retiro. Dijo que su intención es hablar con CC OO y UGT sobre la reforma de las políticas activas, los reglamentos de la reforma laboral y el retraso en la edad de jubilación, pero subrayó que son los partidos quienes deben diseñarla en el Pacto de Toledo.

Que no sea «un paripé»

Los líderes de CC OO y UGT, Ignacio Fernández Toxo y Cándido Méndez, no rehúsan reunirse con el Gobierno. Explicaron que todo dependerá del orden del día elegido para la cita, aunque de momento exigen «rectificación». Los Presupuestos podrían ser el vehículo de la corrección. Corbacho ya asumió que hay materias a negociar y que «la senda del diálogo es la adecuada».

«Debe quedar fuera de toda duda, y no es concesión del Gobierno, que las asociaciones sindicales tengamos derecho de información, consulta y participación cuando son temas que afectan a los intereses de los trabajadores», expuso Méndez. «Tenemos esos derechos», recalcó Fernández Toxo, para dar a entender que como son «gente educada», están dispuestos a acudir a cuantas llamadas reciban siempre que no sean «un paripé». «Escucharemos y luego actuaremos en consecuencia».

La huelga se desarrolló con numerosos piquetes que estuvieron seguidos, en todo momento, por el mayor despliegue policial establecido ante una protesta de estas características. Hubo cargas contra los huelguistas. Incluso, disparos al aire, cuyos casquillos fueron recogidos por sindicalistas como prueba de las «agresiones». Las Fuerzas de Seguridad argumentaron que se produjeron momentos críticos en los que se temió por la seguridad de algún agente. Para Corbacho la jornada transcurrió «en un clima» en el que «se han podido ejercer los dos derechos: el de huelga y el de trabajo». «Los servicios mínimos han funcionado bien, aunque es evidente que se han registrado incidencias», concluyó. Unos incidentes que dejaron un saldo de más de un centenar de detenidos y decenas de heridos, ninguno de gravedad.