Buscaban la financiación del PNV

Cuando en mayo de 2003 un grupo de guardias civiles adscritos a la brigada de delitos monetarios se presentó en la sede de la Hacienda foral vizcaína, con una orden de registro y unas cuarenta citaciones para que todos los inspectores de tributos prestasen declaración ante un fiscal, los agentes creyeron estar sobre una trama de financiación encubierta del Partido Nacionalista Vasco. Era la 'operación Arakatu', nombre extraído del programa informático que servía en la Hacienda foral para gestionar los procesos de inspección y que, según sus sospechas, que más tarde serían confirmadas, había sido manipulado de forma irregular.

Unos meses antes, al fiscal Salvador Viadas -adscrito a la Fiscalía Anticorrupción que dirigía Jiménez Villarejo- se le habían puesto los pelos de punta al leer un informe elaborado por un inspector de la Hacienda vizcaína, cuyo eje fundamental era el fraude en el sector del comercio de chatarra. En aquel texto, el inspector J. S. se había despachado a gusto poniendo en tela de juicio la actuación de sus superiores; denunciando que se apartaba a los actuarios de determinados trabajos, cuando los afectados tenían lazos conocidos con el PNV; que se producían rebajas cuando menos discutibles en las sanciones y que, de forma consciente, se dejaban prescribir algunos expedientes. Incluso, ya anunciaba que existía algo raro en el sistema informático que regulaba las inspecciones y que impedía, en la práctica, abrirles expedientes a algunos contribuyentes. Era una copia casi calcada de lo que la esposa de Viadas, la también fiscal Teresa Gálvez, había encontrado en una investigación desarrollada apenas tres años antes en la Agencia Tributaria de Barcelona. Un caso que ha sido juzgado hace tan solo unos meses y que está a la espera de sentencia.