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ÓSCAR B. DE OTÁLORA
Lunes, 31 de mayo 2010, 10:51
ETA ha iniciado en las últimas semanas una nueva campaña de extorsión sin precedentes, en una operación que parece traslucir que necesita con urgencia dinero para financiar su estructura. La organización ha remitido una avalancha de cartas de chantaje a empresarios y profesionales liberales, en lo que constituye una de sus mayores ofensivas en ese terreno, según medios policiales. Los expertos de la lucha antiterrorista interpretan ese hecho como un indicio de que las arcas de la banda se encuentran en una situación muy delicada, que le obliga a multiplicar sus exigencias y amenazas para intentar paliar la bancarrota.
Las fuerzas de seguridad se han quedado sorprendidas por la intensidad de la campaña, según las fuentes consultadas por EL CORREO. ETA suele enviar remesas de cartas cada pocos meses, de una forma casi periódica. Sin embargo, la Policía se está encontrando ahora con una oleada de misivas en la que no sólo detectan mensajes a personas ya amenazadas, a quienes se les recuerda que deben pagar, sino también a otros profesionales que los terroristas han incluido por primera vez en su siniestra lista de destinatarios.
En numerosos casos de víctimas que ya habían sido objeto de intentos de extorsión previos, los etarras reclaman cantidades desorbitantes, que llegan hasta los 400.000 euros. Por contra, a los nuevos chantajeados les emplaza a hacer pagos más moderados.
El flujo de cartas ha ido en aumento desde comienzos de este año. En enero, el presidente de la patronal navarra, José Manuel Ayesa, aseguró que los empresarios de esa comunidad llevaban meses sin recibir mensajes para que abonen el denominado 'impuesto revolucionario'. Un mes más tarde, la campaña se reactivó hasta convertirse en un goteo constante, también denunciado por los industriales. El envío masivo se detectó en los primeros días de mayo y desde entonces no ha cesado.
Dificultades de cobro
Según los analistas antiterroristas, el gran problema de la banda es la dificultad para cobrar las sumas que exige. Estas fuentes sostienen que la operación llevada a cabo por la Guardia Civil a finales de abril contra los abogados de la izquierda abertzale radical habrá hecho surgir reticencias a la hora de acudir a determinados canales para efectuar los pagos. Los expertos creen también que someterse al chantaje está directamente ligado a la actividad de los terroristas, por lo que el silencio de la organización y las operaciones policiales de los últimos meses habrán reforzado la voluntad de muchos industriales de no pagar. El último atentado de ETA en España tuvo lugar el 9 de agosto, cuando hizo estallar tres bombas de escasa potencia en locales comerciales de Mallorca. Unos días antes, el 29 de julio, asesinó en la misma isla a los guardias civiles Carlos Sáenz de Tejada y Diego Salva Lezaun.
La propia banda es consciente del efecto que sus ataques causan a la hora de activar el cobro de su extorsión. En un documento incautado en la vivienda de una abogada de la izquierda abertzale, explicaba sus planes para atentar contra los empresarios con el objetivo de aumentar la presión del chantaje. «Existe la necesidad de golpear a los empresarios: llenar el cerdito», subrayaba. Aquella ofensiva se detuvo después de que el Cuerpo Nacional de Policía y las fuerzas de seguridad galas desmantelaran en Francia la mayor red de zulos donde ETA guardaba sus explosivos. De forma paralela, la izquierda abertzale inició su debate en el que afloraron con fuerza las posturas contrarias a la violencia.
En medios policiales se considera que la debilidad de los terroristas es posiblemente mayor de lo que que hasta ahora se creía. Según una serie de documentos localizados en 2004 tras la caída del entonces jefe etarra Mikel Albizu Iriarte, 'Antza', la organización gastaba al año alrededor de 1,2 millones de euros. En esas fechas sus desembolsos ya eran muy superiores a los ingresos, por lo que estaba consumiendo sus reservas.
En sus pérdidas económicas también influyó una pésima gestión de una compra de dólares con fines inversores que la banda intentó llevar a cabo, según la agencia Vasco Press. Esta operación fue un fracaso por la subida de la cotización del euro con respecto a la moneda estadounidense y contribuyó a acelerar los enfrentamientos internos en la cúpula terrorista.
Portugal y Barcelona
En la actualidad, se cree que la organización ilegal podría funcionar con menos dinero, ya que sus estructuras han sido cercenadas y reducidas al mínimo por la presión y los golpes policiales. También es cierto que gran parte de su debilidad se debe a la negativa de los amenazados a pagar el chantaje.
No obstante, las fuerzas de seguridad prefieren no echar las campanas al vuelo y recuerdan que ETA disponía de dinero como para intentar montar una base logística en Portugal, y que con ese fin sus comandos alquilaron viviendas y vehículos. Y no es el único caso. El presunto activista Faustino Marcos llevaba 6.000 euros encima cuando fue detenido en Portbou hace unos meses, de camino a Barcelona, donde pretendía supuestamente alquilar una vivienda y una masía para convertirlos en una fábrica de explosivos.
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