Los funcionarios vascos sufrirán un recorte en sus salarios de al menos el 2%

Los funcionarios y el personal laboral ligado al Gobierno vasco, las diputaciones forales y los ayuntamientos de la comunidad autónoma de Euskadi verán recortados sus salarios en al menos un 2%, como media. El real decreto aprobado ayer por el gabinete de José Luis Rodríguez Zapatero será de obligado cumplimiento -así lo concretó la vicepresidenta Elena Salgado- en lo que afecta a las retribuciones básicas: salario base y antigüedad. Para el resto, lo que se conocen como complementos de destino y específicos de cada puesto, las comunidades autónomas tendrán un cierto margen de maniobra, aún por definir.

La medida afecta a algo más de 120.000 trabajadores de la Administración en Euskadi y no tocará la paga extra de junio. De ellos, 62.000 tienen una plaza fija dependiente del Gobierno; otros 12.000 tienen contratos laborales para suplir bajas o vacantes; 25.000 están en las corporaciones locales; 11.000 en las diputaciones de Vizcaya, Álava y Guipúzcoa y una cifra similar presta sus servicios en el País Vasco, pero dependen de alguno de los organismos de la Administración central.

Para los funcionarios vascos, el salario base y la antigüedad, los dos conceptos más directamente ligados al recorte 'obligatorio', suponen menos de la mitad de sus remuneraciones reales: entre el 30% y el 45% del salario bruto, dependiendo de la escala a la que pertenezcan y de su cometido concreto. Esa parte de los salarios se verá recortada en un 2% como media, pero con una fórmula progresiva. Esto es, tendrá más intensidad sobre los salarios más altos y menos sobre los bajos. Se aplicará así una escala con cinco tramos, que van desde el 0,56% para los que menos ganan al 7% para los que más.

Complementos

Existen algunas dudas sobre el impacto que tendrá la rebaja sobre los complementos. Y ello, porque la vicepresidenta para Asuntos Económicos dio a entender que será también «normativa básica» la obligación para comunidades autónomas y ayuntamientos de una rebaja media del 5% en su coste global, aunque podrán distribuirlo de la manera que elijan. Fuentes próximas a la Administración vasca señalaron anoche que, a falta de un estudio más detallado, esta parte se podrá soslayar sin que afecte a las remuneraciones de los funcionarios. El Ejecutivo de Vitoria ya había puesto en marcha desde principios de año un plan de reducción de su masa salarial, con la que pretendía ahorrar un 4% del total mediante la amortización de algunas plazas, la mejora en el absentismo laboral y un control más estricto sobre las sustituciones. Y este ahorro, apuntan, «puede ser suficiente» para cumplir las exigencias del Gobierno central.

Gobierno vasco, diputaciones y ayuntamientos tendrán absoluto margen de maniobra para disponer sobre los salarios de los altos cargos y los parlamentarios. En el caso de la Administración central las rebajas oscilan entre el 8% que se reducirá el sueldo a los directores generales y el 15% asignado a los ministros y al presidente del Gobierno. La misma libertad de movimientos tendrá el gabinete que dirige Patxi López para decidir sobre los emolumentos de los directores de empresas y organismos públicos.

Mantener el buen clima

En numerosas declaraciones, tanto la portavoz y responsable de Función Pública, Idoia Mendia, como el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Aguirre, han reiterado la voluntad del Ejecutivo del PSE de «arrimar el hombro» en la tarea de «recortar el déficit público», para buscar la estabilidad en los mercados financieros. Sin embargo, algunas fuentes apuntan a que varios de los recortes -en especial el que afecta al salario de los funcionarios- no han sido bien acogidos. Desde su acceso al poder, los socialistas habían desarrollado una estrategia de «buen entendimiento» con la 'maquinaria' funcionarial, para evitar tensiones que pusiesen en peligro la tarea de gobierno. En ese marco se inscribió la subida salarial del 0,8% para este año aprobada en los presupuestos generales de la comunidad autónoma y el acuerdo alcanzado con el sindicato ELA en la mesa general de negociación. De ahí que la estrategia que desarrollará el Ejecutivo vasco es la de 'bucear' en los márgenes jurídicos del real decreto para que éste tenga el «menor impacto posible» sobre los funcionarios de Euskadi.