El Tribunal de Cuentas critica la forma en que se contrató a 21 empleados en el Guggenheim

El Tribunal de Cuentas Públicas del País Vasco sigue tirándole de las orejas al museo Guggenheim. En los informes sobre el periodo 1999-2007, realizados a petición del Parlamento de Vitoria y publicados ayer, los auditores critican la forma en que se contrató a 21 personas, una de ellas de manera directa y tres más sin la publicación de anuncios previos, por lo que no han podido probarse los principios de igualdad, mérito y capacidad de los contratados respecto a otros posibles candidatos.

Los informes se refieren a las tres patas o sociedades que sostienen el Guggenheim: la Fundación, encargada del quehacer diario del museo, la Tenedora, propietaria de la colección de obras de arte, y la Inmobiliaria, dedicada a gestionar los edificios del centro artístico, el museo y el almacén. En este último apartado, el Tribunal censura la compra de un terreno por más de un millón de euros en 2007, «sin que conste un análisis de alternativas y sin proceder a la tasación de los suelos adquiridos». El terreno en cuestión se halla en Artea (Vizcaya) y en él se ha edificado el depósito de la colección de obras de arte.

En cuanto a las contrataciones, el órgano fiscalizador ve insuficiente la documentación de la empresa elegida para proponer los candidatos a veinte puestos de trabajo, ya que no hay una justificación adecuada de los méritos de los contratados. De este modo, incide el Tribunal, «no es posible emitir una opinión sobre el cumplimiento de la normativa legal».

Presentación adecuada

En el capítulo de contrataciones de bienes y servicios, también se detectan varias irregularidades. En cinco compras, por un valor total de 1,8 millones de euros, no hay documentos de las empresas adjudicatarias respecto a los contenidos de su oferta. En otros 13 expedientes, adjudicados por un importe de 14 millones, «no hemos podido verificar la correcta aplicación de las tarifas en las distintas facturas», dicen los auditores.

El Tribunal estima que la presentación de cuentas de la Fundación Guggenheim es la adecuada, si bien critica que comprara 3,2 millones de dólares, que ocasionaron 885.000 euros de pérdidas, sin ninguna adquisición a la vista, «por lo que no cubrían ningún riesgo de cambio». En mayo de 2000 se hizo un nuevo contrato al director general, Juan Ignacio Vidarte, en términos similares al anterior , aunque «incrementa sustancialmente las cláusulas indemnizatorias e incorpora dos pólizas, una de responsabilidad civil y un seguro de vida».

En sus alegaciones, el Guggenheim argumenta que hasta 2005 las fundaciones no estaban sujetas a la normativa de la contratación pública. Sus responsables niegan además la mayor, es decir, que el Guggenheim sea una fundación del sector público según la normativa foral y autonómica. Este informe se aprobó con cinco votos particulares, dos en un tono más duro que el empleado en el documento y tres que suavizan sus conclusiones.

En cuanto al documento sobre la Tenedora, como ya adelantó este periódico, el Tribunal cifra en 7,1 millones de euros las pérdidas de la sociedad en los cambios de divisas durante el periodo auditado. El Guggenheim alega que, a partir de 2004, las adquisiciones de dólares se hicieron con vista a las compras de las esculturas de Richard Serra y de los 'Tulipanes' de Jeff Koons, por lo que sí hubo una razón concreta para realizar esas operaciones.