El juez decide investigar la oscura operación urbanística de Zambrana

El juez que investiga la presunta implicación de relevantes dirigentes y cuadros del PNV, la mayoría alaveses, en sendos casos de cohecho y posible espionaje ha decidido abrir una tercera línea de trabajo. El objeto de sus indagaciones: la sospechosa tentativa de recalificar más de un millón de metros cuadrados de terreno en Zambrana, en la que el ex diputado y ex 'número dos' del PNV alavés Alfredo De Miguel y otros responsables jeltzales se esforzaron a todos los niveles durante seis años y sobre la que trataron de echar tierra precipitadamente tras la llegada del PSE al poder, según destapó EL CORREO en mayo.

Agentes de la Ertzaintza se personaron en la mañana de ayer en el Ayuntamiento de la pequeña localidad alavesa de 357 habitantes, situada a 33 kilómetros al sur de Vitoria, para trasladar al juzgado documentación sobre el caso. En especial sobre Sidepur, la empresa del peneuvista Josu Arruti -integrante del círculo de amigos de De Miguel- que captó a un grupo catalán, Riera, para el frustrado negocio. Fallido, al menos, para los inversionistas del Principado, entre los que figuran relevantes nombres de la política y el deporte.

El juez Ramos tiene sobre la mesa de su despacho desde hace meses una denuncia anónima, incluida en el sumario del 'caso De Miguel' o 'caso Miñano', que parece sugerir al magistrado que investigue si existe alguna relación entre el 'caso Zambrana' y la financiación de la nueva sede central del PNV en la plaza de la Virgen Blanca de Vitoria. La carta no aporta prueba alguna que haga dudar de la limpieza de la operación.

De Miguel se hizo con el edificio por un precio bastante inferior al de mercado en su calidad de administrador único de una sociedad que ocultó en su declaración de intereses cuando fue nombrado diputado foral. Los jeltzales trabajan en ella desde hace meses, pero Urkullu y Gerenabarrena han evitado el habitual acto de inauguración, como es tradicional en la mayoría de las sedes y batzokis peneuvistas.

El 'fontanero' y el ex alcalde

Como desveló este periódico, el Ayuntamiento de Zambrana, dirigido entonces por Justi Angulo (PNV), contrató en 2004 a la empresa Sidepur para que hiciera posible el desarrollo industrial del municipio. Arruti, un conocido 'fontanero' vizcaíno del PNV, captó a un potente grupo inversor catalán, Riera Urbanizer, para liderar la operación.

Las perspectivas de negocio debían ser óptimas porque en pocas semanas Riera invirtió casi 5 millones de euros (840 millones de las antiguas pesetas) en hacerse con opciones de compra por 968.000 metros cuadrados de terreno en un emplazamiento estratégico, entre el Ebro, la AP-68 y la nacional 124, a pocos kilómetros de Vitoria y de Miranda de Ebro. Arruti y algunos de los hombres de la máxima confianza del últimamente cuestionado presidente del PNV alavés, Iñaki Gerenabarrena, garantizaron a Riera que el suelo sería recalificado, lo que dispararía su valor por diez. Riera colocó al frente de su delegación en Álava a otro amigo de De Miguel y de Gerenabarena, el ex alcalde jeltzale de Ondarroa Aitor Maruri.

Los siguientes años no depararían más que disgustos a los inversores catalanes. Lantarón se hizo con la térmica que presuntamente debiera haberse instalado en el suelo de Riera y la recalificación no llegó nunca, con lo que fracasaron igualmente otros planes alternativos a la central.

Y ello pese a que De Miguel y otros responsables peneuvistas usaron todos los medios a su alcance para convertir el suelo rústico en industrial. Desde forzar un pronunciamiento favorable de la Comisión de Ordenación del Territorio del País Vasco en contra del criterio de los técnicos -algo absolutamente inusual- y con el único respaldo político del PNV, a emprender una modificación del planeamiento urbanístico de Álava. Todos estos intentos se frenaron en seco tras la llegada de Patxi López a Ajuria Enea. El PSE no tragó con la recalificación y De Miguel, en su calidad de diputado foral alavés, tumbó deprisa y corriendo el plan.

Eso sí, el ex burukide imputado por corrupción tuvo un curioso fallo: firmó el veto dos días fuera de plazo. Un defecto formal que Riera ha empleado para recurrir ante los tribunales el pronunciamiento negativo de la Diputación alavesa. Curiosamente, el grupo catalán ha declinado una y otra vez hacer declaraciones pese al ruinoso negocio en el que le embarcaron sus políticamente poderosos socios vascos: se calcula que más de siete millones de euros.