El Gobierno vasco remite a la Fiscalía el contrato con una empresa de Margüello

El 'caso Margüello' se resolverá en los tribunales. El Gobierno vasco ha remitido a la Fiscalía las actuaciones administrativas relativas a la autorización de funcionamiento concedida por la anterior dirección territorial de Vizcaya a la empresa Gestión de Servicios Sanitarios XXI, de la que era socio el ex director de Calidad del hospital de Cruces. La decisión de trasladar el expediente al ministerio fiscal fue adoptada el martes después de que el segundo informe encargado por Sanidad para investigar la presunta trama de contrataciones irregulares realizadas por Osakidetza durante la etapa de Gabriel Inclán observase indicios de «prevaricación» en los contratos firmados por la institución dirigida por José Ramón Elorriaga y la empresa participada por Margüello.

La investigación administrativa encargada por el consejero constataba que la anterior dirección territorial de Vizcaya autorizó en junio de 2006 la concesión de contratos a la compañía Gestión de Servicios Sanitarios XXI al «margen de todos los procedimientos establecidos». Se da la circunstancia de que el ex jefe de Calidad de Cruces era socio de la unión temporal de esta empresa con la Clínica Indautxu y Rehabilidom, creada para atender a los pacientes derivados de las listas de espera de la red pública.

Las conclusiones del informe jurídico realizado por la consejería determinaron que la concertación realizada con Gestión de Servicios Sanitarios XXI -que pasó de cobrar 212.000 euros a 2,7 millones de un año para otro por el mismo trabajo- suponía «la infracción del decreto en el que se regula la autorización de centros, servicios y establecimientos sanitarios, dado que se prescinde total y absolutamente del procedimiento establecido». Es más, insistía en que «no se trata de cualquier incumplimiento de las normas procedimentales sino de su omisión por entero» al no apreciarse «la existencia de eslabones o pasos formales imprescindibles».

La autorización sanitaria de funcionamiento se concedió el mismo día que se solicitó -el 9 de junio de 2006-, a pesar de que los gestores de la empresa presentaron «la documentación incompleta». La investigación también reveló que «no consta que se hiciesen las comprobaciones necesarias para determinar si la empresa reunía las condiciones necesarias para conseguir el permiso». De hecho, la autorización se produjo un mes después de que la dirección territorial resolviese que la actividad realizada por la compañía «no estaba sujeta al permiso sanitario de funcionamiento, pues su objeto se circunscribía al ámbito de la intermediación con proveedores sanitarios sin tener en cuenta el procedimiento legal vigente».

Respaldo del PNV

El informe aprobado en el último consejo de Gobierno también ha constatado que la empresa «no figura en la relación de centros, servicios y establecimientos con autorización sanitaria», mientras que la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi declaró el pasado 10 de marzo «nula de pleno derecho» la resolución del 9 de junio de 2006 al entender que se había dictado «prescindiendo del procedimiento legalmente establecido».

El PNV expresó ayer su «satisfacción» por la decisión del Gobierno vasco «de poner en manos de la Fiscalía la investigación de la autorización concedida a una empresa sanitaria» tras denunciar «la falta de rigor y de responsabilidad» del Ejecutivo «en la tramitación del expediente abierto por las presuntas irregularidades». Los jeltzales esperan que «este paso contribuya a aclarar definitivamente los hechos y se ponga fin a la situación de absoluta indefensión a la que se han visto sometidas una serie de personas».