Euskadi todavía no sabe qué hará

«Hay que estudiarlo». Esta es la frase común denominador de todos los departamentos del Gobierno vasco que fueron consultados ayer por este periódico sobre el alcance de las medidas de recorte anunciadas por José Luis Rodríguez Zapatero, su incidencia directa en el Presupuesto de la comunidad y, más importante todavía, sobre los salarios de los 62.000 funcionarios y trabajadores que dependen de él. Además de este colectivo, en Euskadi hay 25.000 empleados de los ayuntamientos, 11.000 al servicio de las diputaciones y una cifra similar de vinculados a organismos de la Administración central.

El Ejecutivo vasco se mueve entre la convicción de que «hay que arrimar el hombro» en el empeño de sanear la imagen financiera del país, como reconoció ayer el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Aguirre, y la prudencia de hacerlo de forma moderada para evitar una 'luxación'. Aguirre se mostró comprensivo con el ajuste esbozado por el presidente del Gobierno central y calificó como «lógicas» las medidas que se propone aplicar. «Era irremediable -dijo- tocar el gasto de personal. Poco más quedaba por hacer después de las restricciones aplicadas en los últimos meses. La nómina del Estado es de 120.000 millones de euros y sin modificarla era difícil bajar el déficit», explicó.

Falta de definición

Los servicios jurídicos del Gobierno de Vitoria se movían ayer en la indefinición al no conocer el texto exacto y las características formales del decreto que aprobará el Consejo de Ministros. «En principio -apuntaron fuentes de la Administración vasca-, si lo que se elabora es un real decreto, que debe ser posteriormente convalidado por el Parlamento y que modifica la Ley de Presupuestos Generales del Estado, puede ser de aplicación obligatoria el contenido relativo al recorte de la remuneración de los funcionarios». Sin embargo, apuntaron las mismas fuentes, «habrá que esperar al detalle, ya que esto sería así en lo que hace referencia a los conceptos básicos de remuneración, pero no en determinados complementos que cobran los funcionarios». «Todavía no sabemos la repercusión en Euskadi -dijo el consejero de Economía-. Hablar de bajar el sueldo de los funcionarios un 5% es poco decir y hay que ver qué significa, sobre qué masa salarial se aplica y cuál ha sido el esfuerzo anterior realizado por las administraciones en el pasado en contención salarial».

El Ejecutivo de Patxi López quiere esperar, además, hasta conocer cuáles son los criterios que se aplicarán en el reparto de esfuerzo de ahorro entre las comunidades autónomas. En esta línea, el Gabinete está dispuesto a mantener una cerrada defensa de «las mejores condiciones que presentan las cuentas vascas, con un menor endeudamiento y menos déficit que la mayoría», para intentar que el ajuste de los presupuestos vascos sea «el menor posible». En esta línea, desde el Departamento de Justicia y Función Pública, su titular, Idoia Mendia, pidió «tranquilidad» a los funcionarios vascos e insistió en que el Gobierno lleva mucho tiempo trabajando en la adopción de medidas que conduzcan a un recorte del gasto en personal. Así, recordó el compromiso de reducir el absentismo laboral y la cobertura parcial de las plazas que queden vacantes en algunas actividades.

Con el mismo mensaje de indefinición se manifestaron ayer los portavoces de la Asociación de Municipios Vascos (Eudel), que señalaron que aún no tienen toda la información necesaria para evaluar el impacto en la Administración local.

Situaciones diferentes

Desde la Diputación de Vizcaya se lanzó un mensaje similar, al tiempo que se hacía hincapié en que el Ejecutivo foral ya ha hecho este año un esfuerzo de contención salarial al aumentar la retribución de los funcionarios un 0,3%, frente al convenio firmado con las centrales que recogía un aumento del 1,8%. Incluso, el sindicato ELA ha convocado para el próximo día 27 un paro de dos horas entre los funcionarios de la Diputación vizcaína en protesta por el incumplimiento de ese acuerdo.

Por su parte, el portavoz de la Diputación foral de Guipúzcoa, Eneko Goia, insistió en la idea de que para valorar la aplicación de las medidas de recorte «habrá que tener en cuenta la situación de las cuentas públicas. Ni el punto de partida ni nuestro déficit son iguales a los del Gobierno de Zapatero». Álava también prefirió esperar antes de posicionarse.