El Gobierno encarga a Justicia la reforma legal para reparar los recortes del Estatut

El Consejo de Ministros encargó ayer al ministro de Justicia, Francisco Caamaño, que comience a elaborar el proyecto de reforma legal del Poder Judicial que permitirá a Cataluña recuperar y desarrollar alguno de los aspectos del Estatut anulados en julio por la sentencia del Tribunal Constitucional.

La modificación normativa permitirá a esta comunidad, y a otras que también tienen esa competencia en sus nuevos estatutos, la constitución del Consejo Catalán de Justicia, que recibirá algunas de las atribuciones que hoy están en manos del Consejo General del Poder Judicial y de las salas de gobierno de los tribunales superiores de Justicia de cada autonomía. El cambio legal también facultará a los tribunales superiores para comenzar a desempeñar algunas de las competencias que hasta ahora ejercía el Supremo y convertirse, con excepciones como el recurso de unificación de doctrina, en la última instancia judicial de su territorio. El alto tribunal, no obstante, mantendrá la categoría constitucional de cúspide del sistema judicial español.

El proyecto de ley, que posiblemente será similar al elaborado por el primer Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, pero que decayó en el Congreso por falta de consenso con el PP, podría atribuir al nuevo consejo catalán la dotación de medios, habilitación de edificios o gestión de personal. El aumento de competencias de los tribunales superiores tendrá que ver con la asunción de algunos de los actuales recursos de casación que resuelve el Supremo, pero sobre todo con el ejercicio de la segunda instancia en causas penales sentenciadas por las audiencias provinciales. El ministro también deberá modificar el Estatuto del Ministerio Fiscal para permitir la incorporación, en su caso, de fiscales a los consejos de Justicia. Otros recortes del Estatut, como un papel más preponderante del defensor del pueblo catalán, podrían abordarse y corregirse mediante la negociación entre el Defensor del Pueblo nacional y el Síndic de Greuges.

El Gobierno también acordó la reunión en los primeros días de septiembre de la Comisión Delegada para Política Autonómica con el objeto de analizar los temas que están pendientes de traspaso a Cataluña.