Urkullu certifica el fin de «la España plural» tras el fallo del Estatut

El PNV interpreta el aval parcial del Tribunal Constitucional al Estatut como un auténtico «varapalo» a las aspiraciones de los nacionalismos periféricos, del que extrae además una lección para el futuro, la de que no vale la pena intentar llegar a acuerdos políticos «de calado» con el Estado porque el actual modelo no ofrece garantías de que vayan a respetarse. Varias voces peneuvistas opinaron ayer sobre la esperadísima sentencia, que, en cierta medida, marca el camino a las denominadas 'nacionalidades históricas' al dejar sentada la «indisoluble» unidad de España y despojar de «eficacia jurídica» a la definición de nación. Como era de esperar, en términos negativos.

El más explícito fue el presidente del partido, Iñigo Urkullu, que recurrió una vez más a su blog para arremeter contra el sistema español, que, a su juicio, pide a gritos un cambio en el modelo de Estado y en los «mecanismos de control». «La España plural ya no existe. La ha terminado de enterrar la decisión del Alto Tribunal español», proclamó el líder del PNV, convencido de que el fallo, que declara inconstitucionales 14 de los 223 artículos de la ley orgánica aunque mantiene el grueso de lo refrendado por el electorado catalán, marca la estación término del recorrido «de la pluralidad al centralismo» que, a su juicio, emprendieron los poderes del Estado en 1981, tras el golpe de Estado de Tejero y el posterior intento de armonización del desarrollo autonómico a través de la LOAPA, declarada después en gran parte inconstitucional.

Urkullu no sólo constata la «probada eficacia» con que, según dice, «eso que se denomina Estado» -y que relaciona con los intereses de PSOE y PP, indistintamente- actúa «en beneficio de los partidos constitucionalistas y perjuicio de los nacionalismos y de las nacionalidades de eso que se llamó Estado plurinacional». También desmonta sin contemplaciones el principio de separación de poderes y la propia esencia democrática al denunciar que «diez personas nombradas a dedo por el PSOE y el PP» puedan decidir por las Cortes españolas y el Parlamento catalán y, sobre todo, por los ciudadanos catalanes. Y concluyó su argumento con una demoledora definición de la labor del Tribunal que preside María Emilia Casas: «Han decidido que la democracia en el Estado español tiene un límite. Y ese límite lo imponen ellos y ellas».

Además del fin del Estado plurinacional, la otra gran conclusión de Urkullu -que hace menos de una semana ofreció un pacto de estabilidad a Zapatero a cambio de autogobierno pleno para Euskadi- es que ese «poder superlativo, irrebatible o infalible» de un tribunal que decide «según interés de PSOE y/o PP» elimina cualquier «atisbo de confianza en la palabra dada y en los acuerdos ofrecidos, pactados y firmados por el Gobierno español de turno o por el Parlamento». Aunque los jeltzales no ocultan que explotarán al máximo su privilegiada situación como soporte más probable del presidente del Gobierno, lo cierto es que el líder del EBB descartó que a partir de ahora puedan alcanzarse «acuerdos de calado con el Estado», en referencia, eso sí, a pactos políticos de alcance y no meramente presupuestarios. Para Urkullu, la mejor prueba de sus tesis es la «sensación de victoria» que tanto el PSOE como su rival y recurrente del texto, el PP, han transmitido. «Parecía que los dos han ganado y probablemente sea verdad», remachó.

El plan Ibarretxe

El portavoz jeltzale en el Congreso, Josu Erkoreka, cubrió otro flanco y añadió más conclusiones extraídas de la sentencia que, en todo caso, los jeltzales no ven como una barricada a sus aspiraciones por la «especificidad y las singularidades» del autogobierno vasco. La más importante, la reafirmación de la vía soberanista que el PNV recorrió en su momento con el plan Ibarretxe -cuya inadmisión a trámite en las Cortes Generales también mencionó Urkullu- frente a quienes recomendaban a los jeltzales que siguieran el ejemplo catalán y lograran previamente un consenso amplio en Euskadi para reformar el Estatuto. «No eran creíbles en absoluto» las voces que hablaban de la vía catalana como la más «pragmática, factible y realista», abundó. Y aprovechó para zaherir de paso al PSE y a Patxi López, por comparación con Montilla. «Los socialistas vascos han renunciado definitivamente a su aspiración de reformar el Estatuto vasco plegándose incondicionalmente a las imposiciones del PP», acusó Erkoreka, que recalcó que el Estatut ha quedado «tocado».

La parte más técnica le quedó al parlamentario Emilio Olabarria, que defendió el pleno «valor jurídico» del término 'nación' y criticó duramente que se mantenga la idea de un Poder Judicial «centralizado», lo que a su juicio contraviene la propia Constitución.