Anulan los concursos que facilitaron el ascenso a altos cargos de Ibarretxe en la Administración

El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha anulado los concursos de traslado convocados al final de la pasada legislatura y que permitieron a cargos del Gobierno de Ibarretxe ascender a niveles más altos de la Administración tras abandonar el Ejecutivo. Ha sido principalmente un recurso de ELA, que en aquel momento mantenía un enfrentamiento abierto con el PNV, junto con otros presentados por LAB y UGT, los que han dejado en el aire los destinos concedidos a cerca de doscientos funcionarios que obtuvieron alguna de esas plazas de responsabilidad -con las que mejoraban su categoría y sueldos-, y entre los que figuran varios cargos de libre designación del anterior tripartito.

Los servicios jurídicos del Gobierno de Patxi López, que hereda un grave problema que puede poner en jaque el funcionamiento de la Administración pública, han presentado dos recursos. Uno, denominado «de casación por interés autonómico», y otro, «de queja», con los que quieren aclarar la situación en la que se encuentra el litigio emprendido por los sindicatos, ya que hay más de una veintena de sentencias sobre el caso, algunas de ellas confusas. Esperan a que la Justicia les indique si definitivamente deben anular todo el proceso y comenzar uno nuevo -con lo que esos 200 funcionarios deberían volver a sus anteriores plazas-, o si les permite sacar a concurso de traslado el resto de vacantes que hay por cubrir en la Administración y anular solo una parte de las adjudicaciones realizadas. La resolución no llegará hasta octubre.

El proceso fue polémico desde el principio. El Gobierno de Ibarretxe convocó dos concursos dirigidos a los funcionarios de carrera de los niveles altos -A, B y C- en 2007 y 2008, que se resolvieron en 2009, justo en vísperas de llegar el PSE al poder. Se da la circunstancia de que el Ejecutivo llevaba desde el año 2000 sin sacar concursos de traslados. Además, las vacantes que salieron fueron de puestos de responsabilidad, principalmente jefaturas de servicio, responsables de área, coordinadores...

El proceso de selección también provocó recelos. Los funcionarios debían superar un examen y una entrevista personal para valorar sus méritos. El Gobierno tripartito era el encargado de elegir los miembros de las comisiones que evaluaban a los aspirantes.

Los sindicatos vieron en esa operación un intento de recolocar a algunos de los cargos de confianza del PNV, EA y EB ante la evidencia de que iban a salir del Gobierno. A la convocatoria se presentaron directores de servicio o departamento, asesores y hasta consejeros de los ejecutivos nacionalistas, que pudieron optar así a subir en el escalafón. Era una oportunidad para acceder a puestos en los que podrían alcanzar retribuciones cercanas a los 60.000 euros anuales, lo que en algunos casos supone hasta 15.000 o 20.000 euros más de lo que hubiesen cobrado si volvieran a sus antiguas plazas, de las que salieron para entrar en los gabinetes de Ibarretxe.

Las centrales LAB, UGT y ELA presentaron una veintena de recursos por diferentes motivos. Los trece de LAB y UGT se resolvieron con mayor celeridad. El Tribunal Superior de Justicia les dio la razón en que debían haberse convocado más vacantes y no únicamente los puestos de responsabilidad destinados a funcionarios de alto nivel. Condenaba a la Administración a «efectuar una ampliación de concurso que incluya las plazas omitidas». El actual Gobierno de Patxi López consideró que cumplir esa decisión judicial era sencillo y en junio decidió abrir un nuevo proceso para cubrir plazas libres.

Futuras oposiciones

Cuando ya parecía que el problema podía entrar en vías de solución, llegó otra sentencia del Tribunal Superior de Justicia en la que resolvía un recurso de ELA. La central nacionalista pedía anular el proceso porque no estaba de acuerdo con la valoración de méritos en las bases generales. Y el tribunal le dio la razón. «En la práctica esa última sentencia supone que se anule todo el proceso», explicaron fuentes del área de Función Pública. Este mismo mes, el Departamento de Justicia y Administración publicaba la orden que anulaba la convocatoria anunciada en junio.

Los cerca de 200 funcionarios afectados por el conflicto laboral continuarán en sus puestos hasta que exista una resolución definitiva. Si finalmente debe repetirse el concurso las consecuencias en el funcionamiento de la Administración pueden ser «graves», reconocieron las mismas fuentes. «Es un problema que hemos heredado del anterior Gobierno de Ibarretxe y puede llegar a obstaculizar la labor del Ejecutivo. Lo queremos solucionar cuanto antes por interés propio», añadieron. En principio, el Gobierno vasco no podría convocar la OPE acordada para el próximo año hasta que no se solucione el litigio.