Sanidad pagó sobreprecios de hasta el 20% a las empresas de Margüello

A medida que avanza la investigación del 'caso Margüello' cobra más fuerza la existencia de una trama de contrataciones irregulares llevadas a cabo por Osakidetza entre 1997 y 2008. El Tribunal Vasco de Cuentas Públicas (TVCP) confirma en su informe preliminar -ahora en fase de alegaciones- las irregularidades denunciadas por diferentes entidades públicas, cuyos informes ya revelaban el pago de «sobrecostes millonarios y no justificados» en las tarifas abonadas a las empresas en las que tenía intereses el ex jefe de Calidad de Cruces Juan Carlos Margüello. El organismo fiscalizador señala que los servicios prestados por parte del entramado empresarial que ahora se investiga se facturaron «por un importe superior al de las órdenes de tarifas máximas» permitidas por el Departamento de Sanidad, lo que permitió engordar los ingresos de las firmas vinculadas a Margüello en unos 300.000 euros.

El informe preliminar cifra en 33.571.000 euros el valor de los diecinueve contratos sellados entre la consejería y las compañías relacionadas con el ex jefe de Calidad de Cruces y otros dos médicos, Eduardo Climent y Francisco Javier Zubiaga. En la revisión de facturas realizada por el organismo fiscalizador se pone de manifiesto que «aproximadamente un 20% del importe no está soportado por conceptos incluidos en la orden de tarifas, sin que exista una resolución que apruebe los precios abonados». El informe detalla que en 2006 se llegaron a facturar sesiones de rehabilitación por el doble del precio oficialmente establecido, aumento que se tradujo en 88.000 euros de beneficio adicional para la firma.

«Sin informe jurídico»

En el caso de la UTE que constituyeron Gestión XXI, Clínica Indautxu y Rehabilidom los precios se modificaron posteriormente «por un importe superior al de las órdenes de tarifas máximas» pese a que la cantidad exacta figuraba en el contrato. El Tribunal Vasco de Cuentas cifra en 175.000 euros el dinero que se pagó por encima del precio legalmente establecido en los años 2008 y 2009. El organismo fiscalizador, que espera emitir el informe definitivo a mediados del mes de julio después de estudiar las alegaciones que puedan presentar los implicados en el caso, también llama la atención sobre «las modificaciones de precios, por encima de las practicadas al resto de conciertos, sin mediar concurso público». En este sentido, detalla aumentos de hasta el 19,9% en contratos firmados con la empresa Medical Dom «cuando los incrementos generales fueron del 2% ó 3%».

Respecto a las «sucesivas y prolongadas prórrogas de los contratos, así como la práctica de licitar servicios para periodos cortos», el informe señala que en una de las adjudicaciones concedidas a la UTE Gestión XXI, Indautxu y Rehabilidom se aprobaron «dos modificaciones de contrato irregulares» para incorporar nuevos servicios sanitarios «sin que se emitiese el informe jurídico exigido». En este sentido, el Tribunal mantiene que la memoria que debería justificar la decisión «apenas motiva las razones de la ampliación, pese a que el importe del contrato se eleva de 750.000 euros a 3.825.000». El informe también cuestiona la manera en la que se aprobaron las órdenes que fijan las tarifas que se deben aplicar en los conciertos y que debían ser aprobada por el consejero Gabriel Inclán.

Al margen de los sobrecostes pagados por el Departamento de Sanidad a la empresas vinculadas al ex jefe de Calidad de Cruces, el informe también llama la atención sobre la concesión de contratos millonarios de «forma directa» o recurriendo a «procedimientos de urgencia y emergencia», una «tramitación absolutamente excepcional» e «injustificada».