El Gobierno vasco exige tener acceso a los datos fiscales de los contribuyentes

«No queremos crear una superestructura de control, sino impulsar y redoblar esfuerzos con un programa interinstitucional de lucha contra el fraude». Este es el argumento que el Gobierno vasco ha transmitido a las diputaciones para justificar su última petición, más bien una exigencia, en materia fiscal: el Ejecutivo, a través del Órgano de Coordinación Tributaria, quiere tener una conexión informática directa con todas las bases tributarias de las Haciendas forales de Vizcaya, Álava y Guipúzcoa. En síntesis, quiere tener vía libre y sin intermediarios para consultar las declaraciones de impuestos de todos y cada uno de los contribuyentes vascos, tanto personas como empresas. Una información que hasta ahora ha controlado de forma exclusiva las instituciones provinciales.

No existe por el momento una respuesta oficial por parte de las diputaciones -aseguran desde el Gobierno-, pero todo indica que la reclamación no ha sentado nada bien en las respectivas Haciendas. Fuentes de la Administración foral, consultadas por EL CORREO, han indicado que el gabinete de Patxi López «parece querer invadir una competencia, la de la inspección fiscal, que es de las diputaciones».

La petición formal del Ejecutivo tiene, al menos, una nítida base legal. Está sustentada por una ley que elaboró el PNV en 1989 y fue aprobada por el Parlamento de Vitoria -la de Armonización Fiscal- y en cuyo artículo 13 reconoce que «las Diputaciones Forales establecerán los mecanismos oportunos, incluidos los informáticos, para que la información de los contribuyentes esté a disposición del Órgano de Coordinación Tributaria». Al parecer, los gobiernos presididos por José Antonio Ardanza y Juan José Ibarretxe renunciaron a esta posibilidad que les concedía la legislación.

Lucha contra el fraude

En su intervención en el Fórum Europa, el pasado lunes, el lehendakari, Patxi López, incluyó en su discurso un párrafo en el que manifestaba su deseo de «articular, además de los planes de inspección específicos de cada diputación, un plan anual de inspección integral para el conjunto de las diputaciones». Aunque pasó inadvertido, también se refirió a la necesidad de contar con una «interconexión informática en tiempo real de las bases de datos tributarias de las Haciendas forales». Es precisamente para cumplir el objetivo de elaborar planes conjuntos de inspección, también recogido en la Ley de Armonización, para lo que el Gobierno quiere acceder a las bases de datos tributarias.

Hasta ahora, reconocen fuentes de la Administración vasca y de las Haciendas, los planes de inspección -la decisión sobre a quién se le revisa cada año su declaración de impuestos, ante la sospecha de que pueda haber incurrido en algún fraude- eran una potestad unilateral de cada Diputación. El Gobierno vasco cree que, además de ese trabajo individual, la lucha contra el fraude fiscal en Euskadi puede mejorar si el elemento de análisis es una base de datos conjunta -producto de la suma de los datos tributarios de Vizcaya, Álava y Guipúzcoa- y hay planes de inspección que se ejecutan en los tres territorios al mismo tiempo. Incluso, aspiran a elaborar programas de control «pactados con la Agencia Tributaria».

«Nunca se han hecho planes de inspección coordinados entre los tres territorios -señalaba ayer a EL CORREO un experto en la materia- aunque sí ha existido siempre una buena comunicación. Tampoco es habitual que existan reuniones formales de los tres máximos responsables de las inspección tributaria, pero sí quedan a comer de vez en cuando y comparten información». El Departamento de Hacienda del Gobierno vasco, por el contrario, quiere que este trabajo conjunto se desarrolle de una forma más ordenada y con una metodología «pactada entre todas las instituciones».