Un ex viceconsejero de Ibarretxe eleva a once los imputados

Tres nuevos imputados. Y ya son once. El levantamiento del secreto del sumario de la presunta trama de corrupción urbanística cometida en 2006 en el parque tecnológico alavés de Miñano y en la que se han visto involucrados ocho personas vinculadas con el PNV alavés, entre ellos el ex diputado foral Alfredo de Miguel o el ex burukide Aitor Tellería, ha salpicado al entonces presidente de la red de parques tecnológicos de Euskadi, Julián Sánchez Alegría, y a la actual directora-técnica, Miren Lourdes Bilbao Larrauri. No sólo eso. El juez también ha imputado al ex viceconsejero de Cultura en las dos últimas legislaturas de Juan José Ibarretxe, Gurutz Larrañaga, un histórico del PNV guipuzcoano que en el Ejecutivo vasco fue la 'mano derecha' de la entonces consejera del ramo, Miren Azkarate.

Tras dos meses de diligencias secretas, el titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Vitoria, Roberto Ramos, decretó ayer la apertura de las investigaciones de un caso que estalló el pasado 17 de marzo con la detención y posterior puesta en libertad con cargos de De Miguel, Tellería, el ex director financiero del complejo empresarial, Koldo Otxandiano, sus esposas (Ainhoa Bilbao, Araceli Bajo e Iratxe Gaztelu), el ex gerente del parque, Alfonso Arriola, y el empresario vizcaíno Jon Iñaki Echaburu. Todos ellos, según la Fiscalía, relacionados con el presunto cobro de comisiones ilegales y blanqueo de dinero en la mayor operación de ampliación de terrenos realizada en Miñano. Un caso, como es sabido, que saltó a los tribunales gracias a una denuncia anónima realizada por una empresaria vinculada con los acusados.

¿Por qué ahora se alarga la lista de imputados? En lo que se refiere a Julián Sánchez, como ya lo adelantó EL CORREO, fue quien plasmó su firma en el contrato suscrito el 13 de noviembre de 2006 entre el parque y Urbanorma Consulting S.L. -creada meses antes por Echaburu junto a la empresaria Ainhoa Alberdi- para que esta firma realizara todas las gestiones de mediación en la compra de nuevos terrenos. Este contrato se adjudicó a dedo -al parecer algo normal en este tipo de sectores- por un importe máximo de 600.000 euros, que se cobrarían en función del cierre de las operaciones. Finalmente, el Gobierno vasco -principal accionista del parque- gastó 471.000 de toda la cantidad reservada.

Sánchez, que ahora trabaja en la empresa privada tras dejar su cargo al llegar el PSE a Ajuria Enea, compartió mesa de trabajo con Miren Bilbao, directora-técnico que sigue trabajando en Miñano y que se encarga, sobre todo, de preparar todos los contratos -pliegos y demás-. Estos dos nuevos imputados, según diversas fuentes jurídicas, coincidieron el pasado miércoles en el Palacio de Justicia de Vitoria con Arriola para prestar declaración ante el juez Ramos.

Dos contratos con Kataia

Caso diferente es el de Gurutz Larrañaga, 'mano derecha' de la consejera de Cultura Miren Azkarate entre 2003 y 2009. A la espera de conocer el contenido completo del sumario, que no se producirá hasta la semana que viene, su principal relación con los imputados se produjo a través de Kataia Consulting, la consultoría creada en 2005 en una sociedad gastronómica de Vitoria por las tres mujeres implicadas en la trama y que recibieron, como adelantó EL CORREO hace un mes, sendos contratos de Cultura en 2007 por un importe inferior a 12.000 euros cada uno de ellos, una cantidad que no obliga a la Administración a convocar un concurso público. A diferencia de los dos nuevos imputados ayer conocidos, el magistrado aún no ha tomado declaración a Larrañaga puesto que se encuentra fuera de España, según confirmaron fuentes jurídicas. Estos dos contratos fueron los únicos que Kataia recibió de los Gobiernos de Ibarretxe, como confirmaron medios oficiales de Lakua.

La apertura del sumario también ha traído consigo una ampliación de los delitos imputados. Si a los hasta ayer ocho inculpados se les atribuían los de cohecho, tráfico de influencias y blanqueo de capitales -que en teoría se harían vía Kataia, que sólo cuenta entre sus propiedades con cuatro fincas recalificables en Frúniz-, la imputación de Sánchez, Bilbao y Larrañaga ha sumado los de prevaricación, malversación de fondos públicos, falsedad documental y alteración de precios en concursos y subastas públicas. Fuentes judiciales matizaron al respecto que no todos los delitos se les achacan a todos los imputados y que, dada la delgada línea jurídica que existe entre uno y otro, es «normal» que se incorpore tal cantidad de delitos.

Un año con grabaciones

Pero el levantamiento del secreto de sumario no significa que el juez haya dado por terminadas sus indagaciones. Ni mucho menos. Además de los once imputados, se les ha tomando declaración a una decena de testigos, la mayoría trabajadores del parque o autónomos que lo hicieron para Kataia, y ha sido recopilada una ingente documentación de entidades públicas y privadas, que sigue siendo analizada por la Unidad de Delitos Económicos de la Ertzaintza.

También existen pruebas sonoras. Como desveló este periódico hace ya mes y medio, la empresaria denunciante presentó ante la Fiscalía una serie de grabaciones que se referían a un pago de 100.000 euros. Grabaciones, por cierto, que fueron realizadas a finales de 2008 y que no fueron puestas a disposición del Ministerio Público hasta un año después, hecho que desembocó en la actual investigación.