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ANA BARANDIARAN a.barandiaran@diario-elcorreo.com
Sábado, 22 de mayo 2010, 11:59
El Gobierno vasco aún duda sobre cómo afecta a Euskadi el recorte del salario de los funcionarios y demás empleados públicos aprobado el jueves, pero tiene algo muy claro: limitará su impacto al máximo. Sólo «aplicaremos la parte del real decreto que sea de obligado cumplimiento», aseguró ayer a EL CORREO la portavoz y responsable de Función Pública, Idoia Mendia. Eso quiere decir que, si el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero lo permite -ayer todavía nadie había tenido acceso al texto y, de hecho, se piensa que no está redactado-, tan sólo se practicará el ajuste sobre el sueldo base y la antigüedad, partidas que apenas representan un 35% del total. El resto son complementos, que quedarían sin tocar. De esa forma, las reducciones en la nómina no llegarían ni al 2%. La incógnita que queda por resolver es cómo se va a conseguir entonces ese ahorro del 5% prometido por el presidente del Gobierno.
De materializarse estos planes, los más de 70.000 trabajadores que dependen de la Administración vasca -62.500 incluidos en los Presupuestos y 12.000 con contratos laborales para cubrir bajas- saldrían muy beneficiados respecto a sus colegas del Estado. Y eso que ya cuentan con unos salarios superiores en casi todas las categorías, con diferencias cercanas al 20%. Lo mismo se puede trasladar a los cerca de 11.000 funcionarios que trabajan en las tres diputaciones y a los 26.000 de los ayuntamientos.
Todo un gesto para los sindicatos, que sin embargo, ya han convocado no una sino dos huelgas: ELA y LAB protestarán este martes mientras que CC OO y UGT de Euskadi se sumarán al paro nacional del 8 de junio. Habrá que ver hasta qué punto estas movilizaciones afectan a unas relaciones que estaban siendo muy positivas y que habían rendido frutos inesperados como, por ejemplo, el acuerdo sobre la función pública -justamente el asunto que ahora les enfrenta-, que contó con el apoyo del sindicato nacionalista por primera vez en nueve años y que contemplaba un aumento salarial del 0,8% para este año. Está claro que el Gobierno vasco quiere cuidar en la medida de lo posible este diálogo y evitar que se vea demasiado perjudicado por el tijeretazo de Zapatero.
Para entender las intenciones del Ejecutivo de Patxi López, lo mejor es un ejemplo. Si el sueldo base de un funcionario y la antigüedad suman 1.000 euros, los complementos pueden perfectamente llegar a 2.300. Los hay de destino, correspondientes a la categoría y fijados en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma; específicos, referidos a las peculiaridades del puesto de trabajo y establecidos por el organismo público del que dependa el trabajador; y de productividad, que a veces se pagan como un premio al final del año.
Categorías
El sueldo base depende de la formación académica. El máximo es el del Grupo A1, los licenciados, y supone 1.161 euros al mes; y el mínimo corresponde al Grupo E, aquellos con certificado de escolaridad, con 548 euros. A estos números habría que añadir 44 euros por cada trienio en el primer caso y 13 en el segundo. El real decreto aprobado por el Gobierno central establece un recorte progresivo en esta partida: al Grupo A1 se le aplica un 7% de rebaja y la tasa va descendiendo hasta el 0,56% aplicable al Grupo E, el extremo inferior. Para los complementos en las nóminas de la Administración General del Estado plantea una reducción del 5% en todos los casos, salvo en el Grupo E, en el que la limita al 1%, pero, en principio, deja libertad a las comunidades autónomas para seguir su ejemplo o no en este capítulo.
Pues bien, el Ejecutivo vasco está pensando en saltarse esta última parte si no es obligatoria. En consecuencia, sólo actuaría sobre el sueldo base y la antigüedad, es decir, sobre el 35% del salario. De esa forma, incluso en los casos en los que el recorte en ese apartado concreto llegue al 7%, el máximo de la horquilla, la rebaja final en la nómina no llegaría ni siquiera al 2,5%.
Según cálculos del departamento dirigido por Mendia, el recorte para un maestro que cobra unos 36.182 euros brutos al año se quedaría en un 1,4%. Apenas 64 euros mensuales. Otro caso: a un médico de atención primaria con un salario de 41.118 euros, se le reduciría la nómina en un 1,7%. Cabe resaltar que en ninguno de los dos casos se llega al 2%.
La política del Gobierno vasco presenta puntos oscuros. Uno de ellos es que en los complementos es justo donde hay mayores diferencias entre trabajadores y, si no se tocan, se está favoreciendo justo a los que más cobran. De hecho, eso ya sucede a escala nacional, según denunciaron ayer los técnicos de Hacienda. Pero en el caso vasco las desigualdades se exacerbarían.
No obstante, lo más intrigante es cómo va a reducir el Gobierno vasco la masa salarial, ese 5% prometido -equivalente a 205 millones de euros de los 4.100 contemplados en los Presupuestos para 62.000 trabajadores-, si sólo quiere recortar los sueldos en torno al 1,5% -así sólo se obtienen 62 millones-. El Ejecutivo responde que con métodos como la amortización de plazas. A ver si López lo explica mejor en el Parlamento de Vitoria de lo que lo ha hecho Rodríguez Zapatero.
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