Almunia avisa a las empresas vascas con ayudas ilegales que «deben devolverlas»

El comisario europeo de Competencia, Joaquín Almunia, y el consejero de Economía y Hacienda del Gobierno vasco, Carlos Aguirre, mantuvieron ayer una reunión en San Sebastián en la que abordaron, entre otras cuestiones, la situación del expediente que mantiene abierto la UE para la recuperación de las ayudas fiscales concedidas a empresas de Euskadi en los años 90 y que fueron declaradas ilegales. El responsable comunitario de la materia lanzó un mensaje muy contundente al recordar que este asunto ha sido «sentenciado» por el Tribunal de Luxemburgo y advertir que las compañías que se beneficiaron de los incentivos «deben devolverlos».

El encuentro se produjo momentos antes de que Almunia participase en la apertura de un curso de verano de la Universidad del País Vasco en la capital guipuzcoana. Las palabras del comisario, que no quiso descender a los detalles del procedimiento que instruyen los funcionarios a sus órdenes, fueron interpretadas como un mensaje de respaldo a las actuaciones que desarrolla la UE en este polémico contencioso, así como un toque de atención a las diputaciones forales. Como ya es conocido, en las haciendas forales existe una evidente preocupación después de que la Comisión Europea se haya mostrado «insatisfecha» con las gestiones que han realizado las haciendas vascas para recuperar las ayudas ilegales y haya endurecido los criterios de aplicación de la normativa de la Unión.

Por su parte, el consejero de Economía y Hacienda señaló que la Comisión Europea «aún debe revisar toda la documentación que las diputaciones acaban de enviar a Bruselas», en la que se contesta a los últimos requerimientos de información. Aguirre se mostró prudente y puntualizó que aún es pronto para conocer cuál será el sentido de la decisión de la UE. «No hay plazos», señaló, pese a que la Diputación de Guipúzcoa ha trasladado a las empresas afectadas que espera el fallo definitivo para mediados de este mes de julio.

El Tribunal de Luxemburgo condenó a las haciendas forales a recuperar las ayudas fiscales concedidas a mediados de los años 90 a un buen número de compañías vascas -no existe una cifra oficial, pero algunas estimaciones sitúan en 300 las firmas beneficiadas-, al concluir que no se ajustaban a las normas comunitarias de la libre competencia.

La Corte de Justicia de la UE, que daba así la razón a la Comisión Europea, aceptó la tesis de que varias deducciones que estuvieron vigentes en el Impuesto de Sociedades vasco -las denominadas 'vacaciones fiscales' y algunas ayudas para nuevas inversiones- no habían sido autorizadas, tampoco eran de aplicación general y, por último, sobrepasaban los límites autorizados para las 'ayudas de Estado'. En su resolución, ordenó a las diputaciones forales que recuperasen el importe de estos impuestos no recaudados. Tampoco existe una evaluación oficial sobre el montante de esos tributos, pero algunos analistas estiman su cuantía en torno a los 500 millones de euros.

Discrepancias

En una comunicación remitida en abril a las diputaciones, Bruselas se mostraba «insatisfecha» con la recuperación de las ayudas. Las haciendas forales habían obligado a las empresas, que aplicaron en su día las deducciones convencidas de su legalidad, a rehacer las declaraciones de impuestos, aunque los sistemas de cálculo aplicados no convencieron a la UE. Además, la Comisión expuso algunas de sus discrepancias. Entre otras, que las compañías que pertenecen a sectores 'sensibles' -como las bodegas de La Rioja alavesa o las siderúrgicas- no pueden recibir ayudas sin autorización previa.