De Miguel rinde cuentas

Sus propiedades inmobiliarias, sus cuentas y préstamos bancarios, sus planes de pensiones... ¿Ha habido enriquecimiento ilícito de Alfredo de Miguel? La declaración de bienes e intereses del ex diputado alavés de Administración Local, imputado por supuesta corrupción, es el documento más buscado entre la clase política alavesa desde que el 17 de marzo estalló el escándalo que ha dejado tambaleando los cimientos del PNV en la provincia. La Diputación, con su máximo responsable -Xabier Agirre- a la cabeza, se ha aferrado a que la normativa vigente señala que estos datos tienen carácter reservado y a la investigación judicial iniciada para negarse a proporcionarla. El PP, el principal partido de la oposición, se ha asentado en la sospecha permanente pidiendo transparencia y exigiendo al diputado general que ponga en práctica su promesa de «bolsillos de cristal».

Los movimientos se han sucedido en las últimas semanas. Mientras el portavoz popular, Javier de Andrés, presentaba su declaración ante los medios, el Ejecutivo foral ya ha tramitado en las Juntas Generales un proyecto de norma foral para levantar ese carácter reservado y que los ciudadanos, a través del Boletín Oficial, conozcan de primera mano el patrimonio de los diputados y altos cargos forales. Respecto a los ex diputados nombrados en los diez últimos años, se les pedirá de forma voluntaria que lo hagan sin tener obligatoriedad alguna para hacerlo. Un hecho que ya ha despertado airadas críticas del PP porque, según su interpretación del texto, quedará sin conocer la declaración del 'ex número tres' de Agirre, que ahora se encuentra en manos del juez y que hoy desvela EL CORREO en exclusiva.

Se trata de las declaraciones presentadas cuando entró al Gobierno foral -verano de 2007- y la elaborada cuando dejó el cargo tras consumarse su imputación el pasado marzo. No hay grandes diferencias, aunque sí se evidencia un incremento del dinero depositado ahora en sus seis cuentas bancarias: cuatro de Ipar Kutxa y dos de la Caja Vital. Si en 2007 contabilizaba 16.863 euros, ahora son 61.820. El motivo de este aumento no es otro que el sueldo recibido durante su mandato -algo menos de 89.000 euros al año- y las suculentas dietas percibidas como vicepresidente segundo de la Vital. Además, en 2009 también vendió por 186.300 euros su primera vivienda familiar, adquirida en septiembre de 2001. Se trata de un apartamento de dos habitaciones situado en el vitoriano barrio de Ariznabarra.

Terrenos en Frúniz

De Miguel está casado en régimen de gananciales con Ainhoa Bilbao, también imputada en la presunta trama por los mismos delitos que él -cohecho, tráfico de influencias y blanqueo de capitales- al ser administradora mancomunada de Kataia Consulting; la empresa que, según las sospechas del fiscal, podría haber servido de vehículo para el cobro de supuestas comisiones ilegales.

El matrimonio, que tiene dos hijos pequeños, cuenta en su haber con dos pisos: uno adquirido en 1992 en Gorliz por la mujer de De Miguel -no estaban casados- y otro en el barrio de Zabalgana, comprado en octubre de 2005 pero escriturado en diciembre de 2006 -es su residencia habitual desde hace más de dos años-. Para su adquisición, la pareja suscribió un préstamo hipotecario de 357.426 euros, de los que quedan por pagar 333.144.

No es el único préstamo hipotecario que tenían. El 1 de septiembre de 2001 fue firmado uno por 110.125 euros para comprar su primera vivienda conjunta en Vitoria, la ya referida de Ariznabarra. Cuando De Miguel llegó a la Diputación a mediados de 2007, todavía estaba en vigor. A su salida, ya está cancelado debido al dinero recibido de la venta de la casa a primeros de 2009 por 186.300 euros -antes de esa operación, la alquiló durante 2008-.

Este dinero, al parecer, también fue utilizado para cancelar el préstamo personal de 28.117 euros que la pareja firmó a mediados de diciembre de 2005 para comprar su único coche, un 'Saab 93 Vector'.

Además del dinero en metálico de las cuentas, el único cambio llamativo en su patrimonio es que ahora es titular de cuatro planes de pensiones. Cuando fue nombrado diputado foral contaba con dos. Los dos nuevos son de la Caja Vital, por lo que es muy probable que se deba a su antigua condición de vicepresidente de la entidad. Los dos que mantiene desde 2007 son con Ipar Kutxa y la EPSV Itzarri. El volumen global del dinero en esos productos no llega a los 13.000 euros.

Por último, el que fuera secretario general del Araba buru batzar (ABB) incluye en su declaración inicial que es copropietario de varias fincas de terreno rústico que suman un total de 10.000 metros cuadrados. Parcelas «urbanizables» -como apostilla- y que ahora, casi cuatro años después de consumarse la compra, se han convertido en una parte esencial del sumario instruido por el titular de instrucción número 4 de Vitoria, Roberto Ramos.

¿El motivo? Que la adquisición se realizó a través de Kataia, consultoría de la que también son socios el ex burukide Aitor Tellería, su mujer, Araceli Bajo, el ex director financiero del parque de Miñano Koldo Otxandiano y su esposa, Iratxe Gaztelu. Estas cuatro personas también están imputadas por la presunta comisión de los mismos tres delitos que De Miguel y Ainhoa Bilbao. En la compra de estos terrenos también participa otra media docena de jeltzales del círculo de amistades del ex diputado, como su ex secretaria en la Diputación, Judith Goirizelaia, heredera de los terrenos junto a sus tíos, primos y hermanos.